APUNTES DE

DERECHO CONSTITUCIONAL

 

LIC. CLAUDIA ELISABETH GALLO SÁNCHEZ

 

 

INTRODUCCIÓN

 


       

Para el correcto desarrollo de una sociedad se necesitan reglas, no importando su posición económica o  geográfica; estas reglas nos han sido legadas por los grandes tratadistas y juristas de la historia.

 

         Dentro de los legado encontramos las Constituciones, que si bien México económicamente esta catalogado como un país de tercer mundo, nuestra constitución no lo es, pues ella misma y sus normas, son de las más modernas, completas y humanistas del mundo.

 

         Siendo nuestra Constitución como lo mencione antes moderna, hay ciertas materias que con el crecimiento y evolución constante  de la sociedad mexicana se han convertido en temas de mayor importancia, como son la democracia y las instituciones creadas para mantenerla.

 

         En las últimas reformas constitucionales (1994 y 1996) en los sexenios de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, se implementaron organismos, como son el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  así como reformas a las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su sistema administrativo  y sus tribunales, a fin de complementar el Control Constitucional mexicano, materia de este análisis.

 

En los presente apuntes titulados “EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PROS Y CONTRAS PARA SU IMPLANTACIÓN EN MÉXICO”, se trata de analizar el modelo de control constitucional mexicano, tomando como referencia  algunos de los antecedente históricos nacionales y de los antecedentes importantes  de los modelos  internacionales; para tomando en cuenta la realidad nacional, los problemas actuales, concluir con las aportaciones derivadas del análisis realizado.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I

Antecedentes Históricos Constitucionales

 

 


Durante milenios el poder no era un acto de humanos sino de una representación divina o una divinidad.

 

A partir de Constantino, el absolutismo, implantado durante la dominación Romana, adquiere pleno auge al amparo del concepto de la monarquía de derecho divino. Se instituye una teocracia, al estilo oriental, en la cual el monarca es un rey- sacerdote, cuyo gobierno viene a ser la contrapartida terrenal de la soberanía del verbo divino. Toda potestad  reside en el emperador y de el dimana.[1]

 

Con los antecedentes  expuestos no es difícil pensar que en algún momento de la historia el hombre se revelara y buscara garantizar sus derechos como hombre y ciudadano tal fue el caso de Inglaterra a  principios del siglo XIII, los barones ingleses obligaron al rey Juan sin Tierra a firmar el documento político de los derechos y libertades en Inglaterra. Me refiero a la Carta Magna en cuyos artículos se enumeran las garantías prometidas a la Iglesia, a los barones, a los hombres libres y a la comunidad. 

 

La autoridad del monarca se fue paulatinamente restringiendo y el parlamento iba concentrando mayores facultades de gobierno, pero no faltaron los sucesos políticos a través de los cuales el rey cometía verdaderos desmanes en detrimento de sus gobernados; esta situación de facto originó  diversas protestas de carácter pacífico que se elevaron ante los soberanos arbitrarios y entre ellas ocupa un lugar destacado en la historia jurídica de Inglaterra la famosa Petition of rights, redactada por sir Edward Coke.

 

El despotismo y la autocracia siguieron imperando principalmente en Francia, cuyo régimen gubernamental se cimentaba en un sistema teocrático, puesto que se consideraba que la autoridad monárquica tenía su origen y fundamento en la voluntad divina, por lo que se reputaba a aquello como absoluta, sin ninguna limitación en su ejercicio.

 

Ante esta triste realidad, surgen en Francia importantísimas corrientes políticas en el  siglo XVIII, las cuales pretendían proponer medidas y reformas para acabar con el régimen absolutista, pugnando por el establecimiento de sistemas o formas de gobierno más pertinentes y adecuadas para conjurar el mal público.

 

Como resultado de estas corrientes los días 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de agosto y 1 de octubre de 1789, se redacta la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

 

Los representantes del pueblo Francés, constituidos en asamblea Nacional, comprendiendo que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son la sola causa de la infelicidad pública y de la corrupción del Gobierno, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los actos del poder legislativo y el poder ejecutivo, pudiendo en todo instante ser comparados con el objeto de toda institución política, sean mayormente respetados, y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los  siguientes derechos del hombre y del ciudadano.”[2]

 

Dicha declaración consiste en 17 artículos, los cuales son el antecedente directo de las garantías contenidas en las constituciones modernas, yo sólo tomo tres de sus artículos que son base importante para el desarrollo y mejor entendimiento de este trabajo.

 

Art. 2°. El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

 

Art. 3°. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación.

 

Art. 16°. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución.

 

Por su parte Voltaire, proponía una monarquía ilustrada y tolerante, proclama la igualdad de todos los hombres respecto a los derechos naturales de libertad, propiedad y protección legal.

 

La teoría de Montesquieu, cuya finalidad fundamental tiende a elaborar un sistema de gobierno que garantizara la legalidad y  descartara la arbitrariedad o despotismo de las autoridades, habiendo formulado para ello su famosa teoría de la división de los poderes, dotando a cada uno de éstos de atribuciones específicas y distintas de las que correspondiesen a los otros, para el efecto  de que imperase un régimen de frenos y contrapesos recíprocos.

 

Quien sin duda ejerció mayor influencia en las tesis jurídico- políticas llevada a la práctica por la Revolución Francesa, fue Rousseau con su famosa teoría del Contrato Social; afirmaba que el hombre en un principio vivía en estado de naturaleza, es decir, que su actividad no estaba limitada por ninguna norma, que desplegaba su libertad sin obstáculo alguno. Los hombres según Rousseau, concertaron un pacto de convivencia, estableciendo de esta manera la sociedad civil, limitándose ellos mismos su propia actividad particular y restringiendo en esta forma sus derechos naturales.

 

A diferencia de Inglaterra, en donde el constitucionalismo surge paulatinamente y sucesivamente merced a distintos hechos históricos, en Francia, de manera súbita y repentina, se destruye el régimen monárquico absolutista, y se implanta uno nuevo, democrático, individualista y republicano.

 

Antes de poder pasar a los antecedentes nacionales debemos hablar de los Americanos y Españoles, siendo estos los que dieron la pauta a todo lo acontecido en México.

 

En el territorio que ahora conocemos como Estados Unidos de América se asentaron 13 colonias inglesas las cuales desde su origen gozaron de  libertad e independencia entre sí, pero al mismo tiempo subordinadas al soberano inglés.

 

El federalismo nació y se desarrollo hasta la consumación de la independencia por virtud del juego de estas dos fuerzas aparentemente desarticuladas, como era la independencia entre sí de las colonias y su dependencia de la colonia inglesa. Para debilitar esta última fue necesario debilitar aquélla. En otros términos: las colonias se vieron en el caso de unirse y de fortalecer su unión a fin de presentar un frente común y vigoroso en su lucha contra Inglaterra.

 

Las colonias utilizaron el viejo instrumento que había servido para fabricar el constitucionalismo inglés, consistente en hacerse representar en la recaudación y en la aplicación de los fondos públicos, táctica que por sí sola era suficiente para conducir a la autonomía, ya que del erario depende el gobierno.

 

Mucho antes de que empezara la guerra se reunió en Albany, en el año de 1754, un congreso de representantes de las asambleas de siete colonias. Allí se presentó y adoptó el llamado Plan de  Unión de Albany, del que fue autor Benjamín Franklin, primero y original programa de gobierno federal y punto de partida de todas las elaboraciones posteriores. Se confiaban los asuntos de interés común aun organismo central, integrado por un presidente que designaría la Corona y un Gran Consejo elegido cada tres años por las asambleas coloniales; los asuntos de carácter local corresponderían a las colonias. Sin embargo este plan no fue aceptado por las asambleas coloniales, por que consideraron que no debían ceder en ninguna forma la facultad de fijar impuestos y tarifas, que el plan otorgaba al órgano central.

Por iniciativa de Massachussets se reunió el primer congreso ínter colonial que censuro la ley del timbre impuesto por Inglaterra.

Cuando Inglaterra pretendió castigar a la colonia de Massachussets, las demás colonias hicieron causa común con ésta y se reunieron en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774, los 12 delegados formaron el Congreso Continental.

 

Las arbitrariedades que las colonias atribuían al Parlamento inglés y que escapaban a todo control constitucional, puesto que la Constitución flexible estaba a merced del parlamento, hicieron pensar en la necesidad de una Constitución fija, colocada por encima de todo los poderes; Inclusive del legislativo, los limitaba a todos. “En virtud de que la autoridad del poder legislativo supremo deriva de la Constitución –afirmaba Massachussets— no cabe admitir que aquel poder se desprenda de los lazos de ésta sin destruir sus propios cimientos.” De aquí se hacía derivar la nulidad de los actos que traspasan la autorización constitucional, con lo que se llegaba a la primera y capital idea de la supremacía de la Constitución rígida.

 

Minada de ese modo la soberanía del Parlamento inglés los norteamericanos dedujeron la consecuencia de que podían coexistir dentro de una misma organización constitucional dos o más legislaturas, coextensas y coordinadas entre sí, con competencia distinta y suficiente cada una, ligadas todas por la constitución, lo cual era el federalismo.

         “Todos los distintos miembros del imperio inglés --decía Wilson— son estados diferentes, independientes unos de otros, pero relacionados entre sí por la misma soberanía dimanante de la misma Corona.”

        

         El segundo Congreso continental se reunió en la misma ciudad de Filadelfia el 10 de mayo de 1775, formuló la declaración de independencia de 4 de julio de 1776 y llevó a cabo la guerra con Inglaterra.

 

         En cuanto a su aportación al sistema federal, cabe señalar la orientación que dio a las colonias para convertirse en Estados independientes y la alianza en confederación que logró de las mismas.

        

         En julio de 1776 se presentó ante el Congreso Continental  un proyecto de Artículos de la Confederación y Unión perpetua. Largamente discutido por el Congreso no se aprobó hasta noviembre de 1777 y previa la ratificación de los estados, entró en vigor en 1781. Los estados conservaban su soberanía, pero buen número de atribuciones (relaciones exteriores, sostenimiento de fuerzas armadas, regulación de la moneda, pesas y medidas, correos, etc.) se otorgaban al Congreso en el que cada estado gozaba de un solo voto. Para el éxito del sistema faltaba que el Congreso tuviera el control de las contribuciones, que existieran como poderes federales el ejecutivo y el judicial y que el desacato por los estados a las disposiciones federales contara con suficiente sanción. Pronto se esbozaron dentro de la asamblea dos tendencias principales: la de los estados grandes y la de los estados pequeños. Los primeros presentaron, tan luego como se iniciaron las deliberaciones, el plan llamado Virginia, por el que se proponía la creación de un poder nacional con sus tres ramas clásicas, de las cuales la legislativa estaría dividida en dos cuerpos, designados sus miembros proporcionalmente a la población y con facultades para legislar en todo lo que  quedara fuera de la competencia de los estados. Para el serio problema de la observancia del derecho federal por parte de los estados, se proponía el juramento de oficio, la no aceptación de las leyes contrarias a las federales y la coacción directa sobre los Estados remisos.

        

Los estados pequeños exhibieron un contraproyecto, llamado el plan de New Jersey, donde se adoptaba de la confederación en sistema de cámara única, con representación igual para todos los estados, y se establecía la coacción armada para imponer el derecho federal. Sin embargo, el plan de New Jersey contenía un artículo que iba a ser la piedra angular del sistema, al instituir la supremacía del derecho federal expedido de acuerdo con la constitución, la nulidad de las leyes de los estados que se le opusieran y la competencia de los tribunales para declarar dicha nulidad.

 

         El plan Virginia no era aceptado por los estados pequeños, por que la representación proporcional al número de habitantes daría a los estados grandes mayor número de votos. El plan de New Jersey era rechazado a su vez por los estados grandes, ya que, al contar con voto igual cada estado, el mayor número de estados pequeños dispondrían de la suerte de los grandes. Un tercer plan, que formuló una comisión integrada por un miembro de cada estado, acertó con una solución feliz que conciliaba los intereses de ambos grupos y que, aceptada por la asamblea, iba con el tiempo a ser elemento característico del sistema federal. El tercer plan, conocido como transacción de Connecticut, recogió del plan de Virginia la representación proporcional al número de habitantes, pero únicamente para la cámara de representantes, a la que incumbiría por otra parte como materia exclusiva la financiera; acogió en cambio, del plan de New Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra cámara, el Senado. De este modo nació un bicamarismo propio del sistema federal, en el que una Cámara representaba directamente al pueblo y la otra a las entidades federativas. Como complemento del sistema, en la revisión de la Constitución tendrían que intervenir, además del congreso, las legislaturas de los estados o convenciones de los mismos.

 

         Así fue como la asamblea de Filadelfia, con sentido práctico e intuición política, salvó la pugna entre lo regional y lo nacional. La novedad del sistema consistió en que un gobierno nacional, ejercido directamente sobre los súbditos y no por mediación de los estados, desplazaba dentro de su propia esfera limitada, a la autoridad de éstos; pero al mismo tiempo los estados conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno nacional por la constitución, la cual de esta suerte señoreaba y unificaba a los dos órdenes.

 

No fue hasta el siglo XIX cuando el constitucionalismo norteamericano termino por definir la formulación del control jurisdiccional de las leyes y su obligada conformidad con los parámetros recogidos en el texto de la Constitución, salvo pena de nulidad radical. En este proceso, que culminará con la conocida sentencia del juez Marsahall (Marbury versus Madison). El primer paso se produce como consecuencia del enfrentamiento entre el derecho colonial británico, que se quería imponer desde la metrópoli, y las colonias norteamericanas, que invocaban su derecho de residencia basado en la legitimidad que les conferían las leyes de Dios y de la Naturaleza.

 

Uno de los fueros que más significación tiene para la antecedencia hispánica de algunas de nuestras garantías individuales, es sin duda el Privilegio General que en el reino de Aragón expidió don Pedro III en el año de 1348, estatuto que ya consagraba derechos fundamentales a favor del gobernado oponibles a las arbitrariedades del poder público en lo que concierne a la libertad personal.

 

El régimen jurídico-político de la Nueva España experimento un cambio radical con la expedición de la Constitución de Cádiz de 1812, confeccionada, sin  lugar a dudas, bajo la influencia de las corrientes ideológicas que dejaron un sello preceptivo indeleble en la declaración francesa de 1789. Fue así como en la primera carta constitucional española propiamente dicha, se consagraron los principios torales sobre los que se levantó el edificio del constitucionalismo moderno, tales como el de soberanía popular, el de división o separación de los poderes y el de limitación normativa de la actuación de las autoridades estatales.      

Por tanto, en virtud de la constitución de 1812, España deja de ser un estado absolutista para convertirse en una monarquía constitucional; al rey se le despoja del carácter soberano ungido por la voluntad divina, para considerarlo como mero depositario del poder estatal cuyo titular es el pueblo, reduciendo su potestad gubernativa a las funciones administrativas y diferenciando claramente éstas de las legislativas y jurisdiccionales, que se confiaron a las Cortes y a los tribunales, respectivamente.

 

         Esta transformación política repercutió evidentemente en la Colonia, pues la Nueva España devino una entidad integrante del nuevo estado monárquico constitucional, regido por los principios fundamentales ya enunciados. Suele afirmarse, y no sin razón, que la Constitución española de 1812, acogida con júbilo por los grupos políticos avanzados de la época, fue el documento que originó una de las tendencias ideológicas que se desarrollaron durante las postrimerías de la colonia y que iba a disputar a la corriente absolutista representada por Iturbide, la estructuración jurídico-constitucional del México Independiente.

 

         Al  consumarse la independencia en 1821, no eran varios estados los que surgían a la vida independiente, sino un estado unitario, que correspondía al antiguo virreinato. Los diputados al primer Constituyente reunido en 1822 no representaban a entidades autónomas; ni siquiera las entidades de la América Central, que no habían pertenecido a Nueva España, mandaron a sus representantes para celebrar un pacto con las provincias del virreinato, sino que previamente se declararon unidas al nuevo estado unitario y después enviaron a sus representantes al Congreso.

 

         Disuelto por Iturbide el primer Constituyente, estalló la rebelión de Casa Mata, encabezada por Santa Anna. Fue entonces cuando se agitó la opinión pública por los jefes rebeldes, despertando la ambición de las diputaciones provinciales, creadas  por la Constitución celosamente centralista de Cádiz, para ejecutar las medidas administrativas del gobierno central y que hasta entonces no habían tenido manifestaciones de vida.

 

         A la caída del imperio, y reinstalado el Constituyente, algunas de las provincias exigieron imperiosamente la implantación del sistema federal, amenazando con la segregación. El 12 de junio de 1823 el congreso emitió lo que se llama en nuestra historia constitucional con el nombre de  “voto del Congreso”, por el cual, para calmar a las provincias rebeldes, se declaró que “el gobierno puede decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federal, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo congreso que constituya la nación”. En efecto, desde el 21 de mayo de ese mismo año, el congreso había resuelto convocar a un segundo Constituyente para que expidiera la Constitución que el primero no había podido formular. Cinco días después del voto del Congreso, éste expidió la convocatoria para las elecciones del nuevo Congreso, y en ella se enumeraban veintitrés provincias, que serían las que eligieran a sus representantes.

 

         El historiador Miguel S. Macedo, estima que en virtud de esa ley de convocatoria nacieron los estados de la federación mexicana, puesto que, establecido el sistema federal por el voto del congreso, los estados tuvieron vida propia al enumerarlos una ley posterior.[3]

 

         El segundo congreso constituyente inició sus labores el 5 de noviembre de 1823 y pocos meses después, el 31 de enero de 1824, expidió el Acta Constitutiva, cuyo artículo 5 estableció la forma federal, el 6 señalo  que la federación se integraba por “Estados Independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior” y el 7 enumeró los estados de la federación.

 

         Fue el Acta Constitutiva el documento que consignó la primera decisión genuinamente constituyente del pueblo mexicano, y en ella aparecieron por primera vez, de hecho y de derecho, los estados.

 

La Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 se comenzó a discutir el 1 de abril y se firmó el 4 de octubre de 1824. El artículo 4 indicó que México adoptaba el sistema federal.

 

Esta constitución tuvo vigencia hasta finales del año de 1835, en que el congreso federal se declaró investido de poderes constituyentes y cambio la forma de gobierno unitaria. Sin embargo, la constitución centralista de 1836 conservó aspectos de descentralización política, como fueron las juntas departamentales, órganos legislativos del departamento, y entre sus funciones se encontraba la de nombrar al presidente de la república de la terna que les enviaba la cámara de diputados central.

 

El estado mexicano naciente en la nueva etapa consta de cuatro elementos básicos:

1.     Un grupo social establemente asentado en un territorio determinado, cuya unidad se funda en datos anteriores a la específica vinculación política que el estado representa.

2.     Un orden jurídico unitario, cuya unidad resulta de un derecho fundamental (Constitución) que contiene el equilibrio  y los principios del orden, y cuya actuación está servida por un cuerpo de funcionarios.

3.     Un poder jurídico, autónomo, centralizado y territorialmente determinado. Este poder se define como independiente hacia el exterior y como  irresistible en el interior.

4.     El orden y el poder que lo garantiza tienden a realizar el bien común público.

A partir de 1824 el estado mexicano reúne los elementos que anteriormente hemos citado.

 

Al formarse nuestro estado federal se partía de la realidad social que venía de la colonia. No hubo ruptura, sino continuación y superación, con la diferencia esencial de un nuevo poder soberano.

 

La organización política naciente, tenía que ajustarse a las nuevas ideas económicas liberales, como la libertad de comercio y la reorganización del apartado administrativo. De este modo se inicia la evolución del nuevo estado mexicano, en algunos de sus aspectos impreciso, indeterminado, y aún en andamios para ajustarlo a la naciente realidad política, económica y social del México, que sustituía a la Nueva España.

 

Proceso que se irá paulatinamente tratando a través de todas las circunstancias históricas, que median a partir de 1824, y los nuevos bloques de poder hegemónicos que se van integrando, no siempre seguros y a veces inestables. En esto destaca la importante función de los mitos y el pensamiento mítico de las comunidades contemporáneas y es capital el papel de ciertos mitos en los movimientos y reformas sociales.

 

La relación del estado con los grupos de población, permanecía en unos casos los mismos, indígenas, campesinos; en otros comenzaron a manifestarse las nuevas relaciones, en grupos minoritarios y otros emanados del orden constitucional. Es manifiesta la hostilidad para el régimen colonial, odio y expulsión de españoles, cierre de comercios; y sobre todo en contra de los propietarios, comerciantes, terratenientes españoles.

 

La Constitución centralista de 1836 es hija de un congreso que, no obstante que emanó de la constitución de 1824, se erigió en “constituyente” violando con todo descaro el ordenamiento que le dio vida jurídica. De aquí salieron las llamadas, Siete Leyes, que formaron la primera constitución centralista del país, y que, del año de 1836 al de 1841, habían de ser el estatuto fundamental de nuestra organización política.

 

La implantación del régimen central fue la causa, o al menos el pretexto, para que Texas exigiera su independencia. Por su parte, Yucatán, molesto porque el centralismo lo degradó al convertirlo en un simple departamento, opta por separarse de la República Mexicana.

 

La situación del régimen federal por el régimen central que operó el documento constitucional a que nos referimos, originó que Yucatán reasumiera su soberanía convirtiéndose en auténtico “estado libre y soberano”. Al organizarse jurídica y políticamente  con este carácter, su asamblea constituyente expidió la famosa Constitución de 1840, obra primordialmente del ilustre don Manuel Crescencio Rejón, en la que este patricio plasma su ideario sobre las trascendentales funciones del poder judicial dentro de un régimen de derecho en el que impere el principio de supremacía constitucional. De ese ideario brotó la concepción del juicio de amparo que se instituye en la mencionada ley fundamental Yucateca[4].

 

El preámbulo de la Constitución centralista de 1836:

 

En el nombre de Dios todo poderoso, trino y uno, por quien los hombres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman; los representantes de la Nación mexicana, de legados por ella para constituirla del modo que entiendan ser m{as conducente a su felicidad, reunidos al efecto, en Congreso General, han venido en decretar y decretan las siguientes: Leyes constitucionales.[5]

 

En su segunda parte refiere la organización de un supremo poder conservador, de dicho capítulo transcribiré algunos artículos que creo importantes.

 

Artículo 11. Para ser miembro del supremo poder conservador se requiere:

I.                            Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano.

II.                         Tener el día de la elección cuarenta años cumplidos, de edad, y un capital (físico o moral) que le produzca por lo menos tres mil pesos de renta anual.

III.                      Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: presidente o vicepresidente de la República, senador, diputado, secretario del despacho, magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

 

Artículo 12. Las atribuciones de este supremo poder, son las siguientes:

I.                   Declarar  la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su sanción, cuando  sean contrarios a artículo expreso de la Constitución, y le exijan dicha declaración, o el supremo poder ejecutivo, o la alta corte de justicia, o parte de los miembros del poder legislativo, en representación que firmen dieciocho por lo menos.

II.                Declarar, excitado por el poder legislativo o por la suprema corte de justicia, la nulidad de los actos del poder ejecutivo, cuando sean contrarios a la constitución o a las leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades respectivas.

III.             Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la suprema corte de justicia, excitando por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades.

IV.              Declarar, por excitación del congreso general, la incapacidad física o moral del presidente de la República, cuando le sobrevenga.

V.                 Suspender a la alta corte de justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el orden público.

VI.              Suspender hasta por dos meses (a lo más) las sesiones del congreso general, o resolver se llame a ellas a los suplentes, por igual término, cuando convenga al bien público, y lo excite para ello el supremo poder ejecutivo.

VII.           Restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres poderes, o a los tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamente.

VIII.        Declarar, excitado por el poder legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros poderes, cuál es la voluntad de la nación, en cualquier caso extraordinario en que sea conveniente conocerla.

IX.              Declarar, excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo está el presidente de la República en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la nación.

X.                 Dar o negar la sanción a las reformas de constitución que acordare el congreso, previas las iniciativas, y en el modo y forma que establece la ley constitucional respectiva.

XI.              Calificar las elecciones de senadores.

XII.           Nombrar, el día 1° de cada año, dieciocho letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, para juzgar a los ministros de la alta corte de justicia y de la marcial, en el caso y previos los requisitos constitucionales para esas causas.

 

Artículo 17. Este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones.

 

El 4 de agosto de 1846 estalló el pronunciamiento de la Ciudadela, cuya bandera fue la convocatoria par un nuevo congreso constituyente, que discutiría la forma de gobierno apropiada para México.

 

El congreso citado “que era a la vez constituyente y ordinario”, nombró una comisión formada por J. Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta. La mayoría de la comisión         –-formada por sus miembros, salvo don Mariano Otero--, presentó al congreso constituyente en su sesión de 5 de abril de 1847 un dictamen proponiendo se declarara que el pacto de 1824 era la única Constitución legítima del país, mientras no se publicaran todas las reformas que determinara hacerle ese congreso, ofreciendo presentar a la mayor brevedad posible un dictamen a ese respecto.

 

Don Mariano Otero, por su parte, formuló un voto particular en sentido diverso, acompañando un proyecto de Acta de Reformas, que también fue del conocimiento del congreso en la sesión antes mencionada y que a continuación se transcribe.

 

Señor:

            Al recibir del congreso el difícil encargo de concurrir a formar el proyecto de Constitución, no pensaba yo que había de llegar a verme en la penosa situación en que me encuentro, precisado a dar cuenta con mi opinión individual, desgraciadamente para mi en discordancia con la de  la respetable mayoría de la comisión. Esperaba, por el contrario, que unidos todos en principios, respecto de la obra que se nos había encomendado, nos entenderíamos perfectamente, y que después de discutir más bien la forma y los pormenores, que los puntos  cardinales, habríamos de presentar al Congreso un dictamen, que corregido por su sabiduría  llenara el objeto principal con que se determinó  reunirle: la conservación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales y filosóficos que corresponden a nuestro siglo, el desarrollo rápido y seguro de la democracia, están y han estado siempre unánimemente admitidos en el Congreso.

Por que el imperio de las circunstancias, los tristes resultados de nuestras pasadas discordias, la variedad de opiniones, inevitable en materias a la vez tan difíciles como importantes, no han alcanzado a establecer otras diferencias que las relativas a los mejores medios de hacer triunfar aquellos principios y las que consisten en algunas cuestiones de un orden secundario y aun transitorio.

Mis esperanzas, sin embargo, no han llegado a realizarse: a nuestra división, a la que dieron motivo algunos incidentes extraños al objeto de mi dictamen, vino a ser inevitable, y ha debido colocarme en la desventajosa posición de fiar a mis solos esfuerzos el patrocinio de una opinión delicada por la materia sobre que versa, y mucho más delicada por la razón de las circunstancias.

Pero precisamente pro ellas es a mi juicio, señor, en extremo conveniente que cuanto antes se fije de una manera definitiva la organización política del país por medio del Código fundamental; no puede disputarse la conveniencia de adoptar con reformas el de 1824; están patentes los puntos de mejora que demandan la seguridad y progreso de nuestras instituciones; y para decretarlas hay en el patriotismo del Congreso y en la verdadera situación de los negocios públicos los elementos necesarios para cumplir dignamente nuestro encargo. Mas en el estrechísimo plazo que se nos ha señalado, y distraído yo, con el  despacho de otras comisiones demasiado urgentes, apenas tendré lugar de indicar las razones en que me fundo. Consuelame  el que mi deseo, más que de fundar un voto particular, es el de exponer mis convicciones sin pretensión alguna de que ellas sean aprobadas.

Que la situación actual de la república demanda con urgencia el establecimiento definitivo del orden constitucional, es una verdad que se palpa con solo contemplar esa misma situación. Comprometida una guerra, en la que México lucha nada menos que por su existencia; ocupada la mitad de su territorio por el enemigo, que tiene en su poder ya siete estados: cuando acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima, y se halla seriamente amenazada aun la misma capital, ninguna cosa sería mejor que la existencia de alguna  organización política que evitando las dificultades  interiores, dejase para después el debate de los principios fundamentales. Pero ella no existe, y para llevar a cabo esa misma guerra, es preciso hacer que cuanto antes cese la complicación que la dificulta. En la guerra todavía con más razón que en la paz, un pueblo no puede vivir y resistir, sino cuando cuenta con la acción de todos los elementos de su poder y siendo su organización política la sola que  los combina, dirige y regulariza, no es posible que él se salve si se le mantiene bajo una organización enteramente viciosa. No es culpa nuestra, sino un efecto de lo pasado, el que tan grande así sea la complicación de las circunstancias. La debilidad de lo que existe es patente, sin que haya por qué hacerse ilusiones.

Nada hay sólido y organizado. Todo lo que tenemos es de ayer: fue obra de un movimiento, que por nacional que haya sido no pudo dar a las cosas la seguridad que producen el tiempo y el arreglo. El gobierno federal acaba de organizarse, y todavía lucha con mil dificultades; con la violencia de todo estado de reacción, con la falta de sus medios de poder, con la inexperiencia de un orden casi nuevo, con el espíritu de recelo, tan propio de estos momentos, con la alarma de todos aquellos que viendo su suerte ligada con las instituciones, no saben si sus intereses  serán sacrificados o respetados. Los estados ensayan con desconfianza su poder; el centro ve que no están acatados como debería serlo; y la revolución acaba de apoderarse de la más hermosa de todas nuestras esperanzas, de la Guardia, que en un momento de vértigo ha dado un ejemplo que los amantes de las instituciones  esperan no se repetirá más. En resumen, tenemos hoy al poder público abrumado con las dificultades de una guerra indispensable y con las  de una organización en que todo es transitorio, en que ningún poder tiene la conciencia de desunión muy alarmantes, en que se echan de menos ciertas condiciones de orden y todo esto cuando todavía es tal vez una amenaza.

A la vista, pues, de una situación tan peligrosa, yo he creído que todo estado provisorio, por el solo hecho de ser tal, no tendría la fuerza necesaria para dominar las circunstancias, y que el mejor de todos los remedios sería resolver de una vez el problema, tomar con mano firme la dirección de los negocios, adoptar las reformas que se reclaman, dotar las reformas que se reclaman, dotar a las instituciones de la fuerza que necesitan y hacer entrar de luego a luego y con toda prontitud a la nación en el sendero tranquilo de un orden constitucional, que no estando amenazado de un cambio, diera a todos los intereses sociales, orden, quietud y seguridad.

Y en este juicio me confirmo tanto más, cuanto que veo que la revolución de agosto y la opinión pública nos ha precedido en el señalamiento de los medios más adecuados para conseguir de los medios más adecuados para conseguir ese fin, porque en efecto, es necesario considerar que aquel movimiento n ha sido solemnemente acogido, sino porque él obro dos grandes bienes; puso término a un orden de cosas que conspiraba contra las formas republicanas, y devolvió a México las únicas instituciones que con la república y la libertad podían ser entre nosotros una realidad. Así el restablecimiento de la federación, decretado simplemente como una organización provisoria, y sometido a la decisión de este Congreso, se ha verificado y existe como hecho consumado e inatacable. Los antiguos estados de la federación han vuelto a ejercer su soberanía, han  recobrado el ejercicio pleno de ese derecho, según la expresa declaración de algunos y la manera de obrar de todos ellos; siendo evidente que nada sería hoy tan inútil como emprender  demostrar la necesidad y conveniencia del sistema federal. ¿Por qué, pues, no acabar de reconocer ese hecho, poniendo las instituciones federales a cubierto de los peligros que trae consigo su aparente estado de mera provisionalidad? La manera de hacerlo me parece perfectamente indicada por la prensa, por las legislaturas y por el considerable número de señores diputados que han pedido “el establecimiento de la Constitución de 1824 con las reformas convenientes.”

La sola idea que de este propósito pudiera separarnos, el empeño de hacer una nueva Constitución federal, o de alterar sustancialmente aquélla, es una idea halagadora, pero funesta, una tentación seductora al amor propio, pero cuyos peligros deben retraernos. Desde 1835, en que sometida la República por la fuerza de una revolución,  se cometió el crimen de destruir una constitución sobre cuya legitimidad jamás se ha cuestionado, y que tenía la imponderable ventaja de ser la primera y haber durado once años: cuantos han querido construir sobre las ruinas de aquel, otro edificio, han recibido el más triste desengaño. La discusión de leyes fundamentales, hecho fecundísimo en peligros, ha venido a ser nuestro estado normal. Todos los que tuvieron la ilusión de creer que iban a fijar la cuestión por medio de sus respectivos sistemas, han visto a muy poco tiempo sus obras arrancadas de cimiento por el torrente de las revoluciones. Antes que esta, y sin contar con que los Congresos constitucionales han estado sin cesar ocupados en la discusión de las reformas, en solo doce años se han reunido cuatro asambleas constituyentes, sin adelantar un solo paso en el camino de nuestra reorganización, y para venir a colocarnos al cabo de este tiempo en la misma situación que guardábamos en 1835, con más, los tristes frutos de ese desorden, con el territorio desmembrado, la guerra civil convertida en hábito, la sociedad disolviéndose por la corrupción.

¿No es esta una lección viva e indeleble del respeto con que deben mirarse las instituciones primordiales de un pueblo? ¿Si cediésemos hoy a la tentación de formar un Código nuevo para presentar en él bajo su aspecto literario y científico ventajas que son bien fáciles sobre la Constitución de 1824, quién nos aseguraría que esta obra, hija de nuestra triste circunstancias, publicada en medio de las discordias civiles y expuesta al juicio de tantas opiniones, al embate de tantos intereses, pudiera hacerse superior a ese hábito de desprecio, de movilidad y de destrucción que nada respeta? ¿Qué esperanzas podríamos tener de que no pasara al olvido, como las anteriores, después de un reinado corto y tempestuoso, en el cual ni se popularizarían sus principios ni se harían sentir las ventajas prácticas de su aplicación? La primera condición de vida de las leyes fundamentales, después de su conveniencia, es el amor y la veneración del pueblo.

Y esta condición no le viene de su perfección científica y literaria, porque hay pocos jueces de ella, y estos mismos se dividen en materia tan controvertible, sino de los recuerdos  que excitan, de las opiniones que sobre ellas se transmiten de padres a hijos. Bajo este aspecto, la antigüedad es por sí sola una recomendación; y el mejor Código que hoy se redactara por nosotros, no podría competir con aquellas ventajas con el de 1824, superior a todos  en respeto y legitimidad. En la época de su formación nadie contestó los poderes de los diputados electos en medio de una paz profunda: todos los Estados con concurrieron a aquella  solemne convención, y ella se verificó en medio también de las emociones de un pueblo que acababa de conquistar su independencia, y que se entregaba a las ilusiones del más venturoso provenir: la Nación entera la recibió como el precio de sus sacrificios pasados, como el emblema de sus esperanzas futuras; y le conservó un tal amor, que fueron necesarios el engaño y la opresión para arrebatarla de sus manos, que nunca ha dejado de combatir por ella. Por otra parte, el recuerdo de esa Constitución está unido al del establecimiento de la República y del sistema representativo, que ella misma afianzó; al de las libertades locales, tan queridas de la Nación; al de nuestra respetabilidad exterior, que permaneció inviolable durante su reinado; al de los únicos días pacíficos y venturosos de que hasta hoy hemos disfrutado. El menos detenido examen de nuestras circunstancias actuales, debe convencernos de que nos hallamos muy lejos de poder contar con tan favorables auspicios: debe persuadirnos a que nada será hoy tan patriótico como el colocar las leyes fundamentales de la República bajo el amparo de todos esos prestigios.

Para conocer toda la importancia de esta observación, es necesario recordar que los pueblos se gobiernan por los hábitos y las creencias, por la imaginación y las costumbres. Bajo el aspecto de una combinación hábil y de una exposición brillante, servirán siempre de admirables modelos las Constituciones de la Francia revolucionaria: allí los principios están expresados con energía y concisión, las ideas desarrolladas en todos sus pormenores, las combinaciones más profundas e ingeniosas seguidas con maestría; y sin embargo, pasaron la sunas después de las otras sin apoderarse de la sociedad, mientras que a pesar de su desfavorable origen, la Constitución de 1815 ha durado treinta años, solo porque ella vino a aparecer como la  transacción ente el antiguo y el nuevo estado; solo porque hacía servir los prestigios de lo pasado a la realización de las esperanzas del porvenir. El ejemplo de la Inglaterra es todavía más palpable. Aquella Nación, que fue la cuna de las instituciones representativas, conserva desde hace dos siglos su Constitución diseminada en multitud de leyes, muchas de ellas oscuras y mal  redactadas; y sin embargo, es tal el amor de todos los ciudadanos ingleses hacia sus instituciones, que las reformas se promueven solo acerca de los puntos especiales que demandan mejora, y que si se anunciara el proyecto de reducir aquellos primitivos establecimientos a un Código tan perfecto, como podría fácilmente hacerlo esa nación tan sabia, todos los partidos se unirían contra el funesto promovedor de la perfección. La misma Constitución de los Estados- Unidos dista mucho de ser una obra acabada: ella se refiere en gran parte a las costumbres sociales de aquel pueblo, y precisamente porque está en perfecta consonancia con ellas ha presidido la marcha más admirable que se registra en la historia antigua y en la moderna. De aquí se sigue que un legislador inteligente preferirá siempre una Constitución en que el pueblo vea simbolizadas su gloria, su nacionalidad y sus libertades, aunque ella no sea perfecta, a otra que lo sea, pero sin recuerdo y sin prestigios.

Finalmente, y para expresar con lealtad al Congreso los motivos que me han decidido a favor de la subsistencia de la Constitución de 1824, diré, que considero como inapreciable la ventaja de su legitimidad, que a algunos otros parece poco importante. Ya expresé antes que el resultado producido por la destrucción de nuestro pacto primitivo, fue el de proclamar que la sociedad estaba in constituida, y abandonarla así a la turbulenta lucha de todos los que creen poseer el secreto de fijar sobre diversas bases su estable  organización. Y para terminar este movimiento funesto, ¿cuál medio habría mejor que el de volver al punto de partida, reconocer que la Nación ha estado y esta constituida, desaprobar los resultados de un crimen en el que apareceríamos igualmente complicados adoptando sus consecuencias, anunciar solemnemente a favor de la unión, que en México no hay otros derechos que los creados pro la Constitución de 1824, y exigir de todos el cumplimiento de las obligaciones correlativas? Solo así podremos decir que hemos vuelto su respetabilidad a las leyes, y esta especie de abdicación de la omnipotencia del poder constituyente ante la legitimidad de nuestro pacto primitivo, sería un ejemplo tan útil para la República como honroso para el Congreso.

Insto, pues, en la opinión que ya otras veces he manifestado, de que nosotros mismos debemos limitar nuestros poderes y nuestra tarea a solo hacer en la Constitución de 1824 las reformas que demanda su propia estabilidad; y esto por razones que están al alcance de todos, y son a mi modo de ver incontestables.

La necesidad de reformar la Constitución de 1824 ha sido tan generalmente reconocida como su legitimidad y su conveniencia. En ella han estado siempre de acuerdo todos los hombres ilustres de la República, y han corroborado la fuerza de los mejores raciocinios con la irresistible evidencia  de los hechos.[6]

 

El Congreso –en su sesión de 16 de abril del mismo año-, rechazó el dictamen de la mayoría, y discutió el voto particular de Otero que con algunas modificaciones y adiciones, se expidió el Acta de Reforma el 18 de mayo de ese año y fue jurada el 21 de mayo de 1847 y publicada al día siguiente.

 

El preámbulo de dicha carta afirmaba lo siguiente:

 

“En nombre de Dios, creador y conservador de las sociedades, el congreso extraordinario constituyente, considerando: que los estados mexicanos, por un pacto de espontáneo de su propia e individual soberanía y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823, y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno general , bajo la forma de República popular representativa, que aquel pacto de alianza, origen de  la primera Constitución y única fuente legítima del poder supremo de la República, subsiste en su primitivo vigor, y es  y ha debido ser el principio de toda Institución fundamental; que ese mismo principio constitutivo de la Unión federal, ni ha podido ser contrariado por una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por una nueva constitución; y que para más consolidarle y hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser muy necesaria en la Constitución de 1824, ha venido en  DECLARAR Y DECRETAR, y en uso de sus amplios poderes DECLARA Y DECRETA”.[7]

 

En la Constitución de 1857 se infiltró el espíritu federalista y diseñó un sistema federal, inspirado en el norteamericano, pero con notas distintas y peculiares que con los años se han acentuado y perfilado, hasta constituir un régimen de características surgidas de la realidad y necesidades del pueblo mexicano.

 

El primer movimiento social en México y en el mundo, dio por resultado nuestra Constitución actual, promulgada el 5 de febrero de 1917, y que en su esencia y lineamientos sobre el sistema federal sigue a su antecesora.

 

La naturaleza jurídica del estado federal mexicano se encuentra establecida en los artículos 40 y 41 de la ley suprema del país.

 

Según el artículo 40 el sistema federal en México es una decisión fundamental del orden jurídico del Anáhuac, es una de sus columnas, es parte de la esencia de la organización política. El estado federal, esta compuesto de “Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

 

No se debe pasar por alto las reformas que ha sufrido nuestra ley de amparo pues ha sentado grandes precedentes en la defensa de las garantías.

        

La ley de 1861 se basó en el proyecto de don Manuel Dublán, según es reconocido por los propios legisladores en los debates correspondientes.

        

Esta ley reglamentaba las fracciones II y III de la Constitución; constaba de 34 artículos; daba competencia exclusiva a los tribunales federales para la defensa de algunos de los derechos contenidos en la Constitución, lo cual era considerado lógico y natural; sólo concedía el amparo si se encontraba en el caso una violación expresa de garantías Individuales; la acción de amparo se concedía a todo habitante que viera afectados sus derechos fundamentales, mediante ocurso promovido ante el juez de Distrito. Los efectos de las sentencias que concedían el amparo sólo afectaban a los que litigasen, permitía el uso de papel común para los notoriamente pebres que tramitaran tal recurso.

 

         El artículo 12 ordenaba que las sentencias se publicaran en periódicos y fueran comunicadas oficialmente a los gobiernos de las entidades federativas, para que pudiera exigirse la responsabilidad sólo a la autoridad que dictó la providencia; si la autoridad responsable fuere federal, sólo se pasaría testimonio a su superior inmediato, para lo que hubiere lugar. Éste fue un vehículo para que el público se enterara en lo general de su contenido y para que las autoridades fueran tomando conciencia de la unificación de criterios dictados por el poder judicial.

 

         Sin embargo, por ser una materia nueva para los legisladores, sus conceptos fueron demasiado amplios, propiciando el abuso del recurso de amparo, por lo que su vigencia fue corta y se hizo necesario reformarla en forma urgente en 1869.

 

La ley de 1869 llamada “La ley orgánica constitucional sobre el recurso de Amparo”, constó de 31 artículos, los cuales fueron discutidos en la forma más amplia y cuidadosa, dada la experiencia obtenida de la emisión de la ley anterior. Los legisladores pusieron más énfasis en aspectos que en la ley anterior no habían sido objeto de especial atención; así, consideraron que no debería instituirse el amparo como una cuarta instancia, ya que esto sería anticonstitucional dado el mandato de la Norma Fundamental respecto a que todos los juicios tendrían tres instancias como máximo.

 

         El ordenamiento de 1869 disponía de una manera más específica qué tipo de sentencias eran las que deberían publicarse, y precisaba que la publicidad se daría sólo tratándose de sentencias definitivas pronunciadas en los recursos de amparo.

 

         En los debates del correspondiente proceso legislativo, desfilan gente como Zarco, Benítez, Dondé, Montes, Pankhurst, Mata, aportando brillantes disertaciones. Tomando como parámetro la supremacía constitucional de los Estados Unidos de América, hacía notar las diferencias del sistema mexicano con el de aquel país, resaltando que la competencia concedida en esta materia exclusivamente a la Federación era la diferencia sustancial con respecto al sistema implantado en los Estados Unidos, en donde las autoridades judiciales sí tenían competencia en la materia. Otra diferencia trascendental era el hecho de que el sistema de este último protegía a toda su Constitución y el sistema mexicano sólo al apartado de las garantías individuales. Citaba a juristas como Store, Hamilton, Tocqueville y Laboulaye, así como a las instituciones del Habeas corpus y del bill of rights. 

 

         Parte medular de los debates en torno a la iniciativa correspondiente lo  constituye el tratamiento dado a la suspensión de las leyes, función otorgada por naturaleza al poder legislativo; se manejan indistintamente responsabilidades, tanto por dar entrada al amparo como por negarlo; lo mismo sucedía en el caso de la suspensión.

 

         Se conservaron los efectos de las sentencias sólo para los litigantes; asimismo, este efecto en su aspecto positivo consistía en restituir las cosas al estado que guardaban antes de violarse las respectivas garantías individuales.

 

         Se dio un amplio tratamiento al concepto de “actos de cualquier autoridad”.

Finalmente, se consideró al  amparo como un recurso extraordinario y a la Corte un tribunal de última instancia.

 

         Conforme se desarrolló el           conocimiento, la interpretación y la aplicación de la ley de amparo de 1869, fueron surgiendo inquietudes que dieron lugar a una revisión profunda de los principios que sustentaban a la institución en ella reglamentada, así como de la regulación del procedimiento respectivo y de los alcances de su concesión, lo mismo que respecto de la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.

 

         La ley de amparo de 1869, en sí misma, nunca fue descalificada ni criticada negativamente; por el contrario, se le tuvo como un muy buen punto de referencia para el análisis en cuanto a los efectos buscados y los obtenidos mediante la formación legislativa del amparo.

 

         Sin embargo, recordemos, el país se encontraba en una etapa inicial de regulación legislativa de la protección constitucional de las garantías fundamentales, y pronto se hizo necesario plantear un proyecto de reformas y adiciones a la ley mencionada; este proyecto dio lugar al nacimiento de una nueva ley, la ley de amparo de 1882.  En su  exposición de motivos se dejó constancia de la importancia del juicio de amparo y se señaló además el resultado tan pobre y la multitud de abusos que se daban en su aplicación práctica, por lo que expuso como requerimiento esencial la puntualización de varios aspectos respecto a la protección verdadera de las garantías individuales.

 

         La nueva ley constó de  52 artículos; entre sus aspectos especialmente relevantes se estableció una reglamentación más precisa de la suspensión del acto reclamado, ya que los jueces decidían sin ninguna regla fija, como una potestad facultativa, conforme al artículo 6 de la ley de 1869; así mismo, se dispuso la responsabilidad del juzgador en caso de no concederla cuando se tratase de la ejecución de la pena de muerte, así como su obligación de resarcir los daños y perjuicios que por su indebida negativa a concederla se hubiesen causado.

 

         Por otra parte, se restringió la procedencia del amparo en contra de leyes o actos de cualquiera autoridad, limitándola a la competencia de a Suprema Corte; se dio un enfoque especial a la incompetencia de origen, concepto que en esa época cobró auge gracias al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia don Ignacio L. Vallarta.

 

         Se estableció el recurso de casación, mediante el cual se procuró uniformar las interpretaciones de la Constitución y fijar precedentes que integrasen una jurisprudencia constitucional sólida y razonada.

 

         Otro apartado de especial importancia fue el referido a la procedencia del amparo en negocios judiciales, así como el tiempo dentro del cual podía interponerse válidamente la demanda. Se trató también de reglamentar los derechos de los litigantes a quienes podía afectar la sentencia de amparo en negocios judiciales. Se dio, pues, intervención a la parte a quien en su caso se afectaría, positiva o negativamente, y cuyas pruebas y alegaciones jurídicas pudiesen influir en la decisión judicial.

 

         Como una cuestión de equidad y para permitir la respectiva defensa, se le dio intervención, como parte en el juicio, a la autoridad emisora del acto reclamado, ya que el resultado del juicio afectaba de algún modo la responsabilidad oficial de esa autoridad.

 

         Se dio un giro apoyado en ejecutorias de la Corte en el sentido de que el amparo no procedía en contra de los actos judiciales de los funcionarios federales, y que en caso de que resolviese un mismo e idéntico auto, no podía entablarse dos veces el recurso de amparo.

 

         Se concibió la idea de que se elevara a rango de ley la jurisprudencia adoptada por la Suprema Corte, poniendo de esta manera fin a la malicia de los individuos que se dedicaban a prolongar los juicios y eternizaban sus demandas, haciendo imposible y tardada la administración de justicia.

 

         También se dio intervención al procurador general de la nación en los  juicios de amparo, considerándose que con su participación siempre se trataban  asuntos de interpretación y aplicación de la ley fundamental, así como que también contribuía a la unificación de la jurisprudencia federal en esta clase de juicios.

 

         Por lo que se refiere al aspecto de la recusación de jueces y magistrados, se entró en un profundo debate sobre estos temas, siempre tan controvertidos, acerca de en que casos sí era procedente y en que cuáles no lo era.

 

         El Código de procedimientos federales de 1897, sustituyó a la ley de amparo de 1882,  fue un valioso intento de condensar y aglutinar las disposiciones procedi mentales federales tanto en materia civil, administrativa, como penal. Como peculiaridad de especial relevancia, debe señalarse que suprime la jurisprudencia, ya que se consideró que por el cúmulo de asuntos que se estaban remitiendo a la Suprema Corte, las sentencias que ésta emitía adolecían de consistencia en su criterio y se empezó a caer en criterios contradictorios, creando cierta anarquía jurisdiccional.

 

         Debido a la incipiente actividad litigiosa y jurisdiccional que prevaleció durante esos años, se elaboró un nuevo ordenamiento, el Código de procedimientos federales de 1908, en el cual se restableció la jurisprudencia y se suprimió la procedencia del amparo en contra de autos interlocutorios, que no fueran sentencias definitivas, con la finalidad de reducir la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia, provocando una inestabilidad procedimental y un gran desconcierto en la comunidad jurídica de la época.

 

          Es de tomarse en consideración que ambos códigos fueron expedidos en uso de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el Congreso de la Unión.

 

         Por lo que respecta al informe de 1ero. de Diciembre de 1916, presentado al Congreso Constituyente de 1916-1917, Venustiano Carranza , primer jefe del Ejército Constitucionalista, hace valer que las reformas a la Constitución de 1857, propuestas en su proyecto, sólo se reducen a omitir lo que la hace inaplicable, a suplir sus deficiencias y a disipar la oscuridad de algunos de sus preceptos.

 

         Refiriéndose al amparo en particular, mencionaba que este había sido establecido con un alto fin social, pero que pronto se desnaturalizó hasta convertirse en un arma política y, posteriormente, en un medio apropiado para acabar con la soberanía de los Estados toda vez que, de hecho, sus actos quedaron sujetos a la revisión de la Suprema Corte.

 

         Esto se ve reflejado en el proyecto que se presentó al Congreso Constituyente para su discusión, ya que conservaba la sustancia del amparo y mantenía la esencia del artículo 101 de la Constitución de 1857, pero hacía un desglose y perfeccionamiento del procedimiento; incluyendo en el texto constitucional propuesto, figuras tan conocidas como la definitividad de las sentencias, la suplencia de la queja en materia penal, la suspensión del acto reclamado, las causas de improcedencia, la repetición del acto reclamado y la exacta aplicación de la ley.

 

         Los debates relativos a los artículos 106 y 107 del proyecto tuvieron la característica de haberse presentado en paquete, así como presentar un voto particular por parte del C. Hilario Medina, reduciendo la redacción del artículo 107. la presentación de dicho paquete trajo como consecuencia que en los citados debates surgiera la confusión respecto a los numerales votados y aprobados en la sesión respectiva; sin  embargo, la publicación oficial del texto constitucional salva tal situación, mostrando que los artículos 106 y 107 del proyecto fueron aprobadas en sustancia, teniendo variación únicamente respecto al numeral asignado, ya que el artículo 106 pasó a ser el 103 y el artículo 107 conservó su numeración en la publicación.

 

          En la ley de amparo de 1919, recobra su independencia respecto de las demás leyes federales, la cual había perdido al ser regulado en los Códigos de 1897 y 1908, ya que en éstos se habían aglutinado todos los procedimientos de carácter federal.

 

         Esta ley se divide en dos títulos, uno referente al amparo como protector de garantías constitucionales y otro relativo a la súplica, recurso destinado a desempeñar la función de fijar la interpretación de las leyes federales y de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.

 

         En su artículo cuarto se establece que la mujer casada puede prescindir de la representación legal de su marido; en su artículo 11 preciso como autoridad responsable a la que ejecuta el acto y no a la que lo ordena; en el artículo 17, establece que la queja debe tramitarse ante el juez de Distrito y no ante la Suprema Corte; en su artículo 26 se destacan los casos en que tengan amistad estrecha  o enemistad manifiesta con  alguna de las partes; señala también una audiencia para recibir las pruebas relativas al impedimento, y como causas de responsabilidad para Ministros y Jueces, el no declararse impedidos si lo están. Prevé como causa de improcedencia solicitar el amparo ante el Juez, debiendo de hacerlo ante la Suprema Corte o viceversa. Por otra parte establece con claridad lo que debe entenderse por sentencia definitiva.

 

         Asimismo, se perfeccionan diversos aspectos desde el punto de vista procedimental, como la figura del representante común y la intervención del tercero extraño a juicio. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, se prevé su concesión mediante el otorgamiento de fianza cuando el acto reclamado sea de carácter exclusivamente patrimonial.

 

         Esto es en términos generales un vistazo a los aspectos fundamentales de la evolución del amparo en el panorama legal y jurídico de México.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II

Evolución Histórica Del Poder Judicial En México

 

 


Ahora que ya tenemos claro como se conforma una República Federal y que ya se han explicado sus elementos, debemos adentrarnos en la historia del poder judicial que es parte importante de esta investigación.

 

El poder judicial es el depositario de la competencia jurisdiccional de la federación, tiene a su cargo, Aplicar las normas generales a casos concretos resolviendo controversias del orden federal o estatal según el caso.

 

En toda organización social se manifiesta la necesidad de resolver las  controversias suscitadas entre sus componentes. Aristóteles percibió ese requerimiento al concebir un cuerpo judicial como requisito para la adecuada organización del gobierno de la polis. Habló de tres elementos: el deliberativo, el de magistrados y el judicial.

 

En Roma la función jurisdiccional alcanzó una importancia determinante con la creación de la jurisprudencia a través de la cual los pontífices establecieron los principios generales del derecho que sustentaron la convivencia de la República Romana y del imperio con tal eficiencia que algunos de estos principios continúan aplicándose en los órdenes normativos.

 

La centralización del poder, durante la baja edad media, permitió al monarca desarrollar todas las potestades públicas; además de hacer las leyes, las aplicaba administrativamente y también, en el ámbito judicial.

 

El proceso en España representó la diferenciación orgánica de la función jurisdiccional, se sintetiza en los convenios de Sobrarbe de los reinos de Aragón y Navarra y en la institución del justicia mayor del primer reino mencionado y de Castilla.

 

Dentro del fuero Sobrarbe los reyes de Navarra reconocieron algunas prerrogativas a los hombres libres y a sus siervos. Destacaban los derechos que protegían la vida, la propiedad y la seguridad jurídica de los súbditos. Con esto los reyes se comprometieron a mantener la paz y justicia en su reino.

 

El justicia mayor alcanzó una importancia fundamental en el desarrollo de la función jurisdiccional. Para entonces, las monarquías de Castilla y Aragón eran electivas, es decir, el rey requería de la ratificación de los hombres libres para poder acceder y mantenerse en el poder; aquellos sólo brindaban su apoyo si el monarca se comprometía a ser justo.

 

El justicia mayor se encargaba de evitar que el rey, por sí y ante sí, privara de la vida, de la libertad, de la propiedad o desterrara a los hombres libres.

 

Los fueros y el justicia mayor hicieron que el rey dejara de ser el juez absoluto, definiéndose poco a poco las funciones jurisdiccionales y el órgano encargado de desarrollarlas.

 

Estos hechos marcaron la definición de la función jurisdiccional y la potestad de los jueces y del jurado de ciudadanos para desarrollarla.

 

En el México prehispánico tenemos dos antecedentes importantes en  la cultura Maya y en la Azteca.

 

La cultura Maya presentaba una organización judicial concentrada en el órgano denominado Batab, cuyo titular era designado, según el caso, por el rey o  el cacique. Este funcionario conocía y aplicaba un derecho de origen primordialmente consuetudinario, resolviendo los litigios de manera directa, oral, sencilla y pronta. Las decisiones dictadas por el  Batab no podían ser revisadas por órgano jurisdiccional alguno, adquiriendo definitividad por su solo pronunciamiento. Una vez dictada la resolución, la pena se ejecutaba de inmediato  en alguna de las siguientes modalidades: si la ejecución  era colectiva, como sucedía con la lapidación, era el pueblo en su integridad quien la realizaba; en caso contrario, el sentenciado se ponía a disposición de los tupiles, personas a quienes se les encomendaba tal función.

 

En la cultura Azteca, Fray Bernardino de Sahún, refiere en su libro Historia General de las cosas de la Nueva España, que los señores tenían cuidado en la pacificación de los pueblos y en la resolución de los litigios que había entre la gente. Para lograrlo, elegían jueces entre las personas nobles, ricas y de buenas costumbres, ejercitadas en las cosas de la guerra y en el Calmécac.

 

La organización judicial entre los aztecas estaba encabezada por el Cihuacoatl, quien era nombrado por el rey. Este cargo no se otorgaba en todos los pueblos sino, como dice Torquemada, “ para las ciudades y poblaciones grandes y que tenían mucha comarca”. El Cihuacoatl conocía de asuntos penales en vía de apelación, pero no de los civiles, toda vez  que éstos eran resueltos  de manera definitiva , por otras instancias de la organización judicial azteca.

 

La siguiente instancia judicial entre los Aztecas era el Tlacatecatl, órgano compuesto por el propio Tlacatecatl y por dos asociados denominados Cuauhnochtl y tlailotlac. El conocimiento de los asuntos se verificaba por los tres, aun cuando la resolución correspondía de manera exclusiva al primero de ellos. Tenían competencia en asuntos civiles y penales en primera instancia, resolviendo los primeros de modo definitivo. Otros  órganos eran llamados Tecutli, que al parecer eran jueces electos popularmente cada año para conocer de pleitos de poca monta. También se les atribuye la realización de investigaciones para el Tlacatecatl. Las investigaciones más sólidas nos hablan también  de unos tribunales especiales en materia de comercio llamados Tiznquiezpantlayaca, asentados en los principales mercados y compuestos por varias personas que resolvían de manera sumaria las quejas que se les fueran presentando.

 

Como se menciono con anterioridad, los jueces eran designados entre personas que, pertenecientes a la élite gobernante, se hubieren distinguido por su capacidad y sus méritos. La judicatura era apreciada y considerada como primordial para el funcionamiento del Estado, al punto que a las personas que la desempeñaban se les mantenía con el producto proveniente de tierras destinadas exclusivamente para ellos.

 

 Con la conquista española de nuestras tierras, introdujo en ellas el establecimiento de todo un sistema político y de organización inspirado en instituciones ibéricas con las modificaciones necesarias a la realidad a la que se enfrentaron.

 

De acuerdo con Fix Zamudio y Cossío Díaz, los órganos jurisdiccionales de la época novo hispánica pueden dividirse en dos apartados: 1) los tribunales ordinarios y 2) los tribunales especiales principalmente por razón de fuero[8].

 

1)     Tribunales ordinarios.

 

Los tribunales ordinarios existentes en la Nueva España pueden dividirse en órganos de primera y de segunda instancia. Entre los primeros cabría destacar a los alcaldes ordinarios, a los alcaldes mayores y a los corregidores y, en los segundos, a las reales audiencias. Para algunos casos, y en condiciones excepcionales, también debe considerarse al Real Supremo Consejo de Indias.

 

a)Alcaldías ordinarias, alcaldías mayores y corregidurías.

 

Las alcaldías eran los órganos de primera instancia y de menor jerarquía para conocer de los procesos civiles y criminales. Las alcaldías ordinarias conocían de asuntos de poca monta en las materia señaladas, siendo sus decisiones apelables ante los cabildos. En los casos en que tales alcaldías fueren de indios, las decisiones serían apelables también ante los cabildos de indios. Había dos alcaldes ordinarios por población, a quienes se nombraba cada año mediante la elección celebrada en el propio cabildo. Los requisitos de nombramiento eran saber leer y escribir y ser vecinos del lugar para el que hubieren de ser designados. Para la designación de las personas que habrían de ocupar estos cargos originalmente se prefería a los descubridores, pacificadores, pobladores y sus descendientes, siempre que tuvieren cualidades para el gobierno y la administración de justicia.

 

         Dentro de esta primera instancia existían los alcaldes mayores y los corregidores. Éstos conocían de casos de mayor trascendencia en materia civil y criminal, de asuntos de indígenas y de recaudación de tributos. Eran nombrados de manera  directa por el rey cada cuatro o cinco años funcionaban en las principales ciudades de provincia. Sus resoluciones eran apelables ante la audiencia.

 

b) Las Audiencias en México.

 

         Las principales y más interesantes instancias judiciales del país eran las audiencias. Estos órganos conocían de diversas materia consideradas todas ellas de importancia. No tuvieron una competencia fija a través de los años, ya que ésta fue evolucionando. Originalmente y por Cédula Real de 1528, la Audiencia conocía en primera instancia de los asuntos civiles, manteniéndose en primera el de los penales; en 1567 vuelve a atribuírsele la primera instancia en materia civil; en 1568 los asuntos penales pasan a ser conocidos por los alcaldes del crimen y, finalmente, en 1570 se establece, y al parecer así permanecerá durante el resto de la Colonia, que los oidores o funcionarios de la Audiencia ya no conocerían en primer grado, sino sólo en segundo, de causas civiles y criminales.

 

         En nuestro país se establecieron dos audiencias, la de México y la de Guadalajara. La primera de ellas se creó en 1528, fecha en que se publican las primeras ordenanzas, modificándose éstas posteriormente con la expedición de diversas disposiciones. La competencia original por territorio de la Audiencia de México comprendía “Cabo de Honduras y de la Higueras, Guatemala, Yucatán, Cozumel, Pánuco, La Florida, Río de las Palmas y todas las otras provincias que hay y se incluye desde el dicho Cabo de Honduras, hasta el Cabo de la Florida, así por la mar del sur como por las costas del norte”. Más tarde la competencia de la Audiencia de México habría de cambiar: en 1534 pierde las Higueras y Honduras; en 1543 Guatemala, y en 1571 Nueva Galicia.

 

         En cuanto a su organización, la Audiencia en México estaba encabezada por un presidente, quien a partir de 1535 sería la persona del Virrey, y que no tenía voto en las cuestiones de orden judicial, aun cuando firmaba las sentencias. Los oidores eran los integrantes judiciales de la Audiencia, su número varió entre 1527 y 1597 de cuatro a ocho, manteniéndose esta última cifra constante durante el resto de la Colonia. En el mismo 1597 se da una separación entre las materias civil y criminal por razón del órgano, correspondiendo el conocimiento de la primera a los oidores y de la segunda a los alcaldes del crimen. Otro funcionario importante en la audiencia de México era el procurador fiscal, quien comenzó a desempeñarse a partir de 1532. originalmente se ocupaba de los asuntos civiles y criminales, hasta que en 1568 se creó la Fiscalía del crimen.

 

         Los cargos de oidor y de alcalde del crimen eran incompatibles con cualquier otro puesto público; a sus titulares les estaba prohibido recibir gratificaciones o dádivas, y se les prohibía la ocupación del propio cargo de existir cierto grado de parentesco entre los miembros.

 

         La Audiencia de Guadalajara se creó en 1548. Sus competencias territorial y material fueron mucho menos amplias que las que correspondían a México.

 

         El Real Consejo de Indias conocía en apelación de muy pocos asuntos, sobre todo en los que se hubieren pronunciado las audiencias, toda vez que su actuación en este sentido dependía de un recurso extraordinario.

 

2)     Tribunales especiales.

 

En la colonia existían diversos tribunales especiales, es decir, órganos encargados de conocer de asuntos distintos a los estrictamente civiles o criminales en razón de la posición especial de los procesados. Toda vez que estos tribunales nacieron en tiempos distintos y respondían a necesidades diversas, no existe un modelo único que permita su estudio. Por lo contrario, se hace necesario referirlos de manera separada.

 

a)     El Tribunal de la Inquisición.

 

El tribunal de la Inquisición se estableció en 1570 por determinación de Felipe II. Su jurisdicción abarcaba a la Nueva España, Guatemala, Nueva Galicia y Nicaragua. El tribunal se componía de dos inquisidores y un fiscal, realizando este último las funciones de acusador.  Entre  sus funciones primordiales estaba guardar la pureza de la doctrina católica, teniendo en consecuencia atribuciones para conocer y juzgar de todos los asuntos que fueran contrarios a ella. La inquisición en México y en España fue famosa por su severidad, toda vez que se imponían castigos y penas de enorme crueldad. Con la llegada de los Borbones, la importancia de la Inquisición disminuyó de modo considerable, desapareciendo este Tribunal con los movimientos de independencia en nuestro territorio.

 

b)     Tribunales de indios.

 

Originalmente los tribunales ordinarios de la Nueva España conocían de los asuntos en los que los indios fueren parte. Sin embargo, dado el espíritu”proteccionista” que hacia ellos privó en la legislación novo hispana, para ellos se crearon tribunales especializados. No todos los órganos relacionados con los indios fueron tribunales en el sentido más estricto de la expresión, si bien cabe mencionarlos dado los propósitos de este trabajo.

 

Los protectores de Indios fueron la primera institución encargada de, Como su nombre lo indica, velar por el cuidado y atención de los naturales de estas tierras. Asimismo, en los tribunales se establecieron abogados y procuradores que, financiados por la hacienda pública, debían asesorar a los indígenas en las causas que en su contra se instauraran.

 

Respecto de los órganos jurisdiccionales propiamente hablando, el órgano especial se denominó Juzgado General de Indios, mismo que fue creado en 1592. La estructura de este órgano era relativamente sencilla, pues descansaba en un asesor y un buen número de empleados que preparaban las causas que les fueren sometidas. Las competencias se referían sólo a los asuntos criminales y civiles de nivel inferior, pudiéndose asimilar, en alguna medida, a las alcaldías ordinarias mencionadas con anterioridad. La primera instancia en los asuntos concernientes a los indios era concurrente con la que tenían los corregidores y alcaldes mayores de indios, mientras que la segunda instancia correspondía a la Audiencia. El carácter proteccionista de la legislación colonial hacia los indios quedó de manifiesto: I) en que los procesos eran sumarios y no recargados de formalismos, II) en que el Consejo de indias conoció, a lo largo de muchos años, de los recursos promovidos por los propios indígenas.

 

c) el Consulado.

 

En 1592, Felipe II estableció en la ciudad de México el Consulado, órgano con atribuciones para dirimir conflictos entre comerciante. Las materias de las que conocía eran las relativas a la compra-venta, trueque, comodato, quiebra, seguros, y las provenientes de empresas o sociedades mercantiles. La designación de sus miembros se hacía por medio de electores, habiéndose nombrado al efecto hasta 30 entre los comerciantes de la ciudad. Las elecciones en el consulado se efectuaban para los cargos de prior, dos cónsules y cinco diputados, quienes duraban en el ejercicio dos años, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato siguiente. El consulado celebraba audiencias tres días a la semana, siendo los procesos sumarísimos. Las resoluciones que dictaban eran apelables ante uno de los oidores de la Audiencia. En 1795 se fundaron los consulados de Veracruz y Guadalajara, con el propósito primordial de abatir el gran rezago en la tramitación de los procesos.

 

Los miembros del Consulado tenían, en lo particular, algunas atribuciones interesantes. Así, el prior, los cónsules y los diputados podían dictar las ordenanzas necesarias para conservar la mercancía sometida a litigio, así como las providencias administrativas en lo referente al desembargo y valoración de las mercancías que arribaran al puerto de Veracruz.

 

d)     Tribunales de Cuentas.

 

Felipe III estableció en 1605 el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de vigilar a todas aquellas personas a quienes les hubieren sido asignados bienes provenientes de la Real Hacienda. Se integraba por tres contadores de cuentas, dos contadores de resultas, dos ejecutores y un portero. Con la promulgación de las ordenanzas de intendentes, la competencia que tenían los oficiales reales para hacer efectivos los adeudos del erario fue atribuida a los propios intendentes.

 

e)     Tribunal de protomedicato.

 

Este tribunal fue creado para la Nueva España en 1630. tenía atribuciones para conocer de los asuntos relativos al ejercicio de la profesión médica y farmacéutica; a la sanidad pública; examinar y otorgar títulos médicos, y autorizar la apertura y funcionamiento de hospitales y farmacias. Se integraba por tres magistrados denominados protomédicos, uno de ellos catedrático de medicina, otro el médico de mayor antigüedad en la Colonia y uno más designado por el Virrey. Se componía además de un asesor letrado, un fiscal, un escribano público y un portero, quienes auxiliaban a los primeros en sus funciones.

 

f)       tribunal de la Acordada.

 

El tribunal de la acordada se creó en 1722 por la Corte Española. La competencia original de este tribunal se refería a los salteadores de caminos y a los crímenes violentos cometidos en el campo. Posteriormente, al Juez de la Acordada se le confirieron atribuciones para conocer de los delitos en materia de bebidas embriagantes. Una de las peculiaridades de este tribunal era la falta de límites territoriales en el ejercicio de sus atribuciones respecto de las que estaban conferidas a otros tribunales, ya que ejercitaba su jurisdicción en las provincias de Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, extensión que no correspondía siquiera a las Reales Audiencias.

 

La organización del tribunal en comento, se estableció a partir de un juez, el cual mantenía el control general del órgano. Según nos dice Mac Lachlan, el juez era asistido por asesores, un defensor y dos procuradores, varios secretarios generales y otros empleados. Los asesores acompañaban al juez y se encargaban de la preparación y tramitación de los asuntos. Toda vez que las atribuciones del tribunal no se encontraban definidos con total precisión, surgieron algunas dificultades en lo concerniente a su jurisdicción.

 

Por las características propias de sus funciones, mismas que concernían a los delitos de hurto, violencia física, despojo, rapto, incendio premeditado y excesos en consumo de bebidas embriagantes, los procedimientos y las atribuciones otorgadas al órgano para conocer de ellos eran sumarísimos, y si la sentencia era condenatoria y conllevaba la pena de muerte, la misma se ejecutaba sin dilación. Las resoluciones del tribunal no eran impugnables ante ninguna otra instancia, quedando sólo la súplica al Virrey para la obtención del indulto real.

 

g)     tribunales eclesiásticos

Respecto de estos órganos, puede leerse en la Curia filípica mexicana:

 

 “los tribunales establecidos en el fuero eclesiásticos, según el breve del papa Gregorio XIII dado especialmente para los dominicos de América en 15 de mayo de 1573, publicado el 28 de febrero de 1578, y confirmado por la ley 10 titulo. 9 libro. 1, recopilación de indias, son el de primera instancia el arzobispo, el obispo en su respectiva diócesis; el de segunda lo es el metropolitano si en la primera instancia un supragénero; pero si conoció el metropolitano en la primera, la segunda toca al obispo menor vecino, como en representación de su sentido; la tercera instancia corresponde en el primero de estos casos al obispo menos cercano, respecto del que comenzó la causa, y en el segundo, el obispo que después del que conoció en la apelación, esté menos próximo al metropolitano”.[9]

 

Los tribunales eclesiásticos no eran absolutos en el conocimiento de los asuntos relativos a los clérigos. La ley 73, título. 14, libro. 1 de la recopilación de indias establecía que cuando las conductas fueren públicas y escandalosas, los jueces seculares podían abrir las causas con el fin de informar al Rey y al Consejo para que procedieran a aplicar las sanciones correspondientes.

 

h)     tribunales militares.

 

Es bien sabido que uno de los fueron más importantes en la colonia fue el militar, mismo que se extendió durante la vida independiente de México. Este fuero quedó establecido mediante los Estatutos Reales de 1551 y 1587. En el fuero militar distingue De la Peña y Peña dos clases de causas, unas civiles y otras criminales, las que dividían en tres especies, según versaran sobre delitos propiamente militares, del orden común o mixto. Otra división importante era la de fuero activo y pasivo, según pudiera demandarse a personas de otros fueros en el militar, o las personas sólo pudieran ser demandadas en los de este tipo, respectivamente. Los tribunales militares gozaban de amplia jurisdicción, la cual, sin embargo, no era absoluta ya que los tribunales ordinarios podían retirar jurisdicción en diversos asuntos concernientes a los militares.

 

La jurisdicción militar la ejercía el Virrey como capitán general, acompañado de un oidor, quien fungía también como auditor de guerra. Las sentencias dictadas por este último eran apelables ante el propio Virrey, en su carácter citado, quien se hacía acompañar de otro ministro. Con motivo de las cédulas de 1748 y 1768, el fuero se subdividió en: de ingenieros, de artillerías y de marina.

 

El tránsito judicial de la Colonia al México independiente.

 

En los convulsos años que van de 1808 a 1821, no existe una clara continuidad e la organización judicial imperante en el país, sino que, por un lado, surgen órganos de excepción y, por otro, éstos pueden ser referidos a los órdenes colonial o independiente.

 

Los acontecimientos habidos en México en la segunda mitad de 1808 dan inicio también a la transformación del orden judicial. En septiembre se establece la Junta Extraordinaria De Seguridad Y Buen Orden, compuesta por el presidente, un oidor, un alcalde del crimen y un fiscal de la Real Audiencia, con atribuciones para conocer de los delitos de sedición. Este órgano especial subsistió hasta enero de 1812, cuando fue sustituido por una junta militar, integrada por siete jefes del ejército y enlazada con juntas provinciales de la misma denominación, la cual actuó hasta 1813.

 

         Una segunda modificación se dio con la Constitución de Cádiz de 1812, al ser ésta un ordenamiento moderno y con pretensiones de regulación integral. Se estableció en sus artículos 17 y 242 que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales residía en los tribunales, generando con ellos una diferenciación orgánica en rezón de la función, al punto que en el artículo 246 se les prohibía  la creación de cualquier tipo de ordenamiento para regular la administración de justicia. El artículo 248 determinaba la existencia de un fuero único para toda clase de personas, exceptuando el que se refería a eclesiásticos y militares. En cuanto a la organización, debe distinguirse entre el Supremo Tribunal de justicia, con competencia sobre todo el territorio, y las audiencias, como órganos autónomos con atribuciones para concluir las causas de que conocieran los órganos inferiores de su propio territorio.

 

         La Constitución preveía como órganos territoriales inferiores a jueces en las cabezas de partido y alcaldes en todos los pueblos, quedando sus atribuciones a lo que dispusieren las leyes.

 

         En octubre de 1812 se expidió en Cádiz el “reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia”. En él se estableció la organización de los órganos judiciales que acabamos de aludir: audiencias territoriales, jueces letrados de partido y alcaldes constitucionales de los pueblos. La Audiencia de México se componía de un regente, 12 ministros y dos fiscales, constando de dos salas civiles y una criminal, integrada cada una por cuatro ministros.

 

         Al volver Felipe VII al trono español mandó derogar la Constitución de Cádiz; consecuente con esta acción, el entonces Virrey Calleja emitió en diciembre de  1814 el bando que restablecía el sistema judicial al estado que guarda al primero de mayo de 1808.

 

         El 22 de octubre de 1814 se sancionó el “decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana”. En sus artículos 11 y 12 distinguía las funciones de creación, ejecución y aplicación de leyes a casos concretos, confiriendo esta última al Poder Judicial. El poder judicial se dividía en un Supremo Tribunal de Justicia, en juzgados inferiores y en un tribunal de residencia. En cuanto al primero, su composición originaria fue de cinco miembros, dos fiscales letrados y los secretarios respectivos. La duración en el cargo de los cinco miembros era de tres años, sin posibilidad de reelección. Su competencia se restringía, sobre todo, al conocimiento de la segunda o tercera instancia de los asuntos civiles y criminales y de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos. Los jueces se dividían en nacionales y de partido, los que eran nombrados para periodos trienales por el Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de provincia. El tribunal de residencia se componía por siete jueces que el Congreso elegía por sorteo de entre las personas propuestas por cada provincia, los cuales duraban en el cargo dos años; sus funciones eran las de conocer de los juicios de residencia y de los delitos de herejía, apostasía y contra el Estado.

 

         En 1821, en el Plan de Iguala, del 24 de febrero, en los Tratados de Córdoba, de 24 de agosto, y en el Decreto de la Junta Provisional de Gobierno, de 5 de octubre, se estableció la permanencia de aquellas autoridades públicas que no se opusieren a tales ordenamientos. En el periodo de culminación de la Independencia, la justicia se administraba conforme al ya mencionado reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia de 1812. aun cuando el 8 de abril de 1823 el Soberano Congreso Constituyente Mexicano declaró insubsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, el 23 de junio decretó el establecimiento provisional del Supremo Tribunal de Justicia, otorgándole las mismas atribuciones que le conferían la Constitución y leyes vigentes en ese momento. Se integraba por tres salas: la primera, compuesta por tres individuos, y las dos restantes por cinco, quienes eran designados por el Congreso.

 

         El 31 de enero de 1824 se promulgó el “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”. En su artículo 9 se consignó la división del poder supremo de la federación en legislativo, ejecutivo y judicial. Respecto de este último se limitó a señalar en el artículo 18 que su ejercicio se deposita en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerán en cada estado; reservándose demarcar en la constitución las facultades de esta suprema corte. En el artículo 23 ordenaba que el Poder Judicial de cada Estado se ejercería por los tribunales que establecieran su respectiva Constitución y (artículo 30) la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.[10]

 

         La Constitución federal de 4 de octubre de 1824 dividía también el Supremo poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Judicial de la Federación residía en una Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los juzgados de Distrito. La corte se componía de once ministros distribuidos en tres salas y un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgaba conveniente.

 

         Las atribuciones de la Corte Suprema eran las siguientes:

  1. Conocer de las diferencias que pudieran haber de uno a otro Estado, siempre que las redujeran a un juicio verdaderamente contencioso en que debiera recaer formal sentencia;
  2. De las diferencias que se suscitaren entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados;
  3. Terminar las disputas que se suscitaran sobre contratos o negociaciones celebrados por el Gobierno supremo o sus agentes;
  4. Sobre paso o retensión de bulas pontificias, expedidos en asuntos contenciosos;
  5. Dirimir las competencias que se suscitaran entre los tribunales de la federación y entre éstos y los de los Estados o entre os de un estado y los de otro;
  6. Conocer de las causas criminales en contra del presidente y vicepresidente de los diputados y senadores y de los secretarios de despacho que se promovieran en los casos señalados en la propia Constitución;
  7. De los negocios civiles y criminales de los empelados diplomáticos y cónsules de la República y de las causas de almirantazgo;
  8. Presas de mar y tierra, contrabandos, crímenes cometidos en alta mar;
  9. Ofensas en contra de la nación, de los empleados de hacienda y justicia de la federación y de las infracciones a la Constitución y leyes generales. Una ley debía determinar el modo y grado en que debiera conocer la Suprema Corte en los casos señalados.

 

         Los tribunales de circuito se componían de un juez letrado y un promotor fiscal y de dos asociados; según fijaban las leyes les correspondía conocer: de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, contrabandos, crímenes cometidos en alta mar, ofensas en contra de la nación, causas en contra de los cónsules y causas civiles en los que estuvieran interesada la federación cuyo valor pasare de quinientos pesos. Estos negocios estaban sujetos ala inspección de la Suprema Corte.

 

         Los jueces de Distrito conocían sin apelación de todas las causas civiles en que estuviera interesada la federación, cuyo calor no excediera de quinientos pesos y, en primera instancia, de todos los casos en que debieran conocer, en segunda instancia, los tribunales de circuito.

 

         El artículo 160 establecía que el poder judicial de cada Estado se ejercería por los tribunales que estableciera su respectiva constitución y que, todas las causas civiles o criminales que pertenecieran al conocimiento de estos tribunales, serían fenecidos en ellos hasta su última instancia y ejecución de su última sentencia.

 

         Fue en la ley de 27 de agosto de 1824, en la que, tomando en cuenta la necesidad en que se encontraba la nación de organizar cuanto antes la administración de justicia general, se ordenó que a partir del 1ero de noviembre inmediato siguiente, procedieran las legislaturas de los Estados a elegir a los individuos que debía componer el Supremo Tribunal, con arreglo a las siguientes bases:

 

a)     Habría una Corte Suprema de Justicia, compuesta de once ministros, distribuidos en tres salas. Una vez elegidos los designados, serían perpetuos, y solamente removidos con arreglo a las leyes.

b)     La elección se haría en un mismo día por las legislaturas de los Estados, a pluralidad absoluta de votos.

La suprema corte de justicia debería tener un presidente elegido de entre los Ministros que la componían, que debería durar en su encargo dos años, aunque podía ser reelecto.

 

         Durante el periodo centralista el régimen judicial hubo de modificarse por razones obvias. En las bases para la nueva constitución, establecidos en octubre de 1835, en el artículo 7 se determinó que el poder judicial residiría en una Suprema Corte y en tribunales y jueces, con las características que determinaran las leyes constitucionales. Como se sabe, estas leyes fueron establecidas el 29 de diciembre de 1836, correspondiendo la quinta la poder judicial. La Suprema Corte se componía de cinco ministros y un fiscal, elegidos por el mismo sistema que le presidente de la república. Entre las atribuciones que le correspondían destacaban:

 

  1. Conocer de las causas seguidas contra miembros del supremo poder conservador, presidente de la república, diputados, senadores, secretarios de despacho, consejeros, gobernadores y magistrados de los tribunales superiores de los departamentos;
  2. Dirimir las controversias entre tribunales de los distintos departamentos o fueros; conocer del recurso de nulidad interpuesto en contra de sentencias dictadas por los tribunales superiores de los departamentos;
  3. Conocer de los recursos de protección y fuerza;
  4. Nombrar a los miembros de los tribunales superiores de los departamentos; presentar iniciativas de ley en su ramo;
  5. Apoyar o contradecir opiniones de indulto y opinar en diversas cuestiones eclesiásticas. La propia Corte, asociada con oficiales militares, hacía las veces de tribunal militar.
  6. Además podía declarar por excitación del Congreso, la incapacidad física o moral del presidente;
  7. Suspender a la alta corte de justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, cuando desconociera a alguno de ellos o tratare de trastornar el orden público;
  8. Suspender hasta por dos meses las sesiones del congreso general, llamando, en su caso, a los suplentes, cuando conviniera al bien público, a pedimento del poder ejecutivo;
  9. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de los tres poderes o a los tres, cuando hubieran sido disueltos revolucionariamente;
  10. Declarar, excitado por el poder legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros dos poderes, cuál era la voluntad de la nación;
  11. Declara, excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo estaba el presidente de la república en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la nación;
  12. Dar o negar la sanción a las reformas de la Constitución que acordare el Congreso;
  13. Calificar las elecciones de los senadores y nombrar, el día primero de cada año, dieciocho letrados para juzgar a los ministros de la alta corte de justicia y de la Corte Marcial en el caso, y previo el cumplimiento de los requisitos constitucionales para esas causas.

 

         La ley de  23 de mayo de 1837 arregla la administración de justicia, ordenando que la Suprema Corte se divida en tres salas, la primera compuesta de cinco ministros, y las otras dos, de tres cada una, y correspondía a ella desempeñar económicamente y sin forma de juicio, las atribuciones que le asignaban las leyes constitucionales, entre las que figuraban la intervención en la designación de los senadores (art. 23); la iniciativa en la formación de las leyes, en lo relativo a la administración de su ramo, respecto de leyes declaratorias de otras leyes, y dictaminar sobre las iniciativas de leyes en materia que le concerniera a la suprema corte.

                           

          En las bases orgánicas de 1843[11], el poder judicial se depositó en una Suprema corte, en los tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos y en los demás que establecieran las leyes. Se precisó además que subsistían los tribunales de hacienda y minería.

 

         Por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia, ésta estaba integrada por once ministros y un fiscal. Los requisitos para ser ministro eran:

  1. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.
  2. Tener cuarenta años cumplidos.
  3. Ser abogado recibido y haber ejercido la profesión por espacio de diez años en la judicatura, o quince en el foro con estudio abierto y no haber sido condenado por algún crimen o delito con pena infamante.

 

Por otra parte señaló que la corte no podía participar en asuntos de gobierno o económicos, y los ministros que la integraran no podían desempeñarse como apoderados o abogados patronos.

 

Con el triunfo del Plan de la Ciudadela de 1846, se restableció la vigencia de la Constitución de 1824, por lo cual el poder judicial hubo de organizarse y funcionar de conformidad con las disposiciones ya señaladas. Por este motivo, el Congreso estableció en febrero de 1847 que la Suprema Corte debía remitir a los tribunales estatales los asuntos que les correspondieran. También en febrero, se declaró formalmente en vigor la Constitución de 1824, con las modificaciones introducidas mediante el decreto del 21 de diciembre de 1846. Semanas después, el Congreso aprobó el “acta de reformas constitucionales”, incorporando las famosas propuestas hechas por don Mariano Otero. En cuanto a la suprema corte de justicia se estableció la posibilidad de elección directa de los ministros; la atribución de someter a examen de las legislaturas de los estado las leyes estimadas inconstitucionales y hacer, en su caso, la declaratoria correspondiente, y a amparar y proteger a los mexicanos en el uso y goce de las garantías constitucionales, junto con el resto de los tribunales federales.

 

“En el artículo 19 se establecía que los tribunales de la Federación ampararían a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que les concedía la constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes ejecutivo y legislativo, ya de la Federación o de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que versare el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare”.[12]

 

La Constitución de 1857. en el artículo 90, estableció que el ejercicio del poder judicial de la federación se depositaba en una corte suprema de justicia y  en los tribunales de circuito y de distrito.

Lo que se refiere a la Suprema Corte se integraba con once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general.  Los integrantes de la Corte duraban en su encargo seis años y se elegían indirectamente en primer grado. Además debían reunir los siguientes requisitos:

1.     Estar instruidos en la ciencia del derecho.

2.     Ser mayor de 35 años.

3.     Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos.

Dicha suprema Corte fue instalada por el Congreso el 21 de noviembre del mismo año, siendo don Benito Juárez su presidente.

 

En cuanto a la competencia de los tribunales de la Federación el artículo 96 señaló que conocerían:

1.           De las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales.

2.           De las que versaran sobre derecho marítimo.

3.           De aquellas en que la Federación fuera parte.

4.           De la que se suscitaren entre dos o más estados.

5.           De las que se suscitaren entre un estado y otro o más vecinos de otro.

6.           De las del orden civil o criminal que se suscitaren a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.

7.           De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

 

Se precisó además que le correspondería a la Suprema Corte conocer desde la primera instancia, las controversias que se suscitaran de un estado con otro, y de aquellas en que la Unión fuera parte. También conocería de los conflictos competenciales suscitados entre los tribunales de la federación, entre éstos y los de los estados o entre los de un estado y otro. Se especificó también, que en lo demás casos, competencia de los tribunales federales, la corte actuaría como tribunal de apelación o en última instancia.

 

         El artículo 101 de la ley fundamental en comentó, se constituyó como el fundamento constitucional del juicio de garantías al prever que le correspondería a los tribunales de la federación resolver las controversias que se suscitaren por leyes o actos de cualquier autoridad que violaren garantías individuales, o que proviniendo de la autoridad federal vulneraren o restringieran la soberanía de los estados, o proviniendo de la autoridad de éstos invadieran la esfera federal.

 

         Por su parte el artículo 102 señaló principios del juicio de amparo al precisar que éste se seguiría a instancia de parte agraviada, por medio de los procedimientos y formas que determinara la ley, y la sentencia que se dictara sólo se ocuparía de los individuos particulares, limitándose a ampararlos en el caso especial sobre el que versare el proceso, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que lo motivó.

 

         Expedido el 29 de julio de 1862 se constituyó como una ley orgánica que precisó la organización y funcionamiento de la Corte así como su composición, además de lo relativo a las ausentas y suplencias de sus integrantes.

 

Los aspectos más relevantes de este reglamento:

  1. La definición del quórum de asistencia y votación.
  2. La imposibilidad de recusación de los ministros.
  3. La precisión de las competencias de las salas.
  4. Las atribuciones del presidente.
  5. La asignación de competencias a ciertos ministros como el semanero y el fiscal.
  6. Y el régimen laboral de los empleados y subalternos.

 

         Así, la Corte podía funcionar en pleno o en salas, el primero se integraba de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, el fiscal y el procurador general. Para las resoluciones que tomara el Pleno bastaba la presencia de seis ministros y se tomaría por mayoría de votos presentes, teniendo voto de calidad el presidente de la Corte.

         El pleno de la Corte, de acuerdo con la norma en comento, se encargaría de:

  1. Dar curso a las consultas que sobre leyes le dirigieran los tribunales de la federación al congreso de la unión.
  2. Decidir sobre las reclamaciones que se hicieran contra las providencias dictadas por el presidente de la Corte.
  3. Nombrar a los dependientes de la Corte.
  4. Proponer ternas al Supremo Gobierno para el nombramiento de los jueces de la Federación.
  5. Conceder licencias a sus subalternos.
  6. Erigirse en jurado en los casos previstos por la Constitución.

 

Señaló también este reglamento lo referente a la conformación de las salas y lo relativo a la celebración de sus sesiones y precisó que a la primera sala le correspondería:

  1. Examinar a los abogados y escribanos.
  2. Conocer de los recursos de nulidad de sentencia que pronunciaran otras salas.
  3. Resolver de las competencias entre jueces del Distrito federal.
  4. Conocer de la tercera instancia de todos los negocios que la admitieran.
  5. Conocer de las excusas y recusaciones de los ministros de la misma corte.
  6. De los demás asuntos que previera la ley.

 

Además, se encargó de precisar las atribuciones del presidente de la Corte, del ministro semanero, del fiscal y del procurador general, además de establecer lo referente a los puestos de secretarios generales, escribanos, porteros y mozos del tribunal.

 

Durante la intervención francesa el 10 de abril de 1865 Maximiliano de Habsburgo expidió el estatuto provisional del imperio mexicano, en lo relativo a los tribunales señaló que la justicia sería administrada por los tribunales que determinara una ley orgánica; los jueces y magistrados que se designaran con el carácter de inamovibles no serían destituidos sino en términos de ley y gozarían de absoluta independencia.

 

Se estableció además la existencia de un Tribunal de Cuentas que tramitaría todas aquellas cuentas que se le pasaran al emperador, su jurisdicción se expandía a todo el imperio.

 

Por otra parte el Imperio de Maximiliano expidió un documento en el que reconocía las garantías individuales de los ciudadanos, una ley para dirimir las diferencias sobra las tierras y aguas entre los pueblos, y una ley de lo Contencioso Administrativo y su reglamento.

 

El 18 de septiembre de 1866 en la Restauración de la República, el presidente Benito Juárez, expidió el Decreto que deroga el relativo ala supresión de los juzgados de Distrito y tribunales de Circuito, los cuales se restablecerían en los Estado respectivos.

 

Por otra parte, el 1ero. de agosto de 1867, Benito Juárez, en su carácter de Presidente de la República, emitió el Decreto que ordena el restablecimiento de la Suprema Corte, haciendo la designación de sus integrantes interinos en tanto se procedía a su elección. Precisando además que esta Corte ejercería las atribuciones del Tribunal Superior del Distrito Federal.

 

Por otra parte es importante señalar que el 20 de enero de 1869 se expidió la ley orgánica sobre el recurso de amparo, el cual sería competencia de los tribunales federales.

 

         El 29 de mayo de 1884 se reformó el artículo 97 constitucional en su primera fracción, estableciéndose los antecedentes de la jurisdicción concurrente, pues se estableció que los tribunales federales conocerían de las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, excepto en el caso que sólo se afectaran intereses particulares, pues entonces serían competentes los jueces y tribunales locales.

 

         El 14 de noviembre de 1895 se expidió el Código de Procedimientos Civiles Federales, en el que se precisó que el Poder Judicial de la Federación se ejercería por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de Circuito y los juzgados de Distrito.

 

         Se reguló la forma de integración de los órganos de referencia, señalándose que los tribunales de circuito serían unitarios y al frente de los juzgados existiría un juez federal. Los nombramientos de los magistrados y de los jueces correspondía al Ejecutivo mediante terna presentada por la Suprema Corte de Justicia. Este código además se ocupó de precisar los circuitos y la división en distritos como circunscripciones jurisdiccionales federales.

 

         La suprema corte contaba con un presidente y un vicepresidente, funcionaba en pleno o en salas, siendo estas últimas tres, la primera compuesta por cinco ministros y las restantes por tres. Al tribunal pleno le correspondía, tal como lo señalaban los artículos 49 y 53, conocer de los amparos, mientras que las salas conocían: la primera, de las competencias suscitadas entre tribunales de la federación, estado o territorios y de la casación y de las excusas y recusaciones de los ministros; la segunda, de las controversias entre dos o más estados y de aquellas en que la federación fuese parte y de las causas de responsabilidad de determinados funcionarios del poder judicial y  la tercera, conocía en primera instancia de los asuntos que debieran corresponder en segunda instancia a la segunda sala.

        

         En el código de procedimientos federales del 6 de octubre de 1897, se desarrolló lo relativo al juicio de amparo, señalando en lo que nos interesa que era juez competente para conocer de él, el juez de Distrito en cuya demarcación se ejecutare o se pretendiera ejecutar el acto reclamado.

 

         El 22 de mayo de 1900 se reformó de nuevo la constitución federal, en lo referente al poder judicial y se estableció que la suprema corte de justicia se integraría de quince ministros y le correspondería a la ley establecer la organización y funcionamiento de los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el ministerio público de la federación.

 

         El 13 de octubre de 1900 se expidió el Código de procedimientos federales, en el cual se precisó la nueva integración de la corte con quince ministros, por lo que la corte para funcionar en pleno requería la presencia de nueve ministros. Se reguló también lo referente a los tribunales de circuito que seguirían siendo unitarios, y los juzgados de distrito al frente de los cuales estaba un juez federal.

 

         En el artículo 46 del ordenamiento de referencia se estableció que era competencia de los tribunales federales, conocer de las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, excepto que sólo afectaran intereses particulares; de las que versaran sobre derecho marítimo; de las que en la federación fuera parte; de las que se suscitaran entre un estado y otro; de las que se suscitaran sobre la aplicación de tratados internacionales y de las concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

 

         En el texto original de la Constitución 1917, en su capítulo IV se reguló lo referente al Poder Judicial de la Federación, el cual recaía en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de amparo y Unitarios en materia de apelación y en juzgados de distrito.

 

         Al desaparecer la Secretaría de Justicia, se siembra la semilla de un poder judicial más fuerte e independiente. La Constitución de 1917 dedica el capítulo IV, al poder judicial federal, el cual a través de este siglo ha tenido cambios en su estructura orgánica basados en las reformas constitucionales y en las de las leyes orgánicas que le han reglamentado.

 

         La elección de los integrantes de la Suprema Corte estaba a cargo del Congreso de la unión, el que funcionaba en Colegio Electoral, y designaba como ministros de entre los candidatos propuestos por las legislaturas de los estados, dando con esto autonomía en la designación en relación con el Ejecutivo Federal.

 

         El texto consagró el principio de inamovilidad de los integrantes de ese poder, los cuales no podrían ser destituidos, sino cuando observaran mala conducta y previo el juicio de responsabilidad respectivo, lo anterior aplicable a partir de 1923.

 

         Se profesionalizó a nivel constitucional el cargo de ministros, requiriéndose para ocupar este alto cargo, el título de abogado. Para ser electo ministro se requería:

  1. ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
  2. no tener más de sesenta y cinco años cumplidos ni menos de treinta y cinco.
  3. poseer al día de la designación título profesional de abogado con una antigüedad mínima de cinco años.
  4. gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal mayor de un año de prisión, pero si se tratare de algún delito que lesione la buena fama en el concepto público se inhabilitaría para el cargo.
  5. haber residido en el país durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de la designación.

 

 Desde el momento en que la constitución entro en vigor, hasta hoy en día, se han producido diversas modificaciones constitucionales que inciden en la estructura y organización del poder judicial. La última, vigente a partir de 1995, transformó sustancialmente su estructura, organización y competencia e implicó cincuenta y cuatro mutaciones constitucionales a través de cuarenta y seis reformas, cinco adiciones y tres derogaciones al texto constitucional.

 

El artículo 94, establece la estructura del Poder Judicial de la Federación, este artículo ha sufrido diversas reformas entre las que se encuentran:

 

a)     La de 1928, en la que el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia se divide en Pleno y en Salas, creándose para esto tres salas de cinco ministros cada una, elevándose el número de once que decía el texto original a dieciséis integrantes.

b)     En la reforma de 1934, se aumentó el número de miembros de la Suprema Corte a veintiún ministros para la creación de la cuarta sala.

c)      El 30 de diciembre de 1950, se promulgó una de las reformas constitucionales al Poder Judicial de mayor importancia, pues crean los tribunales Colegiados de Circuito, que conocerían de amparo, especificando el texto constitucional que los tribunales unitarios serían de apelación, además se aumentó nuevamente el número de ministros, con cinco ministros supernumerarios para abatir el rezago existente, quedando en veintiséis, no integrando en ningún caso estos miembros supernumerarios, el Pleno del máximo tribunal en mención.

d)     En la reforma de 1967, los ministros supernumerarios podían ya formar parte del pleno, en suplencia de los ministros numerarios. En lo concerniente a la jurisprudencia se amplió su alcance a las leyes y reglamentos locales, y además porque los criterios competenciales entre la suprema corte y los tribunales colegiados de circuito se definió a través de criterios patrimoniales y materiales; la suprema corte conocía de asuntos de cuantía superior a $100,000.00 en material civil y de $50,000.00 en material administrativa, así como de los relativos al derecho familiar y penales.

e)     En 1987, como consecuencia de la gran reforma legal impulsada por el entonces presidente de la república, Miguel de la Madrid, se le confiere la facultad a nivel constitucional al pleno de la suprema corte de justicia para determinar el número, división en circuitos y jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Es importante acotar que las leyes orgánicas del poder judicial de la federación anteriores a 1985, contemplaban en la ley secundaria el número de circuitos, su jurisdicción y número de órganos jurisdiccionales, con la reforma en cuestión es una atribución del pleno de la corte, el hacer lo anterior.

Además se estableció una competencia exclusiva para los tribunales colegiados de circuito en los asuntos en materia de legalidad, salvo aquellos donde la corte ejerciera la recientemente creada “facultad de atracción”, reservándose para esta última el conocimiento de los amparos en revisión de las resoluciones dictadas en amparo directo e indirecto, siempre que subsistiera un problema de constitucionalidad.

f)       Diciembre de 1994, se incorpora la figura del Consejo de la Judicatura Federal, otorgándole en lo sucesivo las facultades relativas a la determinación del número, jurisdicción, competencia por materia de los tribunales federales (juzgados de distrito y tribunales de circuito), atribuciones que hasta antes de diciembre de 1994, eran del pleno de la suprema corte.

 

En cuanto al artículo 97 en su texto original establecía:

 

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados por la suprema corte de justicia de la nación, tendrán los requisitos que exija la ley, durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo y o podrán ser removidos de éste, sin previo juicio de responsabilidad o por incapacidad para desempeñarlo, en los términos que establezca la misma ley.

 

         La suprema corte de justicia podrá cambiar de lugar a los jueces de distrito, pasándolos a un distrito a otro o fijando su residencia en otra población, según lo estime conveniente para el mejor servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose de los magistrados de circuito.

 

         En las reformas de 1928 y 1940, se suprimió del texto constitucional la duración del cargo, y es hasta 1951, cuando se reincorpora dicho concepto, sólo pudiendo ser separados de su cargo, en términos de la parte final del artículo 111 de la misma ley. En 1982, se modificó, estableciendo que sólo podrán ser privados de sus puestos en términos del título cuarto constitucional; y a seis años se amplio el tiempo de duración de los encargos, en la reforma de 1987.

 

         El enorme rezago de expedientes que se fue acumulando obligó en varias ocasiones a aumentar el número de ministros, que llegó a ser de 26, a permitir el funcionamiento de la Suprema Corte en pleno o en salas, a la creación de tribunales colegiados de circuito a los cuales paulatinamente se les fue ampliando su competencia hasta casi tener el total del control de la legalidad. Todas las reformas fueron insuficientes, porque el rezago continuaba creciendo, hasta la reforma de 1988, que convirtió a la Suprema Corte en un tribunal constitucional. Entonces también se pensó en reducir el número de integrantes de la suprema corte porque realmente no es conveniente ni necesario que un tribunal constitucional opere con un número crecido de miembros. Sin embargo, en 1988 no se tocó este aspecto ante la resistencia del os propios ministros de la suprema corte, quienes en su mayoría estaban convencidos de los principales aspectos de esa reforma, pero la condición –nunca dicha expresamente—para su anuencia, fue precisamente que se conservara la integración de la suprema corte sin reducción alguna del número de los ministros.[13]

 

         La reforma al poder judicial federal de 1988 fue muy importante, se dieron varios pasos hacia delante y quedó claro que aún faltaban aspectos trascendentes por dilucidar, los cuales se dejaban para una reforma ulterior, como son, entre otros, la reducción del número de ministros de la suprema corte; los aspectos erga omnes de la sentencia de amparo y el refuerzo de los procesos que integran el contenido de la jurisdicción constitucional mexicana.

 

         La exposición de motivos de la iniciativa presidencial de 1994 expresa que con la reducción de ministros de la suprema corte se pretende que la misma sea un órgano más compacto y altamente calificado. Estoy de acuerdo con dicha reducción y con el número de once por que:[14]

 

a)     Los tribunales o cortes constitucionales realizan una labor altamente especializada y para ello no es necesario, sino hasta perjudicial, un número elevado de sus integrantes.

b)     En la discusión de un asunto determinado para tener  diversos puntos de vista es suficiente cinco, siete, nueve, once o trece participantes.

c)       Estos órganos no deben ocuparse de materias ajenas a la interpretación constitucional.

d)     En México el proyecto Brena Torres de 1959 ya proponía una suprema corte integrada por once ministros, precisamente porque en ese proyecto se intentaba estructurar a la suprema corte como un tribunal constitucional.

e)     La experiencia que se encuentra en el derecho comparado: las cortes y los tribunales constitucionales se integran con un número reducido de magistrados que generalmente no pasan de once.

 

La función primordial de un tribunal constitucional es la defensa de la ley suprema: por ello, sus atribuciones y competencias, así como los efectos de sus resoluciones, lo colocan en una posición jerárquicamente superior a los tres poderes tradicionales, los cuales están obligados a acatar sin excusa las resoluciones del tribunal constitucional, ya que su fuerza es la fuerza misma de la constitución, del orden jurídico, del Estado de derecho, o, si se quiere, teniendo en cuenta las ideas de Hans Kelsen aplicadas al sistema constitucional mexicano a partir de 1988, el tribunal constitucional nuestro –la Suprema Corte de Justicia – no es un órgano de la Federación, sino de la unidad del estado federal –del cual la federación es sólo una de las partes constitutivas--. La suprema corte de justicia garantiza el cumplimiento y la eficacia de la Constitución, ya que si alguno de sus preceptos es violado, éste puede ser resarcido o remediado a través de los diversos procedimientos y procesos que integran la jurisdicción constitucional mexicana.

         En consecuencia, nuestra actual Suprema Corte deberá ocuparse casi exclusivamente de la interpretación constitucional, de aquellos asuntos que se refieren a la norma y procesos constitucionales.

 

Otro cambio realmente mayor y de gran importancia de esta reforma constitucional fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano responsable del gobierno y de la administración del Poder Judicial Federal excluida la Suprema Corte.

 

Atendiendo a las reglas de su organización y a las atribuciones que la Constitución asigna al Consejo de la judicatura Federal, resulta que es una entidad formalmente jurisdiccional porque comparte la titularidad del Poder judicial Federal con la Corte, los tribunales colegiados y unitarios y los juzgados de distrito. Sin embargo, desde la perspectiva material, es un órgano administrativo con excepcionales funciones jurisdiccionales. Por una parte, tiene a su cargo el desarrollo de facultades de nombramiento, adscripción y remoción de magistrados y jueces, de programación del presupuesto de gasto del Poder Judicial, con excepción del correspondiente a la Suprema Corte y otras atribuciones semejantes que son de naturaleza administrativa; pero también dispone de la facultad de resolver las controversias laborales que se susciten entre los servidores públicos del poder judicial y éste, excepto en las que sea parte la Suprema Corte[15].

 

Como la misma Constitución dispone en su artículo 100 el Consejo de integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte, quien también los será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los tribunales Unitarios de Circuito y un juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser  personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.

 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

 

Salvo  el Presidente del consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no  podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrado y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglar que establezca la ley orgánica respectiva.

 

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte corresponderá a su Presidente.

 

 

 

Las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura,  son las siguientes:

a)     Determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.

b)     Nombrar y adscribir, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito. Esta facultad es especialmente delicada e importante, y debe señalarse que no puede ser ejercida en forma arbitraria, sino con criterios objetivos y la ley respectiva habrá de ser muy precisa. Todo el nuevo sistema se caerá si el Consejo de la Judicatura no es muy escrupuloso al aplicar los criterios para esos nombramientos y adscripciones: es preciso que actúen con objetividad, pues el sistema tiene que fundarse en méritos y sólo en méritos de los presuntos juzgadores.

c)      Investigar forzosamente la conducta de algún magistrado o juez, si así lo solicitara la Suprema Corte.

d)      Recibir, en su caso, las protestas constitucionales de magistrados y jueces federales al inicio del ejercicio de su cargo.

e)     Administrar, vigilar y disciplinar a los miembros del poder judicial federal, con excepción de los de la Suprema Corte.

f)       Remover a los magistrados y jueces federales. La mayoría de las facultades del Consejo son de Carácter administrativo, pero ésta realmente reviste un carácter jurisdiccional.

g)     Desarrollar la carrera judicial, de acuerdo con las bases que la ley establecerá para la formación y actualización de los funcionarios, y la cual se deberá para la formación y actualización de los funcionarios, y la cual se deberá regir de acuerdo con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

h)     Expedir acuerdo generales para el adecuado ejercicio de sus atribuciones conforme lo deponga la ley. Ésta es una función legislativa extraordinariamente importante que le permitirá ir estableciendo criterios y normas respecto a las funciones que tiene establecidas.

i)       Elaborar el presupuesto del Poder Judicial Federal, salvo el de la Suprema Corte.

j)       Resolver los conflictos laborales entre el Poder judicial de la Federación y sus servidores, salvo los casos de la Suprema Corte de Justicia.

 

Otra gran parte de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 se refiere a la jurisdicción constitucional mexicana, y en  este sector también las modificaciones son de gran trascendencia, ya que la finalidad que se persigue es el fortalecimiento de la defensa de la Constitución. La reforma:

a)     Revive a uno de los procesos integrantes de nuestra jurisdicción constitucional: la controversia constitucional, que desde 1917 se encuentra en el artículo 105 constitucional, pero que ha sido muy poco utilizada por que nuestra ley fundamental se refería a ella en términos generales que nunca fueron reglamentados a través de la ley respectiva que no llegó a expedirse.

b)     Crea una nueva garantía procesal de defensa constitucional: el Recurso de Inconstitucionalidad.

c)      Reglamenta aspectos diversos de nuestro más efectivo medio para controlar la constitucionalidad de leyes y actos: el juicio de amparo, especialmente en lo referente a una cuestión nodal: el incumplimiento de las sentencia de amparo.

La Suprema Corte, interpretando el precepto, se declaró competente para conocer controversias entre un estado y uno de sus municipios, tal y como resolvió en 1994 en relación con la controversia planteada por el municipio de Delicias contra el gobierno del estado de Chihuahua respecto a aspectos competenciales del registro civil.[16]

 

Pero que es o que significa la controversia constitucional?, según el ministro Juventino V. Castro, “las controversias constitucionales son procedimientos planteado en forma de juicio ante la suprema corte de justicia de la nación, accionables por la federación o los cuerpos de carácter municipal, y que tienen por objeto solicitar la invalidación de normas generales o de actos no legislativos de otros entes oficiales, alegándose que tales norma o actos no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado; o bien reclamándose la resolución de diferencias contenciosas sobre límites de los Estados; con el objeto de que se decrete la legal vigencia o la invalidez de las normas o actos impugnados, o el arreglo de límites entre Estados que disienten; todo ello para preservar el sistema y la estructura de la Constitución política[17]”.

 

Se puede afirmar que las características de la Controversia Constitucional son:

a)     Acontecer entre dos o más entidades públicas.

b)     Respecto a la competencia constitucional de sus actos.

c)      El acto o  ley impugnada, causa, por el solo hecho de su realización, un perjuicio y sólo está procesalmente legitimado para ejercer la acción la entidad pública afectada y no un particular, en virtud de que invadió facultades que no le están atribuidas.

d)     Normalmente los efectos de la resolución son erga omnes.

e)     Se refuerza la situación de la Suprema Corte como tribunal constitucional y órgano de la unidad del estado federal al decidir suprapartes en conflicto, entre entidades que integran al propio estado federal.

 

Dicha Controversia Constitucional se encuentra en el artículo 105 Fracción I de la Constitución, refiriendo:

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes.

 

I.                   De las Controversias Constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a)     la federación y un estado o el distrito federal.

b)     La federación y un municipio.

c)      El poder ejecutivo y el congreso de la unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal.

d)     Un Estado y otro.

e)     Un Estado y el Distrito Federal.

f)       El Distrito Federal y un municipio.

g)     Dos municipios de diversos Estados.

h)     Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

i)       Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

j)       Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

k)     Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnados por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos C, H y K anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de justicia  que las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

 

La fracción II del artículo 105 constitucional crea en México una nueva garantía procesal integrante de la jurisdicción constitucional mexicana y dice que la suprema corte de justicia conocerá de las Acciones de Inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

 

Las Acciones de Inconstitucionalidad son procedimientos planteados en forma de juicio ante la suprema corte de justicia de la nación, por órganos legislativos minoritarios o por el Procurador General de la República en los cuales se convierte la posible contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional, por una parte, y la Constitución, por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos constitucionales. Esta definición de Acción de inconstitucionalidad  es propuesta por el ministro Juventino V. Castro.

 

La creación de esta acción de inconstitucionalidad, a su vez, implica otra decisión constitucional muy importante: no tocar el juicio  de amparo respecto a los efectos relativos de su sentencia. El amparo contra leyes continúa estructurado de igual manera, conservando sus características esenciales de que la acción sólo la puede ejercitar un particular interés jurídico se afecta o puede afectarse por la ley que se considera inconstitucional, y los efectos de esa resolución sólo comprenden a quien ejercitó la acción de amparo. Parte importante de la doctrina mexicana se ha inclinado por que los efectos  de la sentencia de amparo contra leyes, tenga efectos erga omnes con diversas modalidades, pero especialmente hasta que se haya integrado jurisprudencia al respecto.

 

La Constitución señala en su artículo 105 fracción II los términos y procedimientos de la Acción de inconstitucionalidad:

 

         II. De las Acciones de Inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

 

Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los  treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma, por:

 

a)     El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.

b)     El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

c)      El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

d)     El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano.

e)     El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y

f)       Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgo.

 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse pro lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

 

         Parte importante de la reforma que se ha venido estudiando a los largo de este capitulo, esta la integración del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial Federal.
 
Apartir de 1986, con la reforma constitucional que en ese año aconteció en lo referente a la materia electoral, reformándose el artículo 60 de nuestra ley fundamental, modificando con ello la norma que permitía a la Suprema Corte intervenir en asuntos electorales, cuando se creó un órgano autónomo con competencia para conocer de la materia contenciosa electoral, el cual gozaba de una naturaleza jurídica similar a la del Tribunal Fiscal de la Federación.

 

Este Tribunal de lo Contencioso Electoral estaba integrado por siete magistrados numerarios y dos supernumerarios, nombrados por el Congreso de la Unión, a propuesta de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y previa aprobación del Senado, tal forma de integración hace suponer que los magistrados representaban a las fuerzas políticas más importantes dentro de nuestro país; el tribunal tenía un carácter temporal pues se disolvía al concluir el procedimiento electoral.

 

         Por lo que se refiere ala definitividad de resoluciones, éstas podían ser revisadas por las cámaras de Diputados y Senadores erigidas en Colegio Electoral.

 

         En 1990, mediante reformas constitucionales y legales, se transforma el marco jurídico-electoral en nuestro país.

 

         El tribunal de lo Contencioso Electoral se transformó en Tribunal Federal Electoral, implementando su estructura y sus funciones, otorgándosele la naturaleza de órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, encargado de garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujetaran al principio de legalidad.

 

         El Tribunal Federal Electoral estaba integrado por una sala central y cuatro salas regionales, cinco magistrados propietarios y dos suplentes conformaban la sala central y tres magistrados numerarios y un suplente integraban las regionales que tenían un carácter temporal. Los magistrados eran nombrados por el titular del Ejecutivo Federal requiriendo la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

 

         En la vigente legislación, se establecía que sus resoluciones  eran prácticamente definitivas, sólo podían ser modificadas (en lo referente a las inconformidades) por los Colegios Electorales, mediante votación calificada, y siempre y cuando existiera violación a las reglas de admisión y valoración de pruebas, y motivación del fallo o que éste fuera contrario a derecho.

 

         El Tribunal Federal Electoral conocía de los recursos de apelación en que se impugnaban actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral, y del recurso de Inconformidad en el que se objetaban los cómputos distritales y de la entidad federativa. Incluso la sala central de este órgano podía fijar criterios obligatorios (jurisprudencia).

 

         No es de reciente creación el Tribunal Electoral, aunque sí lo es su incorporación al Poder Judicial de la Federación, durante mucho tiempo el conocimiento de las controversias en materia electoral estuvo vedado para el Poder Judicial.

 

         Ante la falta de confianza y credibilidad al anterior Tribunal y preparando el escenario para las elecciones federales de 1997, el tribunal electoral fue apartado de la decisión del ejecutivo por lo que hace a la pertenencia orgánica y por supuesto, de designación de sus magistrados.

 

         La reforma en comento ye  consecuencia la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, traen aparejadas las siguientes consecuencias:

 

a)     Se fortalece el sistema de medios de impugnación en materia electoral, buscando garantizar así los principios de constitucionalidad y legalidad.

b)     Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal.

c)      Se fortalece la estructura orgánica del Tribunal Electoral.

d)     Se reconoce al Tribunal Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

e)     Se ratifica la competencia del Tribunal Electoral, ya que conocerá de las impugnaciones en materia electoral federal y de los conflictos laborales que se susciten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

f)       Se amplia además la jurisdicción, ya que conocerá de juicios de revisión constitucional y de juicios para la protección de derechos políticos-electorales de los ciudadanos.

g)     Sufre modificaciones el sistema de elección de magistrados.

 

Con objeto de garantizar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de la función jurisdiccional, los magistrados electorales que integran la sala superior y las regionales son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señala las reglas y el procedimiento correspondiente.

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funciona con  una sala superior así como con salas regionales y sus sesiones de resolución son públicas, en los términos que determina la ley. Cuenta tonel personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

 

La sala superior, tiene el carácter de permanente y se integra por siete magistrado electorales. Su sede se localiza en el Distrito Federal. El presidente del tribunal es elegido pro la sala superior, de entre sus miembros, par ejercer el cargo por cuatro años.

 

Las salas regionales se integran por tres magistrados, sólo funcionan durante el año electoral y tienen su sede en las ciudades cabeceras de cada una de las actuales cinco circunscripciones electorales plurinominales en las que se divide el país, esto es en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca.

 

Al  Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo dispone la ley, sobre:

 

a)     Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.

b)     Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estado Unidos Mexicanos que son resueltas en única instancia por la sala superior.

c)       Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales.

d)     Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales  y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.

e)     Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.

f)       Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores.

g)     Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

h)     La determinación e imposición de sanciones en la materia.

 

Con los antecedentes expuestos en este capitulo, podemos pasar a analizar la materia procesal constitucional mas a fondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

Formas de Solución de Conflictos

 


Desde  la edad antigua ha existido la forma de solucionar conflictos, con la diferencia de que aparecieron como repulsas brutales que desataron represalias sin limite; verdaderas acciones vengativas ejecutadas por quienes se consideraban ofendidos con la falta cometida. Con este tipo de antecedentes queda claro que en la vida primitiva llegó a presentarse la posibilidad de transgresión y con ella la aparición de sanciones. Todo castigo fue corporal. Esta era la única forma usada para reparar los daños. Por otra parte no es presumible que en aquellos estados primarios hubiesen existido soluciones pacíficas para zanjar las controversias, como después pudo suponerlas el derecho civil, una vez que éste apareció en el ámbito jurídico.

 

En la actualidad existen muchas formas de resolver los conflictos que surgen entre las personas, el más común es el acuerdo entre ambas, en donde consensan resolver el problema, de forma tal que no afecte más los intereses de ambas. Sin embargo no siempre sucede de esta forma y en muchas ocasiones los intereses de uno se imponen a los del otro; o en el mejor de los casos, un tercero falla a favor de una de las partes.

 

Los medios para solucionar los conflictos de intereses jurídicamente trascendentes, se clasifican en tres grandes grupos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición.

 

I. AUTOTUTELA

 

La autotutela es la manera  más primitiva de zanjar las dificultades entre los hombres.  Es la reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propia[18]. Se trata de una manifestación reiterada a lo largo de los siglos de que las pugnas de intereses se resuelven con la victoria del más fuerte, del más poderoso, del más violento, hábil o inteligente o algunas  o todo en conjunto; pero adviértase que no hemos empleado ningún valorativo o jurídico de que el vencedor sea el que tenga la razón o la justicia.[19]

 

Sobre la autotutela se ha dicho que es la herramienta más primitiva en la solución de los conflictos, el tomar lo que nos es debido, el aplicar la laye del talión es unilateral por naturaleza, en la actualidad opera ya únicamente en algunos aspectos. Don Cipriano, menciona entre muchos ejemplos como formas que han sobrevivido en la autotutela: la legítima defensa; la retención de equipaje; la defensa del honor; el controvertido asunto del aborto por causa de violación; el robo famélico; la huelga y desde luego la guerra y la revolución.[20]

 

La autotutela es la forma de resolver la controversia en sentido egoísta, hay autores que la llaman autodefensa, en esta las partes en conflicto resuelven el problema mediante su acción directa.[21]

 

Ello no supone que esa estimativa y legalidad se excluyan; en efecto, ocasionalmente podrá solucionarse el litigio (controversia de intereses, o como de modo magistral y condensado lo concibe Carnelutti: pretensión resistida) favoreciendo al justo o al que el derecho otorga la razón; más no será lo frecuente, sino lo excepcional, recuérdese cómo hasta dentro de los intentos de definición de la justicia, aparecen el de la ley del más fuerte; y así, “hacerse justicia por propia mano”, o la “tutela arbitraria de los propios derechos”, son en ocasiones venganzas, signos de rencor y violencia, que conducen no a una solución, sino a un “remedio” peor que la enfermedad que se trataba de aliviar.

 

De ahí que la autodefensa haya sido paulatinamente proscrita de las reglamentaciones jurídicas, por representar una fórmula agresiva y peligrosa que impone el sacrificio del interés ajeno y que fuese calificada de solución económica, materialista, con el germen de la disgregación que se realiza a través de la fuerza, a la que fácilmente recurre uno u otro de los interesados, o ambos a la vez, para hacer que prevalezca el interés propio sobre los otros. Cuando se emplea con tal finalidad, es justo dar a la fuerza el nombre de violencia.

 

También se ha tildado a la autodefensa de solución parcial (de parte interesada) y egoísta. Variando la óptica, se le clasifica en unilateral (legítima defensa) y bilateral (el duelo o la brutal guerra), según provenga la imposición del sacrificio del interés ajeno de uno o de ambos litigantes. Pasando a detalles semánticos, asimismo s ele denomina como autotutela.

 

En México, la prohibición de la venganza privada o autodefensa se ha elevado al rango constitucional, según reza el artículo 17 de nuestra Carta Magna: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

 

Alcalá-Zamora clasifica los casos de autotutela permitida de la siguiente manera:[22]

1.     En primer lugar, la autotutela puede funcionar como una réplica o respuesta a un ataque precedente. En ésta categoría se encentra la legítima defensa.

2.     La autotutela permitida también se puede manifestar como el ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, sin que su titular haya sufrido previo ataque. En éste grupo se ubican el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho.

3.     En tercer término, la autotutela también se puede presentar como el ejercicio de facultades atribuidas al mando para hacer frente a situaciones de excepción. En éste subgrupo se encuentran las facultades que otorgan a los capitanes de los buques; así como el cumplimiento de un deber y la obediencia jerárquica.

4.     Así mismo, la autodefensa se puede expresar como el ejercicio de una potestad de uno de los sujetos en litigio. En este subgrupo se suele ubicar la facultad disciplinaria, que se confiere a la Administración pública para imponer, por sí misma, sanciones administrativas.

5.     En quinto término, también se contempla la autotutela como un combate entre partes enfrentadas, que fían a la fuerza y no a la razón la decisión de sus diferencias. En ésta categoría encontramos al duelo.

6.     Por último, la autotutela también puede ser utilizada como un medio de presión o de coacción sobre la contraparte para lograr el prevalecimiento de los propios intereses. En éste grupo encontramos a la huelga o suspensión de labores.

 

II. AUTOCOMPOSICIÓN

 

         A diferencia de la solución personal y directa que se da en la autotutela, la autocomposición más típica resulta ser bilateral, en la medida en que se requiere que coincidan las voluntades de las partes en conflicto. La nota más característica de la autocomposición va implícita en su denominación, la solución nace y se agota entre las mismas partes, ya sea por una actividad unilateral, como sería el desistimiento o el allanamiento, o bilateral por la transacción del conflicto. Se podría decir que es la forma de solucionar los conflictos más humanizada, más perfecta, bien lo señalaron los viejos,” más vale el peor arreglo que el mejor pleito”. Sin embargo, para que opere no sólo se requiere de la buena voluntad de las partes, se requiere también esencialmente de no olvidar; de reconocer, mediante la inteligencia emocional, el compromiso social, el de no actuar de manera egoísta, individualista y pensar que como miembro de la sociedad, es más importante el bien común temporal al que se refería González Uribe[23], que el capricho personal que siempre en algún tiempo se revertirá en contra de su autor.

 

         Es un vocablo que difunde el genio del autor italiano Francesco Carnelutti, al que da dos connotaciones. Autocomposición en sentido lato es la solución que al conflicto de intereses (litigio, caracterizado por la pretensión de una de las partes, frente a la resistencia de la contraparte) proporciona uno o los dos contendientes; dicho de otra manera, es el arreglo al pleito proveniente de las mismas partes que tienen disposición de su derecho material.

 

         La autocomposición es un medio de solución parcial, porque proviene de una o de ambas partes en conflicto. La autocomposición es unilateral cuando proviene de una de las partes, y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. La autocomposición consiste en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de la contraparte. Alcalá-Zamora califica este medio de solución como altruista, porque a través de él se hace prevalecer el interés de la otra parte, el interés ajeno. Las partes resuelven ellos mismos, su problema, sin la intervención de terceros.[24]

 

         La autocomposición ha sido considerada también como una forma anormal de dar terminación al procedimiento (Rosenberg) –la normal es la sentencia- o como forma de dar fin al proceso de conocimientos (Alcalá-Zamora y Castillo).

 

         Empero, cabe examinar cada una de esas figuras típicas autocompositivas y determinar si el sacrificio del interés propio es con un ánimo de dar un fin pacífico al litigio y de favorecer a la contraparte, o bien pueden ser empleadas para esconder maniobras inconfesables.

 

a)     La renuncia o desistimiento de la acción procesal debe producirse en el período probatorio, sin requerir el consentimiento del demandado; al que hay que resarcir de los daños y perjuicios y costas procesales provocados por el actor; ya no podrá volver a intentar nuevo proceso contra el demandado, pues así se ha extinguido de manera permanente la fuerza del ataque (art. 34 CPCDF).

b)     Otra forma de autocomposición es el allanamiento, entendido como la actitud del demandado en que se extingue de manera total la resistencia al admitir los hechos, el derecho y la pretensión de la demanda del actor. Por lo que hay que distinguir al allanamiento de otras figuras que no concluyen el litigio, como la confesión, el reconocimiento y la sumisión.

c)      En el contrato de transacción (art. 2944 CCDF) que es una fórmula autocompositiva bilateral, ambas partes se hacen concesiones recíprocas para dirimir una controversia presente o para prevenir una futura. Por desgracia, no siempre es el puro desinterés altruista el que encamina las intenciones del arreglo, sino como ocurre, verbi gratia en materia laboral, donde en varios asuntos son sacrificados los legítimos derechos de los trabajadores que no resisten por mucho tiempo las presiones de los poderosos y se ven obligados a ceder en una mala transacción.

 

Sin embargo, el mismo autor hispano reconoce que, atendiendo al estado de ánimo de la renuncia o de la sumisión, los móviles pueden variar sobremanera e incluso puede faltar por completo la espontaneidad, que debiera ser el requisito esencial de toda modalidad autocompositiva.

 

III. HETEROCOMPOSICIÓN

 

Esta palabra proviene de la voz griega “heteros”, que significa lo que viene de afuera, lo que quiere decir que a través de la heterocomposición se compone o resuelve el litigio mediante una solución que proviene de afuera, lo que quiere decir que a través de la heterocomposición se compone o resuelve el litigio mediante una solución que proviene de un tercero, ajeno a las partes e imparcial en el conflicto.

 

La heterocomposición es una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno e imparcial al conflicto. Históricamente, en un principio, las partes en conflicto recurrían a la opinión de un tercero que de forma amigable trataba de avenirlos. Está es la amigable composición, que equivale a una forma de conciliación. Esta forma (amigable conciliación) teóricamente se ha colocado en una posición intermedia entre la autocomposición y la heterocomposición; ello obedece a que surge de un pacto por cuyo medio las partes admiten acudir a la opinión de un tercero, pero esta opinión, la del amigable componedor, no es aún vinculatoria ni obligada para los contendientes y, por ello, el amigable componedor sólo podrá procurar avenirlos, es decir, hacerlos que lleguen a un pacto de transacción, aun desistimiento o aun allanamiento. Lo que le da fuerza a la opinión de este tercero, es la propia voluntad de las partes para acatarla o no.

 

         Cuando definitivamente las pares, ya sea porque no estén en el mismo nivel cultural, o porque por la naturaleza del conflicto, no está en cuanto a su solución a su alcance personal, lo único que queda es la solución heterocompositiva. La heterocomposición, conlleva la idea de que la solución ya no se engendre, nazca, se desarrolle, sólo dentro de la voluntad de las partes en conflicto, sino lleva implícita la intervención de un órgano especializado, independiente, imparcial, objetivo por su profesionalismo y de alguna manera aunque sea ideal, de presencia temporal. Esa temporalidad se da en dos aspectos: el proceso; en la medida de cómo se verá existen inconvenientes para esperar que por siempre la solución se logre a través de los procesos. En el proceso; ya que su naturaleza es de herramienta no de fin, obliga que sea breve como lo dispone el artículo 17 constitucional. La forma más clásica de solución heterocompositiva lo constituyen el arbitraje[25] y el proceso judicial.

 

En la evolución histórica de las formas de solución de la conflictiva social, en un momento dado, las partes en conflicto pactan por anticipado que se sujetarán a la opinión que dicho tercero emita y, aquí surge cuando los contendientes acuden a ese tercero, ajeno al conflicto, entonces sí surge ya bien delineada, una figura heterocompositiva de solución, que como hemos ya apuntado, es el arbitraje, o sea, la solución del litigio mediante un procedimiento seguido ante un juez no profesional ni estatal, sino ante un juez de carácter privado que es el árbitro.

 

         Como forma más institucional y evolucionada de solución de la conflictiva social, aparece el proceso jurisdiccional, que es el conjunto de actos desenvueltos por el órgano estatal jurisdiccional, por las partes interesadas y por los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que están proyectados y que convergen en el acto final de aplicación estatal de una ley general al caso concreto controvertido, para dirimirlo o para o para solucionarlo, es decir, en el acto por el cual se sentencia.

 

 

CAPITULO IV

Ramas Del Derecho Procesal

 

 


El derecho procesal para su mejor entendimiento, lo podemos dividir en cuatro procesos o etapas de evolución o desarrollo del proceso[26].

 

a)     Derecho Procesal inquisitorial: Es característico de los regímenes absolutistas anteriores a la revolución francesa. Aquí el juez ejerce el poder que le ha sido transmitido o delegado por el soberano, sin ninguna limitación; además de ser el juzgador, es también un investigador con amplios poderes e inclusive un acusador. En materia penal, este tipo de procesos presume la culpabilidad y no la inocencia. Es decir, el acusado debe de probar que es inocente, y no, por el contrario, debe probarse la acusación. En general, el proceso inquisitorial entraña un amplísimo poder de los órganos del estado y muy limitadas posibilidades de actividad de los particulares frente al orden estatal.

 

 

b)     Derecho procesal dispositivo: Surge como consecuencia de la revolución francesa, y representa una reacción contra el despotismo procesal inquisitorial. Tiene aplicación aquel principio de que, para el Estado, para los órganos estatales, judiciales, todo lo no permitido está prohibido, y para lar partes, para los particulares, que están frente al Estado, todo lo no prohibido está permitido. El Estado es un ente de autoridad que tiene sus atribuciones delimitadas, que solamente hace aquello que la ley le autoriza expresamente. Las partes, por el contrario, pueden disponer del proceso, y de aquí la denominación. El juez es un mero espectador pasivo de la contienda, su papel se contrae a vigilar que las reglas del juego se cumplan. Una vez desenvuelta la contienda, dicta su resolución determinando a quién le corresponde la razón jurídica. El juez debe ser imparcial, absolutamente imparcial, ante las partes, y esa imparcialidad es la mejor garantía de igualdad de las partes frente al Estado.

 

 

1)     Derecho procesal civil

2)     Derecho procesal mercantil

 

c)      Derecho procesal inquisitorio publicista:  Sirvió para aliviar los excesos a que se había llegado con el liberalismo. Es un intento para atenuar las aberraciones a que se arribó con un proceso dispositivo exagerado y mal entendido. Hay una ampliación del ámbito de los poderes del Estado, a través del juez, con un sentido tutelar y proteccionista de los intereses de las clases débiles, es decir, una intención y un propósito para lograr el bienestar común con un espíritu de tutela a las clases más expuestas a sufrir las desigualdades y las injusticias que propició el liberalismo y el capitalismo. Esta socialización del derecho, en general se va evidenciando mediante la creación de ramas especiales jurídicas, como el derecho del trabajo y el derecho agrario, pero no se limita a ello, sino que la influencia socializante se deja sentir en todas las ramas, sectores y materias de lo jurídico.

 

1)     Derecho procesal penal

2)     Derecho procesal administrativo

3)     Derecho procesal familiar.

 

d)     Derecho Procesal Constitucional:

En capítulos anteriores señale los instrumentos procesales de control constitucional que existieron en diversas culturas jurídicas separadas cronológicamente. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Cuándo comienza su estudio sistemático?, ¿es posible incluir su estudio en alguna de las ramas jurídicas ya existentes?.

 

         Los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo en su denominación, utilizando indistintamente las expresiones de  justicia constitucional, control constitucional, jurisdicción constitucional, defensa constitucional, derecho constitucional procesal  y derecho procesal constitucional.  No obstante, en los últimos años existe la tendencia entre los procesalistas y los constitucionalistas en denominarla derecho procesal constitucional.

 

 Es a partir  de la creación de los órganos especializados en materia de conflictos constitucionales cuando surgen las interrogantes y, por tanto el enfrentamiento de ideas, entonces crece el interés científico y fluyen numerosos estudios que se han prolongado hasta la fecha.

 

1)     El Juicio de Amparo,

 

Hay muchos antecedentes del amparo mexicano, yo he escogido estos que describiré por su relevancia con el tema que nos ocupa.

 

         En sus orígenes, como es sabido, el amparo fue una institución de vanguardia, que se adelantó a su tiempo y que sirvió de ejemplo a diversas instituciones de justicia constitucional en el mundo.

Durante la lucha de la independencia se previó una declaración semejante a la inglesa (habeas corpus) en el proyecto de Constitución denominado “Elementos Constitucionales”, que nunca tuvo vigencia, elaborado por Ignacio López Rayón en el año de 1812, al establecer en su artículo 31: “cada uno se respetará en su casa como en uno asilo sagrado, y se administrará con las aplicaciones y restricciones que ofrezcan las circunstancia”.

 

Durante la etapa de gobierno español también existió otro mecanismo que el historiador y jurista Andrés Lira González bautizó como “amparo colonial”. Se configuraba como un interdicto que se hacía valer ante los virreyes o capitanes generales para la protección de derechos personales. Se ha considerado a este instrumento un antecedente del amparo mexicano ya que en sus resoluciones los virreyes u otras autoridades “amparaban” en contra de actos de autoridades de inferior rango; incluso, contra actos de particulares que se encontraban en una situación ventajosa con respecto a las relaciones con el protegido, debido a su posición social y poder real dentro de la sociedad novohispana.

 

El sistema americano de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes influyó en gran parte de los ordenamientos latinoamericanos, no siendo México la excepción, de esta forma, en el proyecto de Constitución del estado de Yucatán de 23 de diciembre de 1840, cuya autoría se le atribuye a Manuel Crescencío Rejón, previó en sus artículos 53, 63 y64 un sistema de control constitucional por vía jurisdiccional, que luego pasaron a convertirse en los artículos 8, 9 y 62 de la Constitución yucateca aprobada el 31 de marzo de 1841.

 

Sus características son:

a)     Es un proceso: es un proceso complejo de actos que se dan entre las partes y autoridad.

b)     Concentrado: a diferencia de los procesos ordinarios el de amparo concentra solo las etapas elementales.

c)      De anulación: la sentencia no sustituye al justiciable sino solo deja sin consecuencia jurídica la parte contraria a la Constitución.

d)     De naturaleza constitucional: no se empalma con la jurisdicción ordinaria, solo revisa como la casación si el acto o resolución se ajusta a los principios constitucionales.

e)     Promovido por vía de acción: según la naturaleza civil el amparo no puede darse de oficio se requiere que exista la pretensión del interesado.

f)       Reclamándose actos de autoridad: el amparo no protege cualquier acto sino solo de aquellos que son considerados como de autoridad –en el criterio clásico la autoridad se concibe como imperio, para el ministro  Juventino V. Castro, hoy se amplía el concepto para cubrir actos de entes diversos-[27].

g)     Que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los quejosos: el principio Otero restringe los efectos de la sentencia de amparo únicamente a los que promovieron el amparo, no tiene efectos derogatorios.

h)     Contra la expedición o aplicación de leyes violatorias de las garantías expresamente reconocidas en la constitución (amparo ley)

i)       Contra los actos conculca torios de dichas garantías.

j)       Contra la inexacta y definitiva aplicación de la ley al caso concreto: este es el amparejo o amparo recurso. Por mucho tiempo se ha tratado de derogar por que solo se entiende como una tercera instancia a las instancias estatales.

k)     Contra las invasiones recíprocas de la soberanía ya sea federa, estatal, que agravien directamente a los quejosos: amparo soberanía, este se rescató del derecho norteamericano como medio de defensa contra el centralismo.

l)       Produciendo la sentencia que conceda la protección, el efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuase la violación reclamada –si el acto es de carácter positivo-, o el de obligar a la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con lo que exige.

 

2)     La Controversia Constitucional,

 

Son juicios que se promueven en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno; y lo que en ellas se controvierte es di alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial, contraviniendo con ello la Constitución Federal.

 

Por tanto para que proceda la controversia constitucional, es presupuesto indispensable que el ámbito competencial del promoverte sea afectado o limitado por un acto concreto o una disposición de carácter general, por ejemplo, un decreto, un reglamento o una ley, que sean contrarios a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.

 

La suprema Corte conoce de las controversias que, salvo las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a)           La federación y un municipio o el distrito federal;

b)           La federación y un municipio;

c)            El poder ejecutivo y el congreso de la unión; aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su caso, la comisión permanente, sean como órganos federales o del distrito federal.

d)           Un estado y otro;

e)           Un estado y el distrito federal;

f)             El distrito federal y un municipio;

g)           Dos municipios de diversos estado;

h)           Dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i)             Un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

 

La procedencia de este juicio se surte ante la manifestación de que ha existido una afectación a la esfera de competencia del promovente por un acto concreto o una disposición de carácter general, cuya aplicación implique una contravención a la Constitución General de la República[28].

Ahora bien, la controversia constitucional se puede promover contra leyes que no necesiten un primer acto de aplicación para causar un perjuicio al promoverte o bien, contra leyes que, luego de su entrada en vigor, son aplicadas causando un daño a los particulares.

 

Los efectos de una sentencia emanada de un procedimiento de controversia constitucional en ciertos supuestos es posible declarar la invalidez absoluta de una norma general, es decir, que la ley impugnada no volverá a tener efecto alguno para nadie.

 

3)     El juicio político,

 

El juicio político es un proceso que se sigue ante un órgano político, al que se atribuye eventualmente la función de juzgar, en contra de un funcionario público con responsabilidad en la toma de decisiones políticas, “por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” (art. 109, fracción I de la Constitución).

 

El juicio político mexicano cobra gran importancia como control constitucional, cuando se refiere a violaciones a las garantías individuales, a la división de poderes y a la forma de gobierno.

 

Este juicio mexicano fue inspirado a nuestros legisladores por la Constitución de 1787 Estadounidense.

 

La constitución de 1836, en su segunda ley, establecía la posibilidad de que el presidente de la república fuera enjuiciado tanto por delitos oficiales como del orden común.

 

Don Felipe Tena Ramírez afirma: “Rompiendo con todos nuestros precedentes constitucionales, que había sido en el sentido de especificar limitativamente los delitos de que era responsable el jefe del Ejecutivo, la constitución de 1857 introdujo la fórmula que se conserva en la vigente. Con ella se abre la puerta para un posible atentado constitucional del Congreso en contra del presidente”.[29]

 

         En 1857 se abandonó la sacralizad del ejecutivo, que había caracterizado al derecho del primer imperio, y la irresponsabilidad total, que fue el sello distintivo de Santa Anna. Se estableció una responsabilidad limitada, en un doble aspecto: uno, por que se fijó un tribunal y un procedimiento especial para juzgarlo, y otro, en virtud de que se limitaron las razones por las cuales el presidente de la república podía ser enjuiciado.

 

En la constitución de 1836 se disponía que la inmunidad comenzaba desde el día del nombramiento del presidente de la república y hasta un año después de haber entregado el cargo. Ni la constitución de 1857 ni la de 1917 previnieron ampliar el plazo de la inmunidad. No era dable a las leyes secundarias hacerlo; no es posible ampliar los privilegios que la constitución establece a favor de determinados individuos.

 

Es un procedimientos de excepción. Lo es en muchos sentidos: porque se sigue a funcionarios que están al margen del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos; porque sólo en forma aislada y ocasional el congreso de la unión abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y ratificar y se aboca a la de juzgar; porque es un juicio entre partes: la misma clase gobernante juzga a uno de sus miembros, y porque es de esperarse que los servidores públicos, en virtud de la protesta que han rendido de guardar la constitución y las leyes que de ésta emanan, se conduzcan en forma apropiada.

 

         El juicio político es unistancial; se inicia con el acuerdo que emite el presidente del senado en el sentido de declararse constituido en jurado de sentencia y concluye con la resolución que condeno o absuelve al reo. No hay instancia posterior. No hay primera ni segundas instancias. No hay recursos ni quién conozca de ellos.

        

También tiene la característica de ser sumarísimo; no existe ni admite excepciones dilatorias; no puede haber incidentes de precio y especial pronunciamiento.

 

         Siempre que el senado se constituye en jurado de sentencia debe presumiese su competencia tanto para juzgar como para castigar; nada ni nadie puede impedir su acción. No hay recurso contra sus resoluciones ni tribunal competente para conocer de éstos. El juicio de responsabilidad tiene la característica de ser restringido por muchas razones: sólo se sigue a determinado número de servidores públicos; se refiere a tipos delictivos especiales; puede derivar sólo en dos tipos de penas; únicamente pueden acusar un número restringido de personas, y la competencia de quien juzga es limitada.

 

         Se trata, además, de un proceso mixto, que es escrito y oral; se integra con los escritos de denuncia, dictámenes, pruebas y documentos que se allegan al juicio en vía de informes y alegatos; por otra parte, existe una sección oral, que si bien con el tiempo se consigna en actas y en el Diario de debates, en el momento de dictarse la resolución definitiva, los miembros del jurado sentencias con base en lo expuesto de viva voz.

 

         Los castigos que el jurado de sentencia puede imponer son limitados: destitución e inhabilitación; no puede aplicar otro tipo de penas; en esto difiere de los jueces o tribunales ordinarios, que cuentan con una gama amplia de sanciones a su disposición que puede utilizar con miras a enmendar y castigar.

 

         La destitución priva de la función, los emolumentos, privilegios y demás prerrogativas que le son inherentes. Lo hace a partir de la fecha en que la resolución se le notifica o del momento en que se entiende que ha surtido sus efectos. El destituido está obligado a entregar el despacho o cargo a su sucesor y a rendir un informe, pormenorizado de su gestión. La inhabilitación implica la pérdida temporal de los derechos políticos, activo y pasivo, y de los derechos civiles: tutoría, apoderado, defensor, albaceazgo, etc.

 

En el derecho comparado se ve una evolución notable en esta materia. Originalmente, el jurado de sentencia o el tribunal supremo de justicia, dependiente del parlamento, podía imponer como pena la pérdida de la vida. Lo hizo en el caso del rey Carlos I.

 

El Presidente de la República no puede hacer observaciones a la resolución que emita el jurado de sentencia en un juicio de responsabilidad, pero goza de la facultad de indultar; puede hacerlo respecto a sentencias que dicten los tribunales comunes del Distrito Federal.

 

En virtud de la amnistía, el congreso de la unión beneficia a un número indeterminado de personas a quienes dispensa de la aplicación y del cumplimiento de una pena. Está facultado para realizarlo por lo que hace a los delitos cuya competencia corresponde a los tribunales federales. También puede hacerlo respecto al distrito federal, eso se concluye de la fórmula genérica establecida en el art. 122, inciso A, fracción I. No puede llevarlo a cabo en los casos que se someten a la consideración del jurado de sentencia.

 

4)     La Acción de Inconstitucionalidad,

 

Son procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de justicia de la Nación, por órganos legislativos minoritarios, por los partidos políticos con registro federal o estatal, o por el procurador general de la república, en los cuales se controvierte la posible contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional, por una parte, y la Constitución, por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o del tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos constitucionales[30].

“Nueva vía de control de la Constitucionalidad (a partir de la reforma constitucional de 1994), que consiste en un control abstracto de que conoce directamente la Suprema Corte y que se caracteriza por la eficacia general de las declaraciones de inconstitucionalidad a que eventualmente puede dar lugar, plantea un problema de coordinación con la vía tradicional hasta ahora de control de la constitucionalidad en México, que la reforma mantiene y que consiste en un control incidental por vía de amparo a cargo de cualquier juez o tribunal federal”.

 

La acción de inconstitucionalidad puede ser  promovida por:

a)     El equivalente al 33% de los integrantes  de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por aquél.

 

b)     El equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el congreso de la unión o de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano.

 

c)      El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del distrito federal, así como de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano.

 

d)     El equivalente al 33% de los integrantes de los órganos legislativos estatales o de la asamblea legislativa del distrito federal, en contra de leyes expedidas por el propio órgano.

 

e)     Los Partidos Políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales, federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, pero sólo contra leyes electorales expedidas por el órgano legislativo de la entidad federativa que les otorgó el registro.

 

Así, la acción de inconstitucionalidad está diseñada para ser promovida únicamente pro minorías parlamentarias –del Congreso general o de las legislaturas locales- y partidos políticos, sin descontar al procurador general de la república, quien es el representante de la sociedad en cierto tipo de procesos.

 

Las sentencias dictadas en los juicios constitucionales pueden producir dos tipos de efectos: relativos o generales. En el primer caso, la sentencia tendrá efectos sólo para las partes que contendieron en el juicio; es decir, sólo a ellas beneficiará o perjudicará la resolución emitida. En cuanto a los efectos generales, éstos se refieren a que las sentencias beneficiarán o perjudicarán a todas las personas que se hayan encontrado sometidas a la ley: a toda la población mexicana.

Las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad surten efectos generales cuando hayan votado, por lo menos, ocho ministros en el sentido de declarar la invalidez de la ley o el tratado que se haya impugnado.

En materia política como es ya sabido nuestra constitución prevé en su artículo 99 el órgano especializado para analizar la materia electoral; como nos ilustra el Magistrado Terrazas Salgado en su participación en el primer seminario sobre Derecho Procesal Constitucional, contenida esta participación en el libro titulado Derecho Procesal Constitucional; la principal razón por la cual la suprema Corte se ha negado sistemáticamente a dirimir controversias en materia político-electoral es de carácter histórico; bajo la vigencia de la constitución Federal de 1857 se presentaron diversos juicios de amparo para impugnar la legitimidad de autoridades de los estados de la República por supuestas violaciones a la legislación electoral conforme a la cual habían resultado electas.

 

         Así, don José María Iglesias en el momento oportuno hizo notar la evidente discrepancia en que había incurrido la Suprema Corte al resolver esos juicios de amparo, afirmando que:

 

“A la vez que ésta había pronunciado las sentencias de 2 de diciembre de 1871 y de 26 de marzo de 1873, una por unanimidad y otra ya por simple mayoría, en las que se declaraba que los estados, en uso de su soberanía, eran los únicos que pueden decidir sobre la legitimidad de las autoridades en el régimen interior, sin que a los juzgados de distrito toque examinar, ni menos decidir sobra la legalidad de las autoridades que funcionan, porque esta injerencia sería una violación expresa del artículo 40 del código de la república, y que sólo a las legislaturas de los estados toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar los vicios que haya en la elección de diputados a las mismas, y a la declaración relativa a los gobernadores; había pronunciado también las sentencias de 28 de junio de 1872, ambas por mayoría, en las cuales se estableció el principio de que cabe en las facultades de los tribunales de la federación decidir en determinados casos sobre la legitimidad de las autoridades de los estados.”[31]

 

         Bajo la vigencia de la Constitución de 1917, la  improcedencia del amparo en materia política-electoral no sufrió modificaciones.

        

5)     El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano.

 

Este juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano es una gran aportación de la reforma electoral de 1996, la cual concede al Tribunal Electoral la facultad de conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre[32]:

 

Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacifica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y la leyes.

 

Es importante destacar el acierto del legislador al denominar juicio a este medio de impugnación procesal ante el Tribunal Electoral, porque efectivamente es un genuino proceso, en el que se da la necesaria relación triangular entre las partes directamente interesadas, por conducto del órgano soberano del estado encargado de resolver la litis, mediante la aplicación del derecho, permitiendo la intervención de terceros, interesados o coadyuvantes.

 

 Es posible definirlo como la vía legalmente establecida, a favor exclusivo de los ciudadanos, para impugnar procesalmente la constitucionalidad, legalidad y validez de un acto o resolución de la autoridad electoral, que viole el derecho ciudadano de voto activo o pasivo, de asociación individual y libre para participar pacíficamente en asuntos políticos o de afiliación libre e individual a los partidos políticos.

 

En este juicio pueden ser objeto de impugnación:

a)     La no expedición de la credencial para votar, solicitada por el ciudadano, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y trámites correspondientes.

b)     La omisión consistente en no incluir al ciudadano en la lista nominal de electores, de la sección correspondiente a su domicilio, no obstante haber obtenido oportunamente su credencial para votar.

c)      La exclusión indebida de la  lista nominal de electores, de la sección correspondiente al domicilio del ciudadano demandante.

d)     La violación al derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido postulado por un partido político, se niegue al ciudadano su registro como candidato a un cargo de elección popular.

e)     La resolución recaída a la solicitud de registro como partido político o agrupación política nacional, formulada pos ciudadanos asociados para tomar parte, en forma pacifica y en los términos de las leyes aplicables, en los asuntos políticos del país.

f)       El acto o resolución de autoridad violatorio de cualquier otro derecho o agrupación política nacional, formulada por ciudadanos asociados para tomar parte, en forma pacifica y en los términos de las leyes aplicables, en los asuntos políticos del país.

g)     El acto o resolución de autoridad violatorio de cualquier otro derecho político electoral del ciudadano, ya sea de voto activo o pasivo, de asociación individual y libre para tomar parte en forma pacífica, en los asuntos políticos del país o de afiliación libre  e individual a los partidos políticos.

h)     La negativa a otorgar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, cuando la autoridad competente considere que el candidato triunfante es inelegible, y

i)       La revocación de la constancia de mayoría o de asignación, por inelegibilidad del candidato triunfador.

 

La sentencia que resuelve el fondo de la litis planteada, en juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, puede tener alguno de los efectos siguientes:

a)     Confirmar el acto o resolución objeto de impugnación, siempre que la Sala del conocimiento llegue a la convicción de que está ajustado a derecho.

b)     Modificar o revocar el acto o resolución controvertido, si a juicio de la sala superior o regional, según el caso, no se ajustó, parcial o totalmente, a los preceptos jurídicos que lo rigen, ya sea de orden constitucional o legal, federal o local.

 

En cualquiera de estas dos últimas hipótesis, la sala del conocimiento debe asumir en su sentencia las decisiones o medidas que sean necesarias y oportunas, para restituir al ciudadano agraviado en la titularidad, ejercicio o goce pleno de su derecho político-electoral violado.

 

6)     El Juicio  de Revisión Constitucional Electoral.

 

         Es la vía constitucional y legalmente establecida a favor de los partidos políticos, para controvertir la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones definitivas, emitidas por las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de las entidades de la federación mexicana, responsables de realizar los procedimientos electorales locales y municipales o, en su caso, de resolver los litigios de ellos emergentes.

 

A raíz de la multicitada reforma constitucional de 1996, se concedió al Tribunal Electoral la facultad de conocer y resolver en forma definitiva e inatacable[33]:

Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma  de posesión de los funcionarios elegidos.

 

Con esta innovación en el derecho procesal electoral federal mexicano, sumada a la parte estrictamente novedosa del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y a la similar novedad que implica la reforma del artículo 105, fracción II, inciso f, de la Constitución política, que otorga a la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales, federales y locales, que pueden ejercer, en el ámbito de su respectiva legitimación activa en la cauda, los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos con registro estatal, se ha venido a subsanar una gravísima omisión, la falta de medios jurídicamente establecidos para analizar y resolver los problemas de constitucionalidad de los  actos de autoridad electoral, tanto administrativas como jurisdiccionales, a las cuales se suman ahora las autoridades legislativas.

 

Es la revisión constitucional un verdadero juicio unistancial y no un recurso; no es una instancia más dentro de un proceso, es un nuevo y distinto proceso, que sólo puede surgir a la vida jurídica una vez que han sido agotadas todas las instancias, administrativas o jurisdiccionales o de ambas especies, previstas en la legislación de la entidad federativa, a fin de darle definitividad al acto o resolución en el ámbito del derecho constitucional y electoral vigente es ese estado.

 

Por tanto, es la revisión constitucional un juicio federal de control de legalidad y de constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales, tanto administrativas como jurisdiccionales[34].

 

Mediante el juicio de revisión constitucional se puede impugnar la constitucionalidad o la legalidad de:

a)     Actos y resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas encargadas de organizar, realizar y calificar las elecciones de gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la asamblea legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos o titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.

b)     Los actos y resoluciones de las autoridades competentes para resolver las controversias de intereses jurídicos (litigios electorales), que surjan durante las mencionadas elecciones locales y municipales.

 

A lo anterior se debe agregar que, para la procedibilidad objetiva del juicio de revisión constitucional, resulta insuficiente la creación de algunos de los supuestos antes mencionados, siendo indispensable además:

a)     Que los actos y resoluciones impugnados sean definitivos y firmes, esto es, que se hubieren agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas en los ordenamientos jurídicos locales, independientemente de su naturaleza administrativa o jurisdiccional, impugnativa o no impugnativa, en cuya virtud hubiere sido factible obtener la modificación, revocación o anulación del acto o resolución objeto del juicio de revisión.

b)     Que el acto o resolución objeto del juicio viole algún precepto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

c)      Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del procedimiento electoral respectivo o bien para el resultado final de las elecciones.

 

El legislador no precisa en cuáles supuestos se debe considerar que la violación imputada a la autoridad responsable es determinante para el normal desarrollo del procedimiento electoral y tampoco cuándo puede ser determinante para el resultado final de ese procedimiento; en consecuencia, queda abierto  al recto criterio y prudente arbitrio de la sala superior del tribunal electoral determinar, cuantitativa o cualitativamente o de ambas maneras, en qué casos se satisface este requisito de procedibilidad del juicio.

d)     Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, esto es, antes de la fecha constitucional o legalmente establecida para la toma de posesión de los funcionarios electos o de instalación de los órganos colegiados de gobierno, por regla los congresos locales y ayuntamientos.

 

En este aspecto, debo referir que la reparación del agravio ocasionado al demandante o actor, se debe considerar posible cuando no se trate de hechos consumados de manera irreparable, cuando la sentencia favorable a los intereses del impugnante pueda tener como efecto restituirle real, eficaz y oportunamente en el goce pleno de sus derechos y prerrogativas político electorales, no existiendo para ello impedimento fáctico o jurídico insuperable.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

Descripción de los Sistemas de Control de la Constitucionalidad

 

 


Los instrumentos procesales de control constitucional son muy antiguos previéndose de manera aislada en las legislaciones de varias culturas jurídicas separadas cronológicamente y nacieron especialmente para la protección de la persona humana.

 

Algunos de los antecedentes importantes se encuentran dentro del derecho romano donde existió el interdicto pretoriano de homine libero exhibendo, la finalidad de este interdicto fue la defensa de la libertad de los hombres libres, por lo que se considera antecedente del habeas corpus inglés, de los procesos aragoneses de la edad media y del sector del amparo mexicano conocido como el amparo-libertad.

 

En la edad media aparece en el Reino de Aragón una figura encargada de velar por el cumplimiento exacto de los diversos fueros, conocido como el Justicia Mayor. Este alto funcionario actuaba como un verdadero juez constitucional al amparar a los solicitantes sobre sus bienes, derechos y persona al hacer respetar un alto ordenamiento como lo fuel el “privilegio General”, en el cual se establecieron ciertos derechos fundamentales.

 

En Inglaterra  surgió en el siglo XVII un instrumento d índole procesal para proteger el derecho de libertad. El habeas corpus se reguló de una manera detallada en la Habeas Corpus Amendment Act de 26 de mayo de 1679, por lo que se ha considerado a este ordenamiento el primero en reglamentar meticulosamente un proceso constitucional. Al fundarse las colonias inglesas en estados unidos  de norte América se transplanto el common law y con éste la institución del habeas corpus. Actualmente se conoce en aquel país como un writ, constituyendo esencialmente un mandato u orden tendiente a la defensa de la libertad del individuo contra actos ilegales de la autoridad o de particulares.

 

El origen de la justicia constitucional se halla en el constitucionalismo norteamericano, a principios del siglo XIX, siendo reelaborado un siglo más tarde en el continente europeo por obra del jurista Hans Kelsen. Aparecen así dos modelos, en principio, muy distintos que, sin embargo, según se ha ido consolidando y extendiendo en el Derecho comparado, han ido aproximando algunos de sus rasgos caracterizadores.

 

Sistema de jurisdicción difusa:

Estamos ante el modelo norteamericano de control de constitucionalidad de las leyes. Se caracteriza porque la supervisión judicial de aquéllas no se asignan a ningún órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional en específico, sino a la totalidad de los jueces. El peligro por la seguridad jurídica, como consecuencia de la presencia de contradictorias resoluciones jurisdiccionales, se mitiga por el principio del stare decisis,  que impone a los jueces seguir el criterio de anteriores decisiones y, en particular, de los tribunales superiores, lo que es tanto como decir que el propio tribunal supremo.

 

Por otra parte, el sistema difuso no realiza un juicio directo sobre las leyes presumiblemente inconstitucionales, sino que éste se hace sobre el conocimiento de una relación jurídica concreta, lo que en la práctica disminuye el número de resoluciones de constitucionalidad.

 

La eficacia de las sentencias recaídas se caracteriza porque, sólo tiene efecto Inter Partes: entre quienes lo han sido en el procedimiento.

 

Sistema de Jurisdicción concentrada:

Es el modelo ideado por Kelsen, donde el control jurisdiccional no se satisface por los jueces ordinarios, sino por un órgano al que se encomienda, en exclusividad, la supervisión constitucional de leyes. Lo que lleva aparejada otra consecuencia bien diferente al sistema norteamericano: el control es directo y abstracto sobre la ley inconstitucional. Frente a la excepción de inconstitucionalidad del modelo americano, el sistema kelseniano se instrumenta a través de una acción directa de inconstitucionalidad.

 

En cuanto a las sentencias, al enjuiciarse la ley de forma abstracta y general, éstas tienen naturaleza aplicable frente a todos; gozan, por lo tanto, de efectos erga omnes. Por lo demás, sus efectos pueden declarar la nulidad de leyes o su anulación. Al primer modelo se adscriben los tribunales constitucionales español e italiano, mientras que el austriaco lo hace al segundo.

 

La introducción de mecanismos de justicia constitucional ha supuesto un cierto elemento de continuidad institucional para aquellos países que en alguna etapa anterior de su historia ya disfrutaron de instituciones de este tipo, pero ha resultado una experiencia completamente nueva para la mayoría.

 

Por regla general, los tribunales constitucionales que se han creado han sido configurados como jurisdicciones netamente diferenciadas de las ordinarias; esto es, como instituciones directamente emanadas de la Constitución y organizativa y funcionalmente independientes tanto del Poder judicial como de cualesquiera otro poder del Estado.

Sistema Norteamericano.

 

Principios del sistema norteamericano:

a)     En la construcción puritana y laica del Derecho natural que elaborada por Locke, concibe éste como lex legum, a la par que lex inmutabile. Y es que Locke aunque afirmaba la absoluta supremacía del parlamento, del que se decía en el Derecho británico , que lo podía todo menos convertir un hombre en mujer, defendía que la ley de las cámaras se hallaba limitada por lo prescrito en las normas del derecho natural.

b)     En la consagración solemne y formal de este derecho fundamental, cuya referencia histórica inmediata se encontraba en los pactos de las primera colonias americanas frente a la metrópoli; origen así mismo, frente a la concepción francesa, de una noción propia de poder constituyente, como poder creador de la Constitución.

c)      En la naturaleza del common law , entendido como la doctrina emanada de los órganos jurisdiccionales.

 

No fue hasta el siglo XIX cuando el constitucionalismo norteamericano termine por definir la formulación del control jurisdiccional de las leyes y su obligada conformidad con los parámetros recogidos en el texto de la Constitución, salvo pena de nulidad radical. En este proceso, que culminará con la conocida sentencia del juez Marsahall (Marbury versus Madison). El primer paso se produce como consecuencia del enfrentamiento entre el derecho colonial británico, que se quería imponer desde la metrópoli, y las colonias norteamericanas, que invocaban su derecho de residencia basado en la legitimidad que les conferían las leyes de Dios y de la Naturaleza. A lo que se añadía una argumentación jurídica, de carácter más técnico, pero nada desconocida por cierto en el constitucionalismo británico, como era la defensa frente al parlamento británico del principio “non taxation without representation” , es decir, la autorización del parlamento para el establecimiento de impuesto.

 

Sería no obstante la aprobación de la Constitución del 17 de septiembre de 1787 la que avanzará un paso decisivo, el último escalón, en este proceso apasionante de creación y asentamiento de la jurisdicción constitucional. Y en este sentido, se artículo VI, sección segunda dice lo siguiente:

 

 Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país, y los jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, aun cuando se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier estado alguna disposición que lo contradiga. Se constitucionaliza pues, de manera expresa, la denominada supremacy clause”.

 

Pero la aparición definitiva del control judicial de las leyes no se va a producir hasta el año 1803, con ocasión de la sentencia del juez Marshall[35] en el caso Marbury vs. Madison. Evidentemente no es una resolución que nace de la nada, sino que recoge el bagaje doctrinal de predecesores tan sobresalientes  como, por ejemplo, James Otis en 1761, en contra de las medidas fiscales de Gran Bretaña, Patrick Henry en 1763, y  Sharp en 1774, que rechazaba las leyes del Parlamento británico frente a órdenes restrictivas de los derechos reconocidos en la Carta Magna; y de manera más moderna, de la (Judiciary Act) de 1789, que habilitaba a los órganos judiciales para supervisar las leyes dictadas por el parlamento. La sentencia anulaba por primera vez una ley federal y abría el control de la legislación por el Tribunal Supremo. En ella se defiende la cláusula de supremacía, al hilo de lo preceptuado en el reproducido artículo VI de la Constitución de 1787.

 

A partir de este fallo y otros sucesivos, entre  los que destaca la Sentencia (Martin vs. Hunter´s Lesse) en 1816, los jueces y tribunales norteamericanos enjuician la constitucionalidad de las leyes al hilo de cualquier proceso que se le suscite, sin tener que plantearse, como en cambio sucedería más tarde en Europa, la creación de un órgano de control de constitucionalidad específico y diferenciado. El sentido de la construcción  lo explicaba con claridad Tocqueville[36] ya que, decía, “los americanos habrían reconocido a los jueces el derecho de fundamentar sus decisiones en la Constitución más que en las leyes… (con la consiguiente) no aplicación de las leyes que les parezcan inconstitucionales”.

 

Uno de los métodos de control constitucional más famosos del sistema norteamericano es el judicial review el cual supone la existencia de una constitución rígida. Esto es, de un orden jurídico que, en su cúspide, contiene una ley fundamental cuyas disposiciones sólo pueden ser modificadas o derogadas a través de un procedimiento distinto del previsto para modificar o derogar las leyes ordinarias. El legislador común no puede alterar las normas de una Constitución rígida.

 

En países con constitución flexible como Inglaterra no existe como principio leyes inconstitucionales ni, por lo tanto, control de constitucionalidad en el sentido corriente con que he venido usando esta última expresión.

 

Lo más saliente entre lo que tiene de especifico la judicial review es que se trata de un control de constitucionalidad que:

a)     Se halla a cargo exclusivo de los integrantes del Poder Judicial, y

b)     No está confiado exclusivamente a un órgano jurisdiccional único ad hoc, como sería un Tribunal Constitucional a la manera de los que cumplen dicha función en algunos países europeos, sino a cargo de todos los jueces, es decir de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales de distinto nivel.

 

Otro rasgo específico de la judicial review es que, con arreglo de ella, el control constitucional no puede ejercerse de oficio, o sólo a solicitud de un órgano estatal permanente o de carácter transitorio o ad hoc, sino a solicitud de una de las partes de un litigio, formulada en el contexto de este, porque se considera agraviada por la posible aplicación de una norma a la que tacha de constitucionalmente inválida.

 

Otro rasgo específico es que el ejercicio positivo afirmativo del control, esto es, el que se traduce en una decisión judicial concreta que declara que una norma inferior a la Constitución es incompatible con esta, no conlleva la invalidación lisa y llana de la norma impugnada.

 

Sistema Europeo

 

         Entre las primeras podemos citar las siguientes: primero, un entendimiento rígido del principio de separación de poderes, que imposibilitaba una injerencia de tal gravedad en la función fundamental del parlamento, esto es la potestad legislativa; especialmente si se piensa que los órganos jurisdiccionales  eran designados directa o indirectamente por el Rey, al tiempo que disfrutaban en la configuración doctrinal de Montesquieu de un relieve muy secundario, al ser definidos como  la boca muda que pronunciaba las palabras de la ley; segundo, el desmedido culto al texto escrito de las normas y, en especial, a las leyes dictadas por el parlamento, en una época presidida por la preponderancia de la llamada Escuela Exegética, con formulaciones tan expresivas como la de Bugnet, “yo no enseño Derecho civil, sino el código Civil”; tercero, la confianza es ilimitada en la racionalidad de la ley, máximo reflejo de la superioridad de la razón humana; la convicción, casi religiosa, en la bondad absoluta de la “volunté générale”; y cuarto, la exaltación del principio de la soberanía parlamentaria, que hacía imposible cualquier intento de controlar y valorar la adecuación de las leyes por otros órganos ajenos a la misma institución parlamentaria. Como señalaba Tocqueville, “más vale todavía otorgar el poder de cambiar la Constitución del pueblo a hombres que representa aunque sea imperfectamente esa voluntad popular, que a otros que no representan más que a ellos mismos”; en fin, el control judicial en la historia francesa se enmarca, de manera principal, en la supervisión de los actos ilegales del Gobierno y la administración a través de la jurisdicción contencioso administrativa por obra del Consejo de Estado y no, en cambio, en la verificación jurisdiccional de la adecuación de la leyes a la Constitución.

 

         Así, mientras  que la consiguiente pérdida de supremacía de la Constitución, que cede frente al Rey, presentado además como un poder preconstitucional, en la izquierda, se pasa a centrar la atención no en el texto de la Constitución, sino al sustrato de relacione de poder que se encuentran por debajo de ella, con su consiguiente desjuridificación.[37]

 

El paso más destacado se va a producir en la Constitución de 1958, durante la vigente V República, con el conseil constitutionnel. Entre otras competencias, este órgano realiza el control de constitucionalidad respecto a leyes orgánicas, antes de su promulgación, y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, antes de ser puestos en vigor. La legitimación para interponerlo se atribuye al Presidente de la República, al primer ministro o al presidente de la Asamblea Nacional, al Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores. Así, una disposición declarada inconstitucional no puede ser promulgada ni puesta en vigor.

 

Ahora bien, a pesar de lo señalado, el control verdaderamente judicial de las leyes, más allá de la supervisión mayoritariamente política del constitucionalismo francés, no aparecerá, en un sentido estricto, hasta la construcción de Hans Kelsen, (Como miembro de la comisión que redactó el proyecto de la Constitución austriaca de 1920). El pensamiento del jurista austriaco se puede estructurar, en lo que atañe a su construcción de la jurisdicción constitucional, según los siguientes principios:

             I.            La constatación de que el ordenamiento jurídico no es un entramado desordenado de normas, aunque éstas, de manera habitual, no se relacionen entre sí, atendiendo a meros criterios de coordinación, sino que se encuentran ordenadas según relaciones de superioridad- jerarquía, lo que da lugar a un diseño del sistema jurídico como una pirámide. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de peldaños normativos que, de acuerdo con una idea de prelación, concluyen en uno último y definitivo. En él se asienta la propia existencia y justificación de la integridad del conglomerado normativo.

          II.            En la cúspide de la pirámide se hallaría la Constitución, norma normarum del sistema jurídico, criterio último, dada su superioridad jerárquica, de la validez del resto de normas integrantes del ordenamiento.

       III.            La Constitución requiere, como consecuencia lógica jurídica indefectible, del reconocimiento indubitado no sólo de su superioridad, lo que siendo necesario no es sin embargo suficiente, sino también de un mecanismo específico de tutela. Ésta habrá de garantizar la conformidad de las normas inferiores a las superiores y de todas ellas a la constitución, en cuanto que  Ley Fundamental. En el bien entendido sentido, que este aseguramiento del proceso de regularidad entre las normas inferiores y superiores no se circunscribe sólo a la Constitución; por el contrario, se extiende a todo el conjunto de relaciones jurídicas posibles habidas en el seno del ordenamiento, afectando a las sentencias, actos administrativos, leyes generales, reglamentos, y como no, a la propia Constitución.

        IV.            Entre las medidas de garantías del tal proceso de regularidad sobresale el control de la constitucionalidad de las leyes, que en la construcción Kelseniana no se incardinará en los órganos de la jurisdicción ordinaria, como en Norteamérica, ni en el parlamento, como había acontecido en el Derecho histórico francés. Tal control se atribuye a un órgano distinto y creado adhoc  para tan compleja función: el Tribunal Constitucional.

 

            Pero para Kelsen, el naciente Tribunal Constitucional no desempeñará nunca una potestad, sino, en realidad, una actividad general y abstracta semejante a la desempeñada por la institución parlamentaria. Este Tribunal no es un órgano judicial, no resuelve conflictos de intereses según criterios jurídicos, pues sólo los órganos jurisdiccionales crean derecho, continuación del proceso creativo de juridicidad que va de la norma general a la disposición jurídica individual, y que no es otra cosa sino la sentencia. El propio Kelsen[38] destacaría su sentido con las siguientes palabras: “ si el poder ilimitado de examinar la constitucionalidad de las leyes se reserva a un solo órgano, la suprema corte, por ejemplo, este órgano puede hallarse autorizado para anular la ley inconstitucional no sólo en forma individual, es decir, para el caso concreto, sino de manera general, para todos los posibles… La anulación de una ley es una función legislativa o, por decirlo así, un acto de legislación negativa. Un Tribunal facultado para anular leyes –en forma individual o de manera general- funciona como un legislador en sentido negativo”.

 

         La presente construcción se constitucionalizará en el continente europeo en los años veinte. Y, de manera concreta, en las Constituciones de Checoslovaquia y Austria. En el caso de Checoslovaquia, será la Constitución de 29 de febrero de 1920 la primera que recoja este modelo de control de las leyes, aunque su desarrollo se limitó a una única sentencia, de fecha 7 de noviembre de 1922, en la que se conocía, a tenor del artículo 54 de la Constitución, de una norma interina que había sido aprobada por la Diputación permanente  de la asamblea checoslovaca.

 

         Las leyes de 25 de enero, 14 de marzo y 26 de abril de 1919, que proponían la primera piedra del Tribunal Constitucional austriaco. Con la constitución de 1 de octubre de 1920, se prescribe la estructuración de un tribunal constitucional, integrado inicialmente por un número indefinido de miembros, y más tarde por doce nombrados por partes iguales por  el Consejo nacional y el consejo federal. La clave de su competencia se recogía en su artículo 140, en el que se establecía: “el tribunal  constitucional conoce de la inconstitucionalidad de las leyes federales a instancia de un gobierno de un “land”, así como de oficio en la medida en que una de estas leyes sea presupuesto de una sentencia del tribunal constitucional”. Se fijaba pues un control de las leyes concentrado, abstracto, con un tribunal que podía actuar de oficio, y en el que los jueces carecían de competencias para instar el conocimiento de leyes presumiblemente inconstitucionales.

 

En el caso español sus antecedentes directos del actual Tribunal Constitucional se encuentran en el Tribunal de Garantías Constitucionales de 1931. este se configuraba mayoritariamente según el modelo de jurisdicción concentrada austriaco desarrollado en Europa, de acuerdo con la construcción kelseniana. Su regulación se recogía en el Titulo IX de la Constitución de 1931.

 

         Se trataba de un Tribunal con jurisdicción en todo el territorio nacional, que gozaba de competencia para conocer de las siguientes materias:

                         I.      El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.

                      II.      El recurso de amparo de garantías individuales.

                   III.      Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surgieran entre el Estado y las Regiones autónomas y de éstas entre sí.

                    IV.      El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las cortes elegían al Presidente de la República.

                       V.      La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.

                    VI.      La responsabilidad criminal del presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI. 

Análisis del Modelo Jurisdiccional Mexicano.

 

 

Modelo Americano.

 

Empiezo hablando del sistema americano, pues es un tema que  ya ha sido referido en capítulos anteriores, pero no podía dejar de mencionarlo para poder hacer un análisis más completo (teniendo en cuenta todos los datos posibles) del sistema de control constitucional mexicano.

 

Como se ha dicho anteriormente el sistema norteamericano es el ejemplo más representativo del sistema de control difuso, pues difiere de la concepción europea (kelseniana) de un órgano especializado de control; por el contrario le confiere esta facultad a sus jueces (de cualquier instancia o estado) y magistrados.

 

Dentro de su sistema de control, encontramos la figura del judicial review (revisión judicial, Apelación) según mi diccionario de inglés jurídico es: el poder de una corte para examinar una ley o acto y declararlo inconstitucional, o para interpretar su sentido y su aplicación. Para Gerardo R. Carrió[39], “la frase judicial review designa en inglés el método o técnica de control de constitucionalidad de las leyes y demás normas inferiores a estas vigente en el derecho constitucional de los Estados Unidos. Ese método no se halla explícitamente establecido en la Constitución norteamericana pero, se afirma, fluye de una inteligencia razonable de su texto.” “la judicial review norteamericana sigue ocupando hasta hoy un rango de elevada preminencia en la gran democracia del Norte, cuyas instituciones y valores básicos ha ayudado a conformar, quizá como ninguna otra doctrina constitucional”.

 

Modelo Europeo (Europa del este)

 

La introducción de mecanismos de justicia constitucional ha supuesto un cierto elemento de continuidad institucional para aquellos países que en alguna etapa anterior de su historia ya disfrutaron de instituciones de este tipo, pero ha resultado una experiencia completamente nueva.

 

         Según Jorge Lozano[40] la instauración de la justicia constitucional en los Estado europeos después de la Segunda Guerra Mundial (época en la que se da el auge por el control constitucional por los antecedente de sistemas fascistas (incursores de la guerra), donde se pierde los pesos y contra pesos que supone una atribución de los tribunales constitucionales) parece tener su fundamento, por una parte, en la previsión de normas y reglas de organización al servicio del rol de garante de la evolución de los distintos ordenamientos jurídicos, característico de tribunales o cortes constitucionales; por otra, mediante la introducción de ciertas técnicas de decisión que permiten a estos órganos graduar su intervención en los distintos sectores del ordenamiento jurídico, sin perder de vista las relaciones tanto con la opinión pública, como con los otros poderes u órganos del Estado.

 

         Por regla general, los tribunales constitucionales que se han creado han sido configurados como jurisdicciones netamente diferenciadas de las ordinarias; esto es, como instituciones directamente emanadas de la Constitución, y organizativa y funcionalmente independientes tanto del Poder Judicial como de cualesquiera otros poderes del Estado.

 

Para evaluar la operatividad, el profesionalismo y el previsible grado de independencia de los tribunales constitucionales son –básicamente- el número de sus miembros, las condiciones para su elegibilidad, el sistema de elección seguido, la duración de su mandato, y el estatuto jurídico de que disfrutan de cara al ejercicio de sus funciones.

 

Por lo que hace al número de los magistrados, la cifra más recurrente es la de nueve, pero la heterogeneidad es a este respecto enorme, y son frecuentes tanto los tribunales de mayor tamaño (Eslovaquia, con 10 magistrados; Croacia y Hungría con 11; Bielorrusia y Bulgaria con 12; Polonia y República Checa con 15; Ucrania con 18; y la federación Rusa con 19 jueces), como los de dimensión más reducida; Letonia y Yugoslavia, que fijan su número en siete, el de Moldavia, que lo hace en seis y el de Estonia que se queda con cinco.

 

         En cuanto a las condiciones de elegibilidad  previstas, prácticamente todos los textos analizados recogen la exigencia de que los magistrados cuenten con una  cualificación jurídico-técnica y con una experiencia profesional relevantes, no siendo por lo demás infrecuente encontrar exigencias relativas a la edad y aun a las cualidades morales que debieran adornar a los candidatos. Analizadas en su conjunto, las exigencias más rigurosas son probablemente las que hallamos en Hungría, donde –a falta de regulación constitucional- la Ley del Tribunal Constitucional exige para formar parte del mismo poseer la ciudadanía húngara, tener entre 45 y 70 años, ser un destacado experto e la teoría jurídica o contar con 20 años de experiencia profesional, poseer un limpio historial, no haber ostentado en los cuatro años anteriores a la elección cargo alguno en el gobierno o la administración ni haber sido parlamentario o empleado de un partido político, y no ser en el momento de la elección diputado, concejal, funcionario, militante de un partido o dirigente de una asociación.  Por el contrario, regulaciones como la de Eslovenia –donde ni la Constitución ni la ley de desarrollo exigen otra cosa que ser ciudadano esloveno, experto en derecho, y mayor de 40 años- adolecen de una laxitud a todas luces excesiva, que en poco favorecerá la selección de los candidatos más cualificados.

 

         Los derechos fundamentales reconocidos en todos los textos constitucionales no son únicamente límites al poder del Estado: son al mismo tiempo elemento esencial de su legitimación y parte integrante del nuevo orden democrático. De ahí que su protección esté atribuida con carácter general a todos los poderes públicos y, con carácter específico, a los tribunales constitucionales.

 

         En todo caso, la defensa de los derecho fundamentales no es la única tarea encomendada a los tribunales constitucionales. Las diferentes constituciones del este atribuyen a sus tribunales un amplio elenco de funciones entre las que se cuentan muchas que poco tienen que ver con la cuestión: se trataría de aquéllas de carácter simbólico o protocolario; las que poseen una naturaleza cuasijudicial (como la participación en el impeachment  ( procedimiento criminal contra un oficial público, llevado ante una corte cuasi política) del presidente o en la apreciación de su incapacidad); de las de carácter autoorganizativo (como dotarse de su propio reglamento, aplicar a sus propios magistrados normas disciplinarias, etc.).  Y, con suma frecuencia, de aquellas que atribuyen a los tribunales constitucionales poderes para resolver los conflictos competenciales entre las diferentes instituciones del Estado –facultades estas últimas  de la máxima importancia en un contexto en el que el deslinde de competencias practicado por la Constitución es con frecuencia ambiguo, y en el que  el reparto territorial del poder es todavía objeto de enconada disputa entre los actores políticos del centro y la periferia-.

         Junto a estas, las constituciones del Este encomiendan también a sus tribunales competencias que son sólo indirectamente susceptibles de concretarse en actuaciones en defensa de los derechos fundamentales o que, en todo caso, se encaminan a la protección de muy concretos derechos. Me refiero a competencias  como la de participar en los procesos de reforma constitucional o en la verificación de la regularidad de la declaración de los estados excepcionales, por una parte, y como las de declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos, o verificar la regularidad de los proceso electorales y refrendarios, por otra.

 

Modelo europeo (Europa Central)

 

Modelo Inglés.

 

     En Inglaterra no existe Control Constitucional,  como refiere Tocqueville[41], “en Inglaterra no existe una constitución escrita como  la conocemos en la cultura Jurídica  romana, sino que se le llama así a un compilado de leyes de alta jerarquía”; contrariamente con el modelo americano, tiene una constitución flexible, la cual puede ser modificada por el parlamento mediante el mismo procedimiento que sigue para sancionar y modificar las leyes ordinarias; por lo que no necesita un control muy estricto ya que en cualquier momento puede ser modificada la “Constitución” y quedan obsoletos todos los métodos.

 

 

 

 

 

Modelo Español.

 

         El modelo de jurisdicción constitucional que se adopta en España está directamente influido por el modelo germano-federal, matizado con ciertas variantes, algunas de ellas de inspiración Italiana.

 

         La delimitación de la justicia constitucional española es la consecuencia de un precipitado histórico y doctrinal, que se inicia en el modelo de jurisdicción difusa del constitucionalismo norteamericano a principios del siglo XIX y en el sistema de justicia concentrada de Kelsen. A lo que hay que añadir, de forma particular, una doble  y especial influencia. De una parte, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española; y de otra, el modelo alemán de justicia constitucional, el que más ha pesado en la definición presente de este alto tribunal.

 

         Como asegura Francisco Fernández Segado[42], conviene recordar que aunque el juez  de la Constitución es el “interprete supremo” de la misma, ello no significa que sea el único, sino sólo el supremo.

 

Este tribunal           se define jurídicamente como un órgano constitucional. Estos son los órganos que reciben directamente de la constitución su status y competencias esenciales a través de cuyo ejercicio se actualiza el orden jurídico político fundamental proyectado por la misma Constitución.

 

Y por si cuanto se ha expuesto n fuere suficiente para constatar la relativización del esquema  kelseniano, cabría recordar que el Tribunal no se limita a dictar sentencias estimatorias o desestimatorias de la inconstitucionalidad, sino que, bien al contrario, junto a esas decisiones características nos encontramos con las sentencias interpretativas, que encuentran su razón de ser en el principio de conservación de la norma.

 

Para Fernández Segado[43] la naturaleza del Tribunal viene configurada por los siguientes rasgos característicos:

a.      El Tribunal es un órgano constitucional del Estado. Como recuerda su primer presidente Manuel García Pelayo, una primera característica de los órganos constitucionales  consiste en que son establecidos u configurados directamente por la Constitución, con lo que quiere decirse que ésta no se limita a su simple mención, como puede ser el caso de relevancia constitucional, sino que determina su composición, lo órganos y métodos de designación de sus miembros, su status institucional y su sistema de competencia.

b.     El Tribunal es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Su procedimiento, el estatuto de sus miembros y el valor de sus decisiones, están en la órbita de la jurisdicción.

c.      El Tribunal encarna una jurisdicción de naturaleza especial, pues no está encuadrado en la común organización judicial. No es casual que mientras la norma suprema dedica el título sexto al Poder judicial, contemple al Tribunal Constitucional en un título diferente, el noveno.

d.     El Tribunal es el Intérprete supremo de la Constitución. (art. 1.1 de la LOTC). El propio órgano, en su jurisprudencia, ha recordado reiteradamente tal calificación. Así, en su sentencia 1/1981 del 26 de enero afirmo:

El Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo de manera que su interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, la definición de la norma, se impone a todos los poderes públicos. Corresponde por ello al Tribunal Constitucional, en el ámbito general de sus atribuciones, el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos.

 

         Este tribunal se compone de doce miembros. Según González-Trevijano[44], la opción de un número elevado de Magistrados garantiza mejor en principio la rápida resolución de los conflictos, por la mera distribución material del trabajo, que composiciones inferiores. Para la designación de los magistrados la Constitución establece tres orígenes: el parlamentario, el ejecutivo y el judicial.

a)     Origen parlamentario: la cámara de diputados y senadores proponen, cada uno de ellos, cuatro miembros, gozando ambas cámaras de semejante peso institucional. La propuesta debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada cámara.

b)     Origen ejecutivo: el pode ejecutivo en la práctica  designa de manera directa a dos miembros, de acuerdo con el respaldo  de la mayoría gubernamental en el congreso.

c)      Origen judicial: de acuerdo con lo propuesto en el artículo 127.2 LOPJ (ley orgánica del poder judicial), la propuesta es una de las competencias propias del Pleno del Consejo, que habrá de adoptarse por mayoría de tres quintos de sus miembros.

 

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

 

El Tribunal Constitucional, al desplegar una función  de naturaleza jurisdiccional, dicta resoluciones de carácter judicial.

 

La Competencia del Tribunal Constitucional:

a)     Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

b)     Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, en lo actos y formas que la ley establezca.

c)      De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí.

d)     De los conflictos en defensa de la autonomía local.

e)     De la impugnación que el Gobierno de la Nación realice de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.

f)       De las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

g)     De la constitucionalidad de los tratados internacionales, antes de su autorización, si se suscitan dudas sobre si existen o no contradicciones con el texto de la propia constitución.

h)     De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

i)       De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, con el fin de juzgar si satisfacen los requisitos impuestos por la Constitución y la ley orgánica.

j)       De las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas.

 

Modelo Alemán.

 

     La doctrina alemana se caracterizaba por un rechazo de la jurisdicción constitucional, a la que definía como una juridificación de la política y una politización de la justicia. Esta fue la concepción que encontró su plena formulación en Carl Schmitt durante la polémica en torno al control judicial de las leyes en la república de Weimar. Para este autor el tribunal constitucional no podrá ser nunca el protector de la constitución, a no ser que renuncie a su pretensión judicial, ya que el protector de la constitución sólo lo podrá ser una instancia política suprema, que disponga de una fuerza política especialmente intensa. Para Schmitt, cuando jueces y tribunales deciden sobre diferentes interpretaciones de normas constitucionales, ya no es posible hablar de jurisprudencia, sino de legislación más o menos encubierta en un procedimiento judicial.

 

     Frente a esta posición Hans Kelsen defendió la naturaleza judicial de la jurisdicción constitucional, argumentando desde la óptica del carácter político de la justicia. Es decir, entre función judicial y función legislativa no existe, para Kelsen, ninguna diferencia.

 

     A pesar de la progresiva implantación de los criterios kelsenianos a la hora de conceptuar la jurisdicción constitucional, pervive, no obstante, una fuerte implantación en Alemania de la idea tradicional de los jueces y tribunales, que se manifiestan en la actualidad en la estricta separación que se pretende imponer entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción denominada ordinaria (civil, penal, administrativa).

 

     El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes alemanas habrá de regirse por dos principios directrices: el primero es que al Tribunal Constitucional concierne únicamente el control del poder para emanar una ley, pero no la bondad o sabiduría de su contenido; el segundo es que, mientras que el ejercicio inconstitucional del poder por las ramas ejecutiva y legislativa del estado se encuentra sometido a control judicial, el único freno al ejercicio del poder judicial de control es el propio sentido de autocontrol de los jueces.

 

La estructura interna del Tribunal Constitucional Federal, queda parcialmente recogida en el artículo 94 de la ley fundamental. Sus miembros habrán de ser elegidos paritariamente por la Dieta Federal[45] y el Consejo Federal, y que una parte ellos habrán de ser jueces de algún tribunal federal.

 

El rasgo mas sobresaliente de la organización del tribunal es su división en dos senados. Cada senado cuenta sólo con ocho jueces.

 

Se compone de dos clases de jueces: los elegidos con carácter vitalicio y los elegidos temporalmente. Carácter vitalicio tendrán los miembros del Tribunal Constitucional Federal Que hayan sido elegidos entre los jueces de las Cortes Supremas Federales, serán 3 magistrados para cada uno de los dos Senados en que se divide el Tribunal Constitucional.

 

La competencia de este tribunal se encuentra recogidas en el artículo 93 de la ley fundamental. Sistematizando las diferentes vías de actuación que la ley del tribunal constitucional federal recoge, podríamos agrupar las competencias de este órgano en seis complejos.

 

a) Los conflictos interorgánicos.

 

Abarca esta competencia los conflictos entre los órganos supremos de la Federación, surgidos de la delimitación recíproca de sus derechos y deberes.

 

b) Conflictos competenciales entre los Estados y la Federación.

 

Se engloban aquí los conflictos de derecho público surgidos de la organización federal de la materias legislables, ocasionados por la diferente interpretación de las mismas entre el Gobierno central y el de los estados miembros. Afecta, sobre todo a los casos de ejecución del derecho federal por los estados y a los del ejercicio de la inspección federal.

 

c) Control general de constitucionalidad de las leyes.

 

Este tipo de control podrá ejercerse en la jurisdicción constitucional alemana, a través de dos vías: el control abstracto y el control concreto de las normas.

 

§         El control abstracto de las normas.

 

Este procedimiento es competencia del primer senado. Se prevé en este procedimiento la comprobación de la validez o invalidez constitucional de una ley, independientemente de todo proceso concreto. Supone la máxima extensión de la jurisdicción constitucional en toda la historia del constitucionalismo alemán y con el único precedente del Tribunal austriaco.

 

§         El control concreto de las normas.

 

Se trata de un procedimiento en el que es competente, por tanto, el primer senado, y por el cual, si un tribunal estima que una ley, de cuya validez depende el caso que trata, es inconstitucional, o considera que una ley estatal aplicable al caso, contradice una ley federal, habrá de suspender el proceso y plantear el caso ante el Tribunal Constitucional. Este procedimiento descansa en el denominado "derecho judicial de control", esto es, en la facultad de todo juez para examinar la validez de una norma antes de aplicarla, rechazando su aplicación si la encuentra inconstitucional.

 

Asé como el control abstracto tiene su verdadera significación como depuración del derecho objetivo, el control concreto se ejerce siempre como parte de un proceso para la afirmación de una posición jurídico subjetiva, por lo que suele ser un instrumento idóneo para la protección de los derechos fundamentales.

 

d) El amparo constitucional.

 

El amparo constitucional consiste en poner la jurisdicción constitucional a disposición de las personas e individuos, con el fin de protegerlos contra las violaciones de sus derechos constitucionales por los poderes públicos. De este modo, el derecho constitucional alemán dispone de dos vías de protección de los derechos‑ fundamentales de las personas. La vía jurisdiccional ordinaria que, en virtud del articulo 19.4 L.F. se encuentra a disposición del individuo lesionado en sus derechos y la vía de amparo constitucional, una vez agotada la vía judicial ordinaria.

 

La legitimación para interponer el recurso de amparo corresponde, a cualquiera que afirme haber sido lesionado en sus derechos constitucionales por algún órgano de los poderes públicos.

 

Los recursos de amparo sufren dos filtrantes antes de pasar a ser estudiados por el senado correspondiente. En primer lugar, el recurso será examinado por una comisión de tres jueces, nombrados anualmente por cada uno de los senados, y cuya misión consiste en determinar si el recurso presentado puede pasar a trámite. El recurso será rechazado si es inadmisible o si, a juicio de los tres jueces, carece de expectativas razonables de éxito.

 

En amparo son recurribles: toda clase de actos de los poderes públicos, tanto actos del legislativo (leyes) o de la jurisprudencia (sentencias), como de la administración (decretos) y contra todos los portadores del poder público, igual si se trata de órganos federales, estatales 0 de cualquier otra corporación pública.

 

e) La protección del orden constitucional.

 

Se trata de aquellas competencias que integran la defensa jurídico‑constitucional frente a aquellos ataques a los fundamentos de la Constitución provenientes bien de los órganos supremos del estado (presidente federal, jueces federales), bien de grupos políticamente organizados (partidos políticos), bien de los propios individuos por el ejercicio abusivo de sus derechos fundamentales.

 

El mantenimiento de las libertades democráticas exige confrontarse tardo o temprano con el problema de la neutralización de partidos políticos anticonstitucionales. Así lo entendieron los constituyentes y abrieron con el artículo 21 de la Ley Fundamental una vía de acción contra radicalismos partidistas que atenten contra el orden constitucional.

 

f) Competencias arbitrales.

 

Se incluyen en el apartado facultades muy diversas entre si que, aparte de su contribución principal a la preservación de la integridad de la Constitución, remiten a aquellos conflictos en los que el Tribunal Constitucional asume una posición de arbitraje.

 

§         Inspección electoral:

 

En el caso de que se recurra contra una elección federal ‑lo cual puede hacer todo elector, pero también agrupaciones electorales‑ decidirá primero una comisión de inspección electoral de la dieta federal (la cámara representativa) y, sobre su decisión, votará el pleno de la dieta federal. La decisión tomada por el pleno de la dieta federal podrá ser, a su vez, recurrida ante el tribunal constitucional.

 

§         Validez del derecho preconstitucional:

 

La validez como derecho federal actual de las normas legales anteriores a la ley fundamental. En el caso de que existan divergencias de opinión respecto a la vigencia actual del derecho "viejo" habrá de intervenir el tribunal.

 

Modelo francés.

 

La idea de un control constitucional en Francia ha sido siempre mal recibido en su historia política, y ello por la idea extendida de que la constitución se defiende así misma. En pasadas experiencias, que dejaban este control al Senado, el funcionamiento no fue óptimo en cuanto que estuvo sujeto a presiones bien del ejecutivo y de los propios partidos políticos; por tanto, ha sido necesaria esta innovación, inspirada fundamentalmente en experiencias foráneas.

 

Ha sido uno de los órganos más discutidos del texto de 1988, por considerar unos que sólo se trataba de un instrumento más que contaba el ejecutivo para controlar la actividad del parlamento, y otros que se trataba de un órgano demasiado influido por sus asuntos políticos, especialmente en lo que se refiere al modo de designación de sus miembros.

 

Según el artículo 56 de la Constitución, el Consejo Constitucional esta compuesto por nueve miembros, cuyo mandato dura nueve años, sin que sea posible la reelección de los mismos; se renueva por tercios cada tres años. Además de los nueve ministros citados, forman parte del mismo por derecho propio y por vida, los antiguos presidentes de la república.

 

El presidente es nombrado por el jefe del estado, y tiene voto decisorio en caso de empate. Sus miembros son elegidos de la siguiente forma: por el presidente de la república, tres por el presidente de la asamblea nacional, y tres por el presidente del senado.

 

Los miembros del consejo constitucional están sujetos a diversas incompatibilidades, destacando entre las mismas la imposibilidad de ser ministro o miembro del parlamento.

 

Las decisiones del consejo constitucional no son susceptibles de recurso alguno y obligan a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales. De tal forma que una disposición declarada inconstitucional no puede ser promulgada ni aplicarse.

 

Las atribuciones más importantes son:

 

a) Vela por la regularidad de la elección del jefe de estado. Proclama los resultados de escrutinio.

 

b) Falla, en caso de impugnación, sobre la validez de las elecciones de diputados y senadores.

 

c) Vela por la regulación y proclama los resultados en los referéndums. Debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de:

 

§         Leyes orgánicas.

 

§         Reglamentos de las asambleas.

 

d) Puede serle también remitidas las leyes ordinarias antes de su promulgación, por el presidente de la república, el primer ministro, los presidentes de las cámaras ó 60 diputados ó 60 senadores.

 

Modelo italiano.

 

La constitución italiana de 1947, fiel a la corriente constitucional de la época introduce en Italia por vez primera la justicia constitucional coincidiendo con la mayor aceptación que ésta va atener en Europa y siendo coherente además, con la rigidez del texto constitucional y con la configuración por el mismo del estado regional. El constituyente optaría con claridad por el sistema austriaco, esto es, por un órgano jurisdiccional, único y especializado, o lo que es lo mismo, por la justicia concentrada.

 

La corte constitucional está compuesta por 15 magistrados nombrados del siguiente modo: un tercio (5) por el presidente de la república, otro por el parlamento en sesión conjunta y el tercio restante por las supremas magistraturas ordinarias y administrativas.

 

Los miembros de la corte han de ser elegidos entre magistrados, incluso jubilados o catedráticos titulares de materias jurídicas o abogados con más de 20 años de ejercicio profesional y su mandato, sin reelección, es de 9 aireos. El ejercicio del cargo es incompatible con el de parlamentario, con el ejercicio de la profesión y demás funciones y cargos, públicos o privados, que la ley determine.

 

De entre sus miembros se elige el presidente para 3 años con posible reelección. Para el caso de que el tribunal haya de ejercer funciones jurisdiccionales penales.

 

El tribunal italiano tiene las siguientes competencias:

 

a)     Le corresponde el control constitucional de las leyes y de los actos con fuerza de ley tanto del estado como de las reglones, ya se cuestione tal constitucionalidad por motivos formales como materiales;

 

b)     Dirime los conflictos de atribuciones entre los poderes del estado, entre el estado y las reglones y de las reglones entre si;

 

c)      Con la ampliación ya señalada de 16 jueces más, juzgan al presidente de la república o a los miembros del gobierno cuando, siempre por el parlamento en sesión conjunta, sean acusados aquél por traición o atentado contra la (destitución y éstos por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos;

d)      También le corresponde verificar las condiciones de admisibilidad de los referéndums abrogativos conforme al artículo 75 de la Constitución y a la legislación de desarrollo. Por lo que respecta a los efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad, de una ley o acto con fuerza la ley, el articulo 136 dispone que la norma cesará de tener eficacia desde el día siguiente a la publicación de la sentencia, debiendo notificarse a las cámaras y a los consejos regionales interesados.

 

 

 

Modelo suizo.

 

Es la máxima instancia jurisdiccional a nivel federal. La constitución no señala el número de sus miembros remitiéndose a la ley. Se rige por la ley de organización judicial de 16 de diciembre de 1943 y el reglamento del tribunal federal de octubre de 1944. Aunque la citada ley establece que se compondrá de 26 a 30 magistrados, con 12 a 15 suplentes, hoy consta de 35 magistrados.

 

Son elegidos por la asamblea federal (las dos cámaras conjuntamente) con las mismas reglas que rigen para la elección de los consejeros federales o miembros del gobierno. Puede ser nombrado, según la constitución, cualquier ciudadano suizo elegible al consejo nacional. El presidente también es elegido pro la asamblea, éste para dos años, y no es inmediatamente reelegible.

 

Por lo que respecta a su competencia, ésta es cuádrupla ( en materia civil, penal, administrativa y constitucional), lo que es el motivo, según Gignoux, de que se la califique como la jurisdicción más compleja del mundo entero.

 

1) Conoce los litigios entre confederación y uno o varios cantones o entre particulares que atacan a la confederación si la suma supera 4,000 francos, o procesos entre partidos y cantones y otros procesos diversos por determinarse así en las leyes federales y cantonales.

 

2) En materia penal, es competente para cierto número de crímenes o delitos seleccionados: alta traición, violación del derecho de gentes, delitos políticos, fraudes monetarios, etc.

 

3) En lo administrativo, se le someten recursos contra las administraciones fiscales y todos los contenciosos de aduanas, ferrocarriles, correos, saltos de agua, etc.

 

4) Mayor atención requieren para nosotros las atribuciones del tribunal federal relativas al derecho constitucional. Son tres y tienen su base en el artículo 113.1 de la constitución. Tales son:

 

a) Conflictos de competencia entre las autoridades federales de una parte y las autoridades cantonales de otra; conflicto que puede ser actual o virtual y afectar a la legislación o a la aplicación de la ley (ya sea en el campo de la administración o en el jurisdiccional), aunque el más frecuente es el conflicto positivo actual.

 

b) Diferencias entre los cantones cuando estas diferencias lo sean de la esfera del derecho público, mención constitucional que, como puede verse, es generosa, ya que el tribunal no decide sólo los conflictos de competencia sino cualesquiera otras diferencias de derecho público como constatación del trazado de fronteras intercantonales, delimitación de competencia fiscal, etc. La jurisprudencia ha hecho referencia al derecho de gentes como aplicable con carácter subsidiario a las relaciones intercantonales.

 

c) Reclamaciones por violación de derechos constitucionales de los ciudadanos, así como reclamaciones de particulares por violación de concordatos o tratados. Se trata, en este caso, de un procedimiento subsidiario por el que el particular puede invocar el derecho que entiende se la ha violado por un acto cantonal ya sea de naturaleza legislativa, administrativa o judicial. Este tipo de litigios constituye la parte mayor y más importante de la jurisprudencia, llegando a verse unos mil casos anuales.

Modelos latinoamericanos.

 

Perú.

 

La Constitución de 1993, surgida del proceso constituyente promovido por el gobierno de tacto ante las presiones nacionales e internacionales generadas tras el autogolpe de estado reguló, en su titulo V, denominado "de las Garantías Constitucionales", lo referente a la jurisdicción constitucional e introdujo diversas novedades importantes. Cabe así señalar que:

 

a) Se ampliaron las garantías constitucionales sumándose al babeas corpus, amparo, acción popular y de inconstitucionalidad, las nuevas acciones de babeas data y de cumplimiento.

 

b) Se estableció la existencia de un Tribunal Constitucional, no obstante que las diversas propuestas iniciales del oficialismo sustentaban su desaparición y reemplazo por una sala constitucional de la corte suprema. El Tribunal Constitucional sigue siendo definido como "órgano de control constitucional"; está integrado por siete magistrados elegidos pro el congreso, con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros. Para ser designado magistrado se debe cumplir los requisitos aplicables a los vocales de la corte suprema, cuya edad mínima ahora es de 45 años, su mandato tiene una duración de cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata.

 

c) Las competencias del tribunal constitucional también fueron ampliadas, correspondiéndole:

 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad contra normas de rango legal: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencias, tratados, reglamentos del congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, cuando, en la forma o el fondo, vulneran la constitución.

 

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones judiciales denegatorias de las acciones de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, con ello el Tribunal Constitucional se convierte en instancia final de fallo en estos procesos y se suprime el inconveniente reenvío a la corte suprema anteriormente existente.

 

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

 

d) La legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad se extiende a otras instituciones, autoridades y personas. Así, ésta corresponde ahora al Presidente de la República, al Fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, al 25% del número legal de congresistas; a cinco mil ciudadanos, tratándose de normas con rango de ley, y al 1% de ciudadanos de la localidad, tratándose de impugnación de ordenanzas municipales, siempre que dicho porcentaje no exceda del número de firmas antes señalado. Los presidentes de las regiones y los alcaldes de municipios provinciales; y los colegios profesionales, en materias propias de su especialidad.

 

e) La sentencia del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley se publicará directamente en el diario oficial, produciendo ‑al día siguiente de su publicación‑ la derogación inmediata de la norma cuestionada, la declaración de inconstitucionalidad no tendrá efecto retroactivo.

 

f) La acción popular prosigue bajo competencia exclusiva del poder judicial, siendo procedente por infracción de la constitución o de la ley, contra los reglamentos, norma administrativas y resoluciones, y decretos de carácter general; cualquiera que sea la autoridad de que emanen.

g) El poder judicial, a través de cualquier juez y en todo tipo de proceso, debe preferir la norma constitucional e inaplicar al caso concreto la norma inferior que la vulnere (control difuso); similar criterio se sigue con respecto a la primacía de la ley frente a normas de inferior jerarquía.

 

La Constitución Política de 1993 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introdujeron algunas novedades y precisiones en las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Cabe así resaltar los aspectos siguientes:

 

a)     En los procesos de habeas corpus, amparo, babeas data y cumplimiento, no sólo se dispuso que el Tribunal Constitucional conozca en última y definitiva instancia, sino que la vía judicial se redado a dos instancias, quedando eliminada la intervención de la Corte Suprema, salvo cuando se trata de acciones de amparo contra resoluciones judiciales, que necesariamente se inician a nivel de corte superior y culminan en la sala constitucional y social de la corte suprema. Sólo si la segunda instancia del proceso judicial desestima la demanda se podrá recurrir, finalmente, mediante el recurso extraordinario. Obviamente con estas medidas no sólo se acorta la duración de los procesos sino que se reducen las posibilidades de roce entre la corte suprema y el tribunal.

b)     Aunque la constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional definen al tribunal como órgano de control de la constitución y no como el supremo intérprete de ésta, debe resaltarse que la propia ley orgánica contiene una norma (copiada del ordenamiento español) que apunta hacia esa última dirección.

 

Brasil

 

El control directo de constitucionalidad está concentrado en el supremo tribunal federal y en los tribunales de justicias de los estados‑miembros.

 

El control directo se ejercita exclusivamente por iniciativa del jefe del ministerio público de la entidad política interesada.

 

El control directo y abstracto.

 

a) Acción declaratoria de inconstitucionalidad.

 

El llamado control abstracto, que tiende esencialmente a la verificación de la compatibilidad entre una ley y la constitución. También ese tipo de control compete de manera exclusiva al supremo tribunal federal lo ejercita en cuanto a las leyes de la unión o de los estados, tachadas de incompatibilidad en lo que atañe a las leyes del mismo estado o de un municipio, tachadas de incompatibilidad con la constitución del estado.

 

En el plano federal, la vía para el control directo y abstracto venia siendo tradicionalmente contemplada en las modernas constituciones brasileñas bajo la forma de una acción declaratoria de inconstitucionalidad. El texto originario de la constitución vigente no se apartaba de semejante directiva: el art. 102, núm. I, a, otorgó competencia al supremo tribunal federal para fallar la acción directa de inconstitucionalidad de ley a la normativa federal o estatal. Lo que si cambió de modo notable fue la disciplina de la legitimación para intentar tal acción: mientras que las constituciones anteriores la reservaban únicamente al procurador general de la república, la actual contiene en el art. 103 una lista relativamente larga de legitimados: el presidente de la república, la mesa del senado federal, de la cámara de diputados, de la asamblea legislativa de un estado, el gobernador de un estado, el procurador general de la república, el consejo federal de la orden de los abogados de brasil, los partidos políticos representados en el congreso nacional, las confederaciones sindicales y entidades de clase de ámbito nacional.

 

b) Acción declaratoria de constitucionalidad.

 

La constitución vigente introduce una novedad: a partir de ella, es posible requerir la declaración de que una ley es constitucional.

 

La acción declaratoria de constitucionalidad vino a suministrar a los poderes públicos un medio eficaz para garantizar la pronta solución de problemas. De conformidad con el párrafo 2 del articulo 102, agregado a la constitución de la república por‑la sobredicha enmienda, si el supremo tribunal federal acoge la petición y declara que la ley es compatible con la constitución, su fallo elimina la controversia de una vez para siempre. Están legitimados para intentar la acción el presidente de la república, la mesa del senado federal y la de la Cámara de diputados y el procurador general de la república.

 

c) El fallo en las acciones declaratorias de inconstitucionalidad y de constitucionalidad.

 

La consecuencia normal de la declaración de inconstitucionalidad consiste en que ya no se podrá aplicar la ley impugnada en pleito alguno de ahí en adelante. En general se concibe tal eficacia como la eliminación de la norma declarada inconstitucional, es decir, su exclusión del ordenamiento jurídico.

 

Contra el fallo, en cualquiera de las dos acciones, no procede recurso alguno, con salvedad de los embargos de declaración, que se destinan solamente a permitir que se aclare un punto obscuro, se resuelva una contradicción o se supla una omisión. Tampoco es posible impugnarlo mediante una acción recisoria, que en el derecho brasileño constituye un remedio contra sentencias firmes cargadas de vicios de extrema gravedad.

 

México.

 

No se puede decir con claridad  que sistema es el que se asumió en México (americano o europeo), pues se trata de un sistema más bien mixto, ya que la facultad de control constitucional no se encuentra en un sólo órgano como en los sistemas europeos, sino que se encuentra difuminado dentro de las facultades de los tres poderes federales.

 

         Por un lado el artículo 17 constitucional[46] nos habla de un servicio integral de justicia, donde encontramos la facultad del poder judicial de conocer el juicio de amparo. Este juicio es parte integral del control constitucional, en la esfera de protección del gobernado, contra los excesos y defectos de la autoridad, excluyendo la materia electoral. Según el Magistrado Rodolfo Terrazas Salgado[47], “La principal razón por la cual la Suprema Corte se ha negado sistemáticamente a dirimir controversias en materia político-electoral es de carácter histórico; ya que bajo la vigencia de la Constitución Federal de 1857 se presentaron diversos juicios de amparo para impugnar la legitimidad de autoridades de los estados de la República por supuestas violaciones a la legislación electoral conforme a la cual habían resultado electas”; dadas estas circunstancias el legislador mexicano creo la figura del (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) como ahora lo conocemos en el artículo 99 constitucional, y al cual le confiere la facultad como órgano especializado de resolver en forma definitiva e inatacable, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, y el Juicio de Revisión Constitucional Electoral; el primero de ellos es  complemento del juicio de amparo, ya que protege las garantías político-electorales contenidas en el artículo 35 Constitucional[48], que no son facultad del amparo. El J.D.C. como su nombre lo dice, protege directamente al ciudadano e igual que el amparo su sentencia no tiene efecto erga omnes, sino sólo para quien lo promovió. Y el juicio de revisión constitucional de alguna manera es el complemento en materia electoral de la controversia constitucional; ya que sólo procede para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

 

         A Parte de los procedimientos ya comentados existe como parte   primordial del control constitucional mexicano, la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad; el primero de ellos como su nombre lo dice, estudia y resuelve las controversias que se suscitan, con excepción de la materia electoral, entre las esferas y los distintos niveles de gobierno; y la segunda de ellas, es la forma implementada para analizar la legislación vigente, sin excepción, ya que es la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la constitución; las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, así lo señala el  mismo texto Constitucional.

 

         Por otro lado  no podemos dejar de mencionar el Juicio Político, que siendo un procedimiento cuasijudicial es el único instrumento de control constitucional que posee el poder legislativo, él cual debe dejar a un lado su función natural que es la de legislar, vigilar y ratificar, para poder organizarse en jurado de sentencia para resolver sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos; como lo plantea  Manuel González Oropeza[49], este procedimiento sólo resuelve lo relativo a la responsabilidad política del funcionario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

 

 


Este trabajo como todos los de su género debe contener una conclusión, por lo tanto termino este análisis con las siguientes afirmaciones:

 

  1. El sistema de control constitucional mexicano es un híbrido pues no corresponde a la descripción exacta de ninguno de los dos sistemas. (difuso o concentrado)

 

  1. En México el control constitucional no corresponde a ningún órgano en especial, sino que se encuentra distribuido entre los 3 poderes.

 

  1. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer y resolver sobre las controversias que presentan entre Estados y federación, federación y distrito federal, Estados contra Estados, Estados y municipios, Municipios y la federación, el poder ejecutivo y el congreso de la unión, etc. Mejor conocida como Controversia Constitucional; y las contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución, llamadas Acciones de Inconstitucionalidad.

 

  1. A los tribunales federales les corresponde conocer y resolver del juicio de amparo, el cual se concentra en Garantizar el cabal cumplimiento por parte del estado de las Garantías y prerrogativas constitucionales del ciudadano.

 

  1. Al Congreso de la Unión le corresponde conocer el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, conocido como Juicio Político.

 

  1. En Materia electoral le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer y resolver de los sistemas de medios de impugnación en materia electoral (recurso de revisión, recurso de reconsideración, recurso de inconformidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional).

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me veo en la necesidad de proponer no un modelo para México sino más bien opciones viables a analizar para la reforma del estado de nuestro país.

        

         El modelo que ha pegado más fuerte en Latinoamérica, es sin duda el del Tribunal Constitucional, como se pudo ver en el análisis realizado en el capitulo VI de este trabajo, para México es una opción dada la cercanía y tradición romano hispánica de nuestro derecho, pero me gustaría analizar los puntos a favor y en contra:

 

A favor:

Si bien es cierto que México implemento en su modelo de Estado la repartición tripartita de poderes, donde son pesos y contrapesos para su mejor funcionamiento, el hecho que se estableciera un órgano superior o al menos no perteneciente a ninguno de los tres poderes, le daría más fuerza a esos contrapesos ya que este órgano nuevo se encargaría de los asuntos de política, como el procedimiento de responsabilidad de los funcionarios públicos o de los asuntos electorales, haciendo que cada uno de los poderes se dedicara a su función natural.

 

 En contra:

Obviamente que al hablar de establecer un órgano nuevo, nos vemos de frente con el problema del presupuesto, ya que estaríamos hablando de crear un aparato burocrático completamente nuevo, siendo este un golpe fuerte a la débil economía y resesión que nos aqueja últimamente no sólo a México sino al mundo entero; por el otro, esta la designación de  los integrantes de este “órgano”, que por obvias razones dadas sus facultades, convendría integrarlo con expertos o estudiosos de la materia, probablemente abogados, con experiencia judicial (como en el  modelo Español), y la pregunta al respecto sería, ¿no sería desbalancear la balanza pues, los integrantes idóneos serían los propios componentes del poder judicial?

 

Ahora si analizamos las últimas conferencias y libros que se han publicado por parte de la Suprema Corte y de cada uno de los ministros, sin olvidarnos de los reconocidos juristas en la materia como Fix-Zamudio, vemos que la tendencia más fuerte es a convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Constitucional (como en el modelo Alemán), como  lo hice con la opción anterior analizo los puntos a favor y en contra.

 

A favor:

Empiezo hablando del problema del presupuesto, la Suprema Corte ya es un órgano perfectamente establecido con todo su personal tanto jurídico como administrativo, así que sería una ventaja económica (en Europa también se dio esta disyuntiva y uno de los principales críticos fue  Cappellletti[50]  el cual cuestiono la implantación de los Tribunales Constitucionales ante la elección más simple, de atribuir la función de control de la constitucionalidad a un órgano jurisdiccional preexistente como las Cortes Superiores de Justicia).

 

En contra:

Yo le encuentro su desventaja a este modelo ya que se sometería la actuación de la Suprema Corte a los caprichos políticos, de los cuales  históricamente se ha tratado todas las formas posibles de librar, como se muestra en el capítulo V de esta tesis, donde Don José María Iglesias nos narra los problemas que se tuvieron con la participación del poder judicial por medio del amparo en el ámbito político-electoral.  Por otro lado regreso a lo de la balanza, no es darle demasiado peso a uno de los poderes, pudiendo tener el riesgo de que se convierta en un supremo poder conservador como sucedió con la Constitución de 1836?.

 

Dejo abierta la posibilidad de continuar con este análisis para alguien más o para mi misma en una siguiente tesis de grado; ya que requiere de un análisis multidisciplinario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     XLVIII.      Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia del Amparo en México. Tomo II de  Antecedentes Constitucionales y legislativos  1824-1861. México 1999.

 

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                        L.      Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México 1808-1991. Editorial Porrúa. México, 1991.

 

                     LI.      Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México. Editorial Porrúa. México 1957.

 

                  LII.      Tocqueville, Alexis. La Democracia en América. Editorial del Fondo de Cultura Económica. México 1996.

 

 

 

 



[1] Echegaray, José Ignacio. Compendio de historia general del derecho. Editorial porrúa, México 1996. Página.74

[2] Fauré, Christine. Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789. Comisión Nacional de Derechos Humanos y Fondo de Cultura Económica. México.1995. Página. 11.

[3] Macedo, Miguel S.: Apuntes para la historia del Derecho Penal Mexicano; México, 1931; pp. 209.

[4]   Burgoa, Ignacio. Las garantías individuales. Editorial Porrúa. México, 1968. Página 116.

[5]  Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México 1808-1991. Editorial Porrúa. México, 1991. Página 204

[6] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia del Amparo en México. Tomo II de  Antecedentes Constitucionales y legislativos  1824-1861. páginas 269 a 295. México 1999.

[7] Ob. Cit. Página 292.

[8] Fix Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón. El poder Judicial en el Ordenamiento Mexicano. Fondo de cultura económico. México, 1996. p. 103.

[9] Op. Cit. Nota 1. pp.109.

[10] Suprema corte de Justicia de la Nación. El Juicio de Amparo y el Poder Judicial de la Federación. México, 1999, pp. 39.

[11] Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México. Editorial Porrúa. México. pp . 423.

[12]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. Cit. pp. 104

[13] Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2000. pp.183.

[14] ibidem,  Nuevos Estudios Constitucionales. Pp. 183.

[15] Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional. Editorial porrúa. México, 1995. pp. 575 y 476.

[16] Ibidem. Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Pp. 209.

[17] Castro, V. Juventino.  El Artículo 105 Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1996. pp.99 y100.

[18] Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial Desalma. Tercera edición (póstuma). Buenos Aires, Argentina. 1997. pp. 9.

[19] Gallo Álvarez, Gabriel.  Tesis de Maestría: “EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL ELEMENTOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO”. Universidad de Guadalajara. México, Julio del 2000. página 42.

[20]  GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. México, Harla, 8ª edición, 1990, pp. 11-15.

[21]  Ovalle Favela, José. Teoría General del proceso. Ed. Harla, México, 1991, pp. 11-15.

[22] Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa. México, UNAM, 1970, p.13.

[23]  González Uribe, Héctor. Teoría Política. 11° edición, Ed. Porrúa, México, 1998, p.555.

[24]  Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho procesal civil. Ed. Porrúa, México, 1998, p.110.

[25] El arbitraje es una forma heterocompositiva, es decir, una solución al litigio, dada por un tercero imparcial (Carnelutti), un juez privado o varios, generalmente designado por las partes contendientes ( en ausencia de su consentimiento, el nombramiento será hecho por el juez público nacional), siguiendo un procedimiento que aunque regulado por la ley adjetiva tiene un ritual menos severo que el del procedimiento del proceso jurisdiccional.

            El arbitraje es un método mediante el cual se tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan surgir entre dos o más partes, mediante la actuación de una o varias personas (árbitro o árbitros) los cuales derivan sus poderes del acuerdo consensual de las partes involucradas en la controversia. Sequeiros, José Luis, El Arbitraje en los Negocios Internacionales de Naturaleza Privada, Escuela Libre de Derecho, Fondo para la Difusión  del Derecho, Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial, México, 1992, p.7.

[26] Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. Editorial Harla. México 1996. pp. 53 y 54.

[27] Castro, V. Juventino. Garantías y amparo. Editorial porrúa. México 1983.

[28] Para ilustrar la controversia tomo el caso incluido en la obra del Ministro Gudiño Pelayo en su libro controversia sobre controversia, publicado hace unos meses por editorial porrúa, México 2001.

Controversia 26/97 PROMOVIDA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA QUE SE ACUERDA LA PROCEDENCIA E INSTAURACIÓN DE JUICIO POLÍTICO A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN POR EL DICTADO DE UNA DE SUS SENTENCIAS.

·         Planteamiento del problema:

            El Poder Judicial del estado de Jalisco promovió controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso del estado de Jalisco bajo el argumento de que, al realizar los actos relacionados con la procedencia e instauración de juicio político en contra del juez segundo de lo penal de Puerto Vallarta, el congreso invadía la esfera jurisdiccional que sólo compete al Poder Judicial.

 

·         Antecedentes de Hecho.

El juez segundo de lo penal de Puerto Vallarta conoció de un asunto relacionado con la comisión del delito de fraude genérico y dictó sentencia definitiva mediante la cual absolvió al inculpado. Inconforme con la resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación del que conoció la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco.

            El procesado, en tanto que se resolvía la apelación interpuesta, solicitó al juez natural la devolución de la fianza que había proporcionado con motivo de los hechos, petición que le fue negada. En una segunda ocasión, pero todavía en trámite la apelación, el procesado volvió a solicitar al juez natural la devolución de la fianza y que se le eximiera de presentarse al juzgado a firmar la lista correspondiente, y el juez resolvió de conformidad.

            Tiempo después, el Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el juez segundo de lo penal adscrito en Puerto Vallarta, y declaró penalmente responsable al procesado por la comisión del delito de fraude genérico, condenándolo al pago por concepto de reparación del daño a favor del ofendido.

            Esto motivó que la  C. Olivia Villegas Escobedo solicitara al Congreso del estado de Jalisco la instauración de un proceso de juicio político en contra del juez segundo de lo penal en Puerto Vallarta, por la comisión de delitos en la administración de justicia.

            El congreso del estado, a través de la comisión de Responsabilidades, determinó que el juez de primera instancia era sujeto de juicio político  por que cometió graves irregularidades en la administración de justicia y declaró procedente la incoación de la solicitud de juicio político.

            El Poder Judicial del estado de Jalisco,  inconforme con lo anterior, presentó demanda de controversia constitucional, pues estimó que con dichos actos el congreso local infringía la independencia y autonomía del Poder Judicial del estado de Jalisco, por violentar el principio de separación de poderes que consagra la Constitución Federal al constituirse como revisor de los actos jurisdiccionales emitidos por las autoridades judiciales del estado.

·         Las consideraciones de la mayoría respecto a la procedencia de la controversia constitucional.

El 2 de marzo de 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este asunto declarando  la invalidez de la resolución del congreso del estado de Jalisco referente a la procedencia e instauración del juicio político, invalidez que se hizo extensiva para los actos consecuencia de dicha resolución.

            El hecho de que el asunto se refiera a actos derivados de juicio político tornaba dudosa la procedencia de esta controversia constitucional, toda vez que existe disposición constitucional de que, en el ámbito federal, las resoluciones en materia de estos juicios son “definitivas e inatacables”. Además, el congreso demandado adujo algunos motivos de improcedencia de esta acción, también relacionados con las características particulares del juicio político.

            Lo anterior provocó  que la suprema corte se pronunciara de nuevo en torno al alcance de su competencia en tratándose de controversias constitucionales, pues hubo que determinar, previo a cualquier otro análisis, si los actos relativos al juicios políticos estatales eran susceptibles de combatirse a través del ejercicio de la acción de controversia constitucional. En este aspecto, el pleno de la suprema corte afirmó:

            QUINTO.- la parte demandada, congreso del estado de Jalisco, por conducto de los diputados secretarios de la mesa directiva de dicho órgano colegiado, al dar contestación a la demanda planteada, hace valer las siguientes causas de improcedencia:

a)      Que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en virtud de que nos e imputa o pretende imputarse al supremo tribunal de justicia estatal ninguna responsabilidad en particular, a través del acto reclamado.

b)      Que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 19, fracción IV de la ley de la materia, que en relación con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 20 del mismo ordenamiento, se desprende que previamente a la controversia constitucional, debió agotarse el procedimiento del juicio político, y en estos términos resulta improcedente la controversia constitucional.

Por otro lado, en relación a la segunda causa de sobreseimiento aducida, es menester precisar que carece de razón la parte demandada al señalar que previamente a la controversia constitucional, debió agotarse el procedimiento de juicio político ye l juicio de garantías; ello es así, en razón de que el conflicto entre dos poderes de una entidad federativa, como el que se plantea ene. Caso a estudio, únicamente puede plantearse a través de la vía de controversia constitucional, en términos del artículo 105 de la constitución federal.

            Es  oportuno señalar que de la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 108 a 114 de la constitución federal y 90 a 98 de la constitución del estado de Jalisco, en relación con el diverso artículo 10 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, deriva que el inicio del procedimiento del juicio político, determinado en la presente controversia constitucional, pues si bien, por una parte, como ya se indicó, la multirreferida determinación puede afectar a los funcionarios en contra de los cuales se instauró, también es verdad que, por otra, el poder judicial de la mencionada entidad federativa como entidad u órgano, se encuentra facultado para intentar la vía de controversia constitucional, por estimar que los actos que se reclaman del poder legislativo de la propia entidad federativa, son violatorios de principios constitucionales, tales como el sistema de distribución de competencias y el de poderes, de tal manera que es evidente que la parte actora no pudo agotar alguna vía ordinaria previa para la solución del conflicto.

            La sentencia no abunda más en cuanto a la posibilidad de que los actos derivados de juicio políticos estatales sean impugnados en vía de controversia constitucional.

            El resto de l estudio de constitucionalidad que se hace en dicha sentencia versa sobre todo punto: la determinación de los alcances de las facultades que en materia de juicio político tiene la legislatura del estado, de modo particular en determinar si entre esas facultades se comprende la facultad de seguir un procedimiento de este tipo en contra de órganos del poder judicial del estado con motivo del dictado de resoluciones judiciales.

            Por último, la sentencia se pronunció por la procedencia de la acción y declaró la invalidez de la resolución del congreso del estado en la que se declaraba procedente el juicio político en referencia.

            De esta resolución no se derivó ninguna tesis de jurisprudencia.

[29] Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México.  Editorial Porrúa, México 1957. pp.570.

 

30. Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Febrero de 1999 Tesis: P./J. 3/99 Página: 289 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

RUBRO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ÚNICAMENTE SON APLICABLES LAS NORMAS PREVISTAS EN EL TÍTULO II DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, EN AQUELLO QUE NO ESTÉ PREVISTO EN EL TÍTULO III DE DICHO ORDENAMIENTO.

TEXTO

Si bien es cierto que el artículo 65 de dicha ley reglamentaria hace una remisión a las causales de improcedencia de las controversias constitucionales, previstas por el artículo 19, autorizando, con ciertas excepciones, su aplicación en las acciones de inconstitucionalidad, ello no debe entenderse en el sentido de que las causales de improcedencia previstas para las controversias constitucionales deban aplicarse a las acciones de inconstitucionalidad en términos textuales. Por lo que se refiere a las controversias constitucionales se debe atender a los plazos que fija el artículo 21, mientras que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad está previsto en el artículo 60; es decir, para que se actualizara la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, tratándose de una acción de inconstitucionalidad, resultaría necesario que la demanda no fuera promovida dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley impugnada; no

habiendo lugar a que se apliquen los supuestos que contempla el artículo 21, que exclusivamente se refiere a los plazos para la interposición de controversias constitucionales. En efecto, debe destacarse que en las acciones de inconstitucionalidad únicamente son aplicables las normas que se contienen en el título II de la ley reglamentaria, en todo aquello que no esté previsto en el título III de dicho ordenamiento jurídico, que regula el procedimiento relativo a las acciones de inconstitucionalidad, según se desprende del artículo 59, pues la ley reglamentaria, en su artículo 60, expresamente prevé los plazos en que se debe presentar la demanda en la vía de acción de inconstitucionalidad, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 19 de dicho ordenamiento.

PRECEDENTES

Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número 3/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 1/98 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 59.

 

 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: P./J. 25/99 Página: 255 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

RUBRO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

TEXTO

En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras.

PRECEDENTES

Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría parlamentaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. 25 de febrero de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de abril en curso, aprobó, con el número 25/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Febrero de 1999 Tesis: P./J. 2/99 Página: 287 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

RUBRO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA.

TEXTO

El hecho de que la norma general impugnada haya iniciado su vigencia o se haya llevado a cabo el primer acto de aplicación de la misma antes de su publicación, resulta irrelevante para efectos del cómputo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, ya que

 conforme a los artículos 105, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del precepto constitucional citado, el plazo para promoverla es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente.

PRECEDENTES

Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número 2/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 1/98 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 59.

 

 

 

 

 

[31] Iglesias, José María. La Justicia Electoral. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas por Javier Moctezuma Barragán, México 1995.

[32] Galván Rivera, Flavio. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Editorial McGraw Hill. México 1997. pp. 365.

[33] Op. Cit. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Pp.391.

[34] Op. Cit. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Pp.392 y393.

[35] El razonamiento del juez Marshall que inauguró el control judicial de constitucionalidad:

“hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la legislatura puede alterar la constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al congreso le plazca, si es cierta  la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces  las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza… Si una ley contraria a la constitución es nula, obliga a los tribunales a aplicarla  no obstante su invalidez? ¿o bien en otras palabras, no siendo ley constituye una norma operativa como lo sería una ley válida?...

sin lugar a dudas, la competencia y la obligación del poder judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos particulares deben por necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto con la constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo que la corte debe decidir conforme a la ley desechando la constitución, o conforme al a constitución desechando la ley, la corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren.

Quienes niegan el principio de que la corte debe considerar la constitución y mirar sólo la ley. Esta doctrina subvertirá los fundamentos mismos de toda constitución escrita. Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula de acuerdo a los principios y teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente obligatoria”. Nino S. Carlos. Fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad. Centro de estudios constitucionales. Madrid 1991.

[36] Tocqueville, Alexis. La Democracia en América. Editorial del Fondo de Cultura Económica. México 1996. pp.93.

[37] Lassalle, Ferdinand. ¿Qué es una constitución?. Ediciones Coyoacán (política). México 2001.

Reseña entre sus conclusiones, las siguientes palabras: “Demostré a ustedes que era necesario distinguir entre las Constituciones reales y las Constituciones meramente escritas u hojas de papel, haciéndoles ver que la verdadera Constitución de  un país reside únicamente en los factores reales y efectivos de poder de la sociedad organizada, cuando no son más que lo que yo llamaba “una hoja de papel”, se hallan y tienen necesariamente que hallarse irremisiblemente a merced de la supremacía de esos factores de poder organizados, condenadas sin remedio a ser arrolladas por ellos”.

[38] Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Traducción E. García Maínes, Universidad Nacional Autónoma de México. México 1979, pp. 317 y 318.

 39  Carrió r, Genaro. Una defensa condicionada de la judicial review.

[40] Lozano Miralles, Jorge. El Tribunal Constitucional. Tirant monografías editores. Valencia 2000. pp. 29.

[41] Barendt, Erick. An Introduction to Constitutional Law. Editorial: Oxford university press 1998. pp. 27.

[42]Fernández Segado, Francisco. Defensa de la Constitución en España.  Memoria del coloquio internacional en celebración del sesquicenteniario del Acta de Reformas constitucionales de 1847, origen federal del juicio de amparo mexicano.  Suprema Corte de justicia de la Nación y Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. pp. 60 y 61.

 

 Como lo advierte en un voto particular a la STC 4/1981, el magistrado Rubio Llorente:

“el tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, pero no el único, y nuestros jueces y Tribunales están obligados a interpretarla, no sólo para declarar derogadas las normas anteriores que se le opongan, o inconstitucionales las posteriores de rango infralegal que la infrinjan, sino también para solicitar un pronunciamiento del Tribunal constitucional respecto de las leyes posteriores cuya constitucionalidad les parezca cuestionable o para resolver negativamente, optando por la aplicación de la ley impugnada, las alegaciones de inconstitucionalidad que puedan hacer las partes. En uno y otro caso, el juez ordinario actúa como juez de la constitucionalidad, con entera libertad de criterio y sin verse forzado, como en otros sistemas, a plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión suscitada por las partes en cuanto que no la considere manifiestamente infundada.”

[43] Op. Cit. Defensa de la Constitución Española. Pp.71 y72.

[44] González-Trvijano Sánchez, Pedro José. El Tribunal Constitucional. Aranzadi editorial, Madrid 2000. pp. 70.

[45]  Según  Juan Ferrando Badía, en su obra Regimenes Políticos Actuales, La legislación federal emana de un poder legislativo bicamaral, como es obligado en un Estado Federal: la Dieta Federal y el Consejo Federal. Pero de estas dos cámaras sólo la primera es una Asamblea representativa, el Consejo Federal es, en cambio, un órgano estrictamente federal. El Consejo Federal es la intervención directa de los Estados miembros en la legislación federal, componiéndose, por tanto, no de representantes de los Estados, sino de delegados de los ejecutivos estatales.

[46] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

            Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

[47] Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

[48] Prerrogativas del ciudadano:

1.       votar en las elecciones populares;

2.       poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

3.       asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

4.       tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y

5.       ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

[49] Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Extracto de su conferencia contenida en el texto de nombre Derecho Procesal Constitucional.

[50] Extracto tomado del libro La Actualidad de la defensa de la Constitución, de la página 46.